Miles de muertos no reclamados, mientras gobernadores y alcaldes morenistas desatendieron la crisis del Servicio Médico Forense y los reclamos de familias de desaparecidos. Menosprecian la urgencia de construir cementerios forenses en BC
No se trata de las 6 mil 046 muertes violentas que dejó del bienio de Jaime Bonilla, ni de las 2 mil 609 que suma la administración de Marina del Pilar Ávila Olmeda, o las 11 mil 824 víctimas que se han acumulado en casi cuatro años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El foco es para las víctimas mortales anónimas e ignoradas, cuyos cuerpos no son reclamados en el Servicio Médico Forense (Semefo) y generan problemas de capacidad.
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Al miércoles 19 de octubre de 2022, los Semefo bajacalifornianos presentaban las siguientes condiciones: Tijuana, con capacidad para 370 cuerpos, albergaba 650; Mexicali, con cupo para 110, sumaba 90 cadáveres; y Ensenada tenía 67 muertos en un espacio preparado para 50.
Algunos son restos humanos u osamentas incompletas, las cuales ante la crisis y “necesidad del servicio”, se almacenan hasta en cinco bandejas en el lugar destinado a un solo cuerpo.
Son 807 víctimas mortales, quienes de acuerdo a los criterios del Semefo, se mantienen en la categoría Desconocidos o No Reclamados, en referencia a los muertos que ingresan con nombre, cuyos restos no son solicitados por sus familias, sea por falta de dinero para inhumarlos porque son migrantes, porque no tienen a nadie cercano en la región o por desapego.
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Pero hay más números relacionados con este fenómeno que deberían encender las luces de alerta de los gobiernos morenistas. En casi 10 meses del año, mil 250 cuerpos ya han sido enviados a fosa común: 123 en Ensenada, 248 en Mexicali y 879 en Tijuana.
Sumados, los enterrados y los todavía albergados en el forense, los cuerpos No Reclamados, resultan ser más de 2 mil. Esta cifra representa prácticamente el 99.9% de las víctimas totales de homicidios dolosos -2 mil 193- ingresadas en el año en curso.
Lo anterior significa que los médicos forenses también enviaron a fosa común restos del año pasado, y un porcentaje de las 503 víctimas registradas de homicidio culposo que serían suicidas, atropellados y “otras” muertes no intencionales en vía pública.
De acuerdo a declaraciones públicas del doctor César Raúl González Vaca, director del Semefo, anualmente Tijuana envía mil cuerpos a fosa común, Mexicali 300 y Ensenada 150.
Personas sin nombre que en su última morada, se amontonan por decenas una sobre otra, dificultando y encareciendo el rescate de cuerpos -de 3 mil a 60 mil pesos-, en una entidad federativa con más de 14 mil 500 personas que salieron de sus casas y no regresaron en los últimos 16 años, de acuerdo a información de la Fiscalía General del Estado a la organización Elementa DDHH. Es impunidad, demasiada gente inhumada en el anonimato sin que la FGEZ cumpla mínimamente con la obligación de identificarlos.
A pesar de la enorme deuda que tiene el gobierno con las familias de los miles de desaparecidos sin datos registrados de violencia, y el compromiso incumplido con los padres de las 140 víctimas de desapariciones forzadas, o los esposos e hijos de las más de 9 mil personas que permanecen como “no localizadas” en los últimos tres años en Baja California, la fiscalía estatal sólo ha podido contratar -en abril pasado- a un arqueólogo forense cuya capacidad profesional y humana le permiten procesar un promedio de 7 hallazgos por mes, en una entidad con cientos de expedientes rezagados; mientras, con los trámites iniciados en 2020, siguen esperando de la Federación la prometida llegada del software del programa Combined DNA Index System (CoDIS), base de datos con muestras forenses de escenas del crimen y personas desaparecidas.
En medio de estas carencias, dos gobernadores y dos alcaldes morenistas, en Mexicali y Tijuana, decidieron continuar posponiendo otro proyecto importante: la construcción de los cementerios forenses, de los que llevan tres años hablando.
Dijeron que hay dinero, el de Mexicali se empezaría a construir este octubre, pero se pospuso para 2023, porque repentinamente descubrieron que el terreno seleccionado era inestable. En el de Tijuana, el cambio de administración hace un año detuvo las pláticas, y a la fecha ni siquiera se han puesto de acuerdo en la ubicación y donación del terreno.
El problema está encima y es de todos. Entonces, desde sus gobiernos, Marina Ávila, las alcaldesas Lupita Mora (Mexicali) y Montserrat Caballero (Tijuana) están obligadas a facilitar el proceso, a poner atención, dedicar tiempo, esfuerzo y voluntad para mejorar el desafortunado trabajo hecho -en este caso- por Isaac Fragozo López, presidente del Poder Judicial del Estado, como cabeza del proyecto.
