Pese a las irregularidades señaladas y cometidas durante la administración de Jaime Bonilla Valdez, primer gobernador morenista de Baja California, ni la Fiscalía General del Estado (FGE) ni los órganos internos de control, han podido demostrar una sola irregularidad en la que puedan verse involucrados.
El único caso en que el actual gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda había señalado directamente a funcionarios y a su propio antecesor, fue en el contrato firmado con la empresa regiomontana propiedad de José Maíz -también propietario del equipo de beisbol, Sultanes de Monterrey-.
El 24 de octubre, durante una prolongada audiencia de formulación de imputación y vinculación a proceso, se culminó un exhaustivo juicio de cuatro días que se distribuyó durante toda la semana anterior, donde tanto FGE como la defensa de ocho implicados en el caso Next Energy, presentaron una serie de testimonios y pruebas documentales para enfrentar las acusaciones de uso ilícito de atribuciones y facultades, además de peculado.
Amador Rodríguez Lozano, ex secretario general de Gobierno; Salomón Faz Apodaca, ex titular de la Secretaría para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua (Seproa); Karen Postlethwaite, ex titular de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial (SIDURT); Rodolfo Castro y Adalberto González Higuera, ambos ex secretarios de Hacienda; Octavio Hilton e Israel Clemente González, ex oficiales mayores; y Tulio Pani Vano, representante del consorcio Next Energy (inocentes en tanto no se determine su responsabilidad mediante una sentencia de un juez, según el Artículo 13 del CNPP), se presentaron ante el juez Bernardino Ahumada para iniciar la primera etapa de un prolongado litigio que se avecina.
Para el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Octavio Sandoval López, el caso es una “vacilada”, puesto que al momento de romper el contrato, las verdaderas sanciones en contra de los ex funcionarios quedarían sin efecto, por lo que consideró el caso una cortina de humo.
Tan es así, que luego de la audiencia de vinculación a proceso, el senador Jaime Bonilla Valdez y Amador Rodríguez Lozano, actual asesor del Gobierno de Claudia Sheinbaum en Ciudad de México, permanecen en impunidad; uno de ellos por su fuero, el otro porque ninguna firma lo vinculó al caso.
Hasta el momento, el Senado de la República no ha recibido una sola petición para iniciar un proceso de desafuero del ex mandatario bajacaliforniano, quien recientemente se ha visto más cerca del Partido del Trabajo que de Morena.
LA VINCULACIÓN
La Sala 6 del Centro de Justicia Penal de Río Nuevo en Mexicali, albergó una serie de exhaustivas audiencias que conformaron la formulación de imputación y vinculación a proceso de ocho implicados en el caso Next Energy para la construcción de una planta fotovoltaica con un valor de casi 40 mil millones de pesos, a pagarse hasta 2050.
Los ex funcionarios de la administración de Bonilla Valdez acudieron con un numeroso equipo de abogados -algunos de ellos provenientes de un despacho de CDMX- que prácticamente abarrotó la mitad de la sala.
A diferencia de la primera audiencia que se pospuso, en agosto de 2022, el Senador ya no acudió para conocer los detalles de la investigación; sus ex funcionarios ahora deben dar la cara por el caso.
El extenso expediente construido por el Ministerio Público a cargo de Javier García Arriaga, Yessica Meza y Rosaura Reyes, fiscal regional de Tecate, constaba de varias pruebas, la mayoría documentales del proceso de licitación y el contrato, además de sus convenios modificatorios.
El proceso inició desde la publicación del Decreto 88 y su extensión en el 178, disponibles en el Periódico Oficial del Estado (POE), donde se autorizaba y se daban ciertas especificaciones para la creación de un Comité Interinstitucional para llevar a cabo el proceso de licitación del suministro y desarrollo de una planta fotovoltaica que dotaría de 80 megawatts para el acueducto del Río Colorado, que abastece de agua a la Zona Costa de Baja California.
Este comité definió el marco regulatorio, la selección de la empresa y los respectivos contratos para llevar a cabo el proyecto.
Los nombres de Salomón Faz, Rodolfo Castro Valdez, Adalberto González Higuera, Karen Postlethwaite, Marco Octavio Hilton e Israel Clemente González, entre otros implicados, aparecen indistintamente en prácticamente todo el proceso para elegir a Next Energy. Faz Apodaca, firmó los contratos, los convenios y los certificados de inversión.
Precisamente, la absolución de Amador Rodríguez Lozano se dio porque su firma sólo apareció en los dos decretos publicados en el POE en 2020, los cuales -aseguró en entrevista- estaba obligado a hacer, al tratarse de un ordenamiento del Poder Legislativo.
Al menos en el expediente presentado en la audiencia, ninguno de los documentos está firmado por Rodríguez Lozano ni Bonilla Valdez, lo que prácticamente los vuelve ajenos al proyecto de generación de energía.
Otra de las pruebas fue una serie de correos electrónicos entre Jaime Bonilla, su intermediario Diego Partida y Rocío Nahle, secretaria de Energía del Gobierno de México, donde la funcionaria le expresa su preocupación por el proyecto, debido a que -a su juicio- no corresponde a sus facultades celebrar contratos relacionados con materia energética, lo cual es exclusivamente de la Federación. Esto, para demostrar que Bonilla sabía que era ilegal.
La FGE señaló además que el documento no contaba con estudio de viabilidad financiera, que la Auditoría Superior del Estado consideró que no se cumplió con las especificaciones del decreto en el contrato de compraventa de energía como la firma de un contrato extra, como lo fue el de suministro de energía eléctrica con la empresa E3, filial de Next Energy; y que los certificados de inversión validados por el entonces titular de la Seproa, Salomón Faz Apodaca, no contaban con un sustento para justificarlos, puesto que se entregaron cuatro por un total de 11 mil 886 millones 385 mil 357.70 pesos, sin facturas. Es decir, sólo se entregaron presupuestos y recibos que no informaban detalles de la inversión específica.
Los certificados de inversión son documentos en los que la empresa comprueba lo que se ha pagado y el avance de la obra, que según la FGE, presumía un 19%, pero al acudir a la zona no había una sola construcción en el lugar.
Este compromiso no fue cubierto por el Estado, debido a que se rescindió el contrato, comentó la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda; de no hacerlo, se verían obligados a cubrir éste y más.
Dentro del documento también se comprometieron recursos obtenidos del Impuesto sobre la Renta en un 67.75%, que a su vez, representa un 37% de los recursos totales del Estado, además de un 19% en participaciones federales, los recurso de libre disposición del Estado y los ingresos de las comisiones de Agua de Tecate, Tijuana y Ensenada.
LA DEFENSA
Dos testimonios fueron clave dentro de la organización de la defensa para armar su hipótesis. El primero, el ex representante del Partido Acción Nacional ante el entonces Instituto Federal Electoral (hoy INE), José Guillermo Bustamante Ruisánchez, quien ocupó varios cargos dentro de la Comisión Reguladora de Energía, entre otras áreas del sector público ligadas al tema.
Su testimonio tuvo como objetivo legitimar el contrato que se firmó con la empresa regiomontana, al asegurar que Next Energy dotaría exclusivamente del suministro de energía y que la construcción de la planta sería de inversión privada.
En su aseveración, la empresa E3 cuenta con los permisos para suministrar energía eléctrica y el Poder Ejecutivo es considerado un usuario calificado, es decir, puede signar contratos para la compra de electricidad.
Esto, dijo, ha ocurrido con otras empresas que han dotado de energía al Estado. Mientras tanto, la FGE estableció que el proyecto tenía como objetivo construir toda la planta, algo que negó el perito en regulación de energía.
Rodolfo Castro Valdez también testificó y señaló que todo lo que se hizo se basa en el decreto del Congreso de Baja California, autorizado en junio y octubre, el cual aprobó al Poder Ejecutivo celebrar este contrato para el desarrollo de la planta. Dado a que era secretario de Hacienda, estaba obligado a cumplir con lo que le indicaba el gobernador, siempre y cuando estuviera apegado a Derecho.
FIRMARON CONTRATO QUE NO ESTABA EN EL DECRETO: JUEZ
Luego de escuchar un prolongado alegato de acusaciones y contraargumentación, el juez Bernardino Ahumada, analizó cada uno de los puntos vertidos durante la audiencia de cuatro días para llegar a la conclusión de absolver a Amador Rodríguez Lozano de todos los delitos, de desestimar por completo la acusación de abuso de autoridad en contra de todos los implicados y vincularlos a proceso por los delitos arriba mencionados.
Aseguró que Rodríguez Lozano, quien no presentó pruebas y despidió -en plena audiencia- a Humberto Valdez, uno de sus abogados, no figuraba en ninguna parte del proceso, por lo que decretó no vincularlo a proceso.
El resto de los implicados fue vinculado de la siguiente manera:
Uso indebido de atribuciones y facultades. Rodolfo Castro Valdez, Adalberto González Higuera, Karen Postlethwaite, Salomón Faz Apodaca, Marco Octavio Hilton y Tulio Pani Vano.
Peculado. Rodolfo Castro Valdez, Adalberto González Higuera, Karen Postlethwaite, Salomón Faz Apodaca, Marco Octavio Hilton e Israel Clemente González.
El argumento del juzgador fue que los decretos del Legislativo le permitían signar un contrato para el desarrollo de la planta, pero en ninguna parte autorizó el suministro como tal con E3, el cual recibió el contrato mediante adjudicación directa.
Aunque pertenecen al mismo consorcio, se trata de dos contratos distintos, por lo que -según su razonamiento- tenía que someterse a otro procedimiento que finalmente se incumplió.
Del mismo modo, tomó valor a los certificados de inversión y la elaboración del fideicomiso que -a la fecha- resguarda el monto de 123 millones de pesos más 4 millones más de intereses con Banca Afirme.
En ese contexto, consideró que -aunque existe un juicio de lesividad en el caso- existe la posibilidad de un quebranto al erario, por lo que decidió vincularlos a proceso.
Al salir de la audiencia, Salomón Faz Apodaca conversó con ZETA y aseveró que la vinculación a proceso se dio por un “problema de semántica”, debido a que todos los contratos de energía funcionan de la misma manera, mediante un generador y un suministrador, ya que resulta ilógico dividirlos, puesto que se generará una gran inversión y debe haber certeza para la empresa que invertirá en el proyecto para su construcción.
Por su parte, Herman López Frank, abogado de Rodolfo Castro Valdez, indicó que existe una cuestión política inmersa en el tema, lo que culminó en la vinculación a proceso. Ambos revelaron que impugnarán la decisión del juez.
