El presidente Andrés Manuel López Obrador sugirió, el 13 de octubre del 2022, que los recursos olvidados en las instituciones financieras, puedan ser utilizados en programas sociales y no en seguridad pública.
El 11 de octubre del 2022, el Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó una reforma al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, para que los recursos abandonados en instituciones bancarias se destinen a seguridad pública.
La reforma especifica que los recursos, así como los intereses y rendimientos acumulados, generados por todos los depósitos e inversiones en la cuenta global -con excepción de aquellos previamente destinados a la beneficencia pública-, prescribirán en favor de la seguridad pública, por lo que se deberán destinar para las políticas y acciones de combate a la delincuencia, en los porcentajes que para tal efecto se establezcan.
La iniciativa -impulsada por el grupo parlamentario de Morena- menciona, también, que los depósitos e inversiones y sus intereses, sin movimiento en el transcurso de tres años contados a partir de que estos últimos se depositen en la cuenta global, cuyo importe no exceda por cuenta al equivalente a 540 Unidades de Medida y Actualización (UMA) en la Ciudad de México, prescribirán en favor del patrimonio de la beneficencia pública.
Con ello, las instituciones bancarias estarán obligadas a entregar los recursos correspondientes, tanto a la beneficencia pública como a la institución responsable de la seguridad pública, dentro de un plazo máximo de quince días contados a partir del 31 de diciembre del año en que se cumpla el supuesto previsto. Dicha iniciativa fue enviada al Senado de la República para su análisis y eventual aprobación.
Durante su conferencia de prensa matutina, el titular del Poder Ejecutivo Federal criticó se le adjudique él la confección de la iniciativa, pero sí planteó que el dinero vaya a personas con discapacidad, a adultos mayores, y que sea para la salud.
“Ayer un lío, un escándalo de que ahora ya queríamos confiscar las cuentas bancarias, que si nadie reclama una cuenta después de seis años, venga para acá. Para empezar, es una iniciativa de legisladores que tiene que ver con la delincuencia”, indicó el mandatario nacional.
“Se aprobó casi por unanimidad, de todas maneras, como nos echan la culpa de todo, si se pelean particulares, que es culpa de nosotros, de todas maneras yo pido, con todo respeto al Poder Legislativo que informen y que se profundice más sobre el tema, como todavía tiene que ir al Senado, hay tiempo”, agregó el político tabasqueño.
“Porque parece que lo confiscado en el caso de delitos, un porcentaje es para la Federación y otro porcentaje para los estados y para seguridad pública y yo diría no, que sea para personas con discapacidad, que sea para adultos mayores, que sea para la salud y también mucho ojo, porque cuando empezó la campaña esta, además de que todo es culpa de nosotros, hubo uno que puso: no tiene llenaderas el presidente”, señaló López Obrador, entre risas.
“De todas maneras que se revise, va a pasar al Senado, que se analice bien y que se supervise que la gente esté informada para que no nos acusen de que queremos confiscar bienes […] Lo ideal sería que fuera para programas sociales y de manera directa, que no pase por intermediarios, para que le llegue a los que lo necesitan realmente”, propuso el presidente de la República.
“Además de que el propósito es, siempre, siempre afectarnos, no dudo, también abierto, porque ya llevo algún tiempo en esto, que haya intereses de los bancos, porque hay mucho dinero que va a quedando en los bancos y, cuando menos, lo hacen sudar ese dinero, que ya no reclama nadie”, indicó.
“Entonces, que se vean las cosas bien para que se actúe de la mejor manera posible, yo les puedo decir al pueblo de México que nosotros tenemos finanzas públicas sanas, no es para presumir, pero tenemos en caja hoy medio billón de pesos, no es que estemos desesperados, no”, abundó.
Por su parte, Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja, titular de la Subsecretaría de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, explicó que con la modificación a la Ley de Instituciones de Crédito se busca que las cuentas que después de un tiempo de no ser reclamadas, sean utilizadas para un “fin público”.
El funcionario federal enfatizó que una parte de los recursos iría para temas de infraestructura, equipamiento policial para las instituciones federales, estatales y municipales, pero retomó la propuesta del presidente de la República y dijo que bien podrían usarse para temas de carácter social.
“Es una reforma a la Ley de Instituciones de Crédito, se modifica el artículo 61 que tiene que ver precisamente con estas cuentas que después de un tiempo no son reclamadas y los bancos las asumen como suyas, teóricamente para ocuparse en temas de beneficencia pública”, señaló el subsecretario.
“Pero el espíritu de la ley, como se explicó, es que todos estos bienes financieros, es decir, dinero, que es recuperado de cuentas de la delincuencia del crimen organizado, de temas de extorsión, que desde luego ya una vez que sean aseguradas, pues no son reclamadas por estos grupos delictivos, el objetivo es poder utilizar esos recursos para un fin público”, indicó Mejía Berdeja.
“Una parte, según la iniciativa, es para beneficencia pública y otro tema, según la iniciativa que aprobó la Cámara [de Diputados del Congreso de la Unión], es precisamente para poderse ocupar en temas de infraestructura, equipamiento policial para las instituciones federales, estatales y municipales”, agregó el funcionario federal.
“Evidentemente esto está sujeto a una serie de controles, reglas de carácter financiero, pero sí se advierte que hay una bolsa muy importante que no se utiliza para un fin socialmente útil, sino que finalmente son utilizados efectivamente por las instituciones bancarias”, dijo el subsecretario.
“Y como aquí lo señala el presidente, bien podrían utilizarse para temas de carácter social, pero no significa apropiarse de ninguna cuenta, son bienes que ya no son reclamados y después de un tiempo suficiente ya pueden pasar a ser utilizadas de esa manera […] No hay ahorita un monto específico, pero hay un dato preliminar de que solamente el tema de extorsión ahí, alrededor de 14 mil millones de pesos”, detalló Mejía Berdeja.
