Se rehúsan a crear una partida presupuestal para entregar el haber de retiro de un juez en Ensenada
El Tribunal Colegiado envió un expediente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para destituir a todos los miembros del Consejo de la Judicatura en Baja California por incumplir con una sentencia de amparo de hace dos años.
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El juez retirado, Mario Fernando Ruiz Sández promovió un amparo apegado a una controversia constitucional donde la SCJN ordenó al Congreso del Estado legislar para la creación de un haber de retiro para magistrados.
Dos años después y tras una serie de omisiones, la resolución va dirigida al presidente del Tribunal Superior de Justicia, Alejandro Isaac Fragozo López, el 17 de agosto se dictó la sentencia bajo el número de incidente de inejecución de la sentencia 7/2022.
El ex juez de Primera Instancia de Ensenada, con 75 años de edad, fue jubilado en 2018 y no ha recibido su haber en el retiro con el argumento de que no hay recursos económicos.
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El abogado de Ensenada, José Bustamante, informó que a los 70 años de edad le correspondió al juez un haber en el retiro, sin embargo, el dinero no se le entregó y en respuesta se amparó.
Pasaron los meses y ganó el amparo, donde el Tribunal Colegiado le dijo al Congreso del Estado que legislara, sin embargo, ha pasado periodos de Presupuesto de Egresos, pero nunca se pidió la partida presupuestal para entregar el dinero.
La Jueza de Distrito decidió enviar el caso al Colegiado hasta que resolvió que no ha cumplido con la Constitución. Calculan que la SCJN podría emitir una solución en un periodo de dos a tres meses.
El Artículo 107 indica que si la autoridad incumple injustificadamente la sentencia que concedió el amparo, la SCJN procederá a separar de su cargo al titular de la autoridad responsable y que será consignado ante el Juez de Distrito.
El amparo establece que se impondrá pena de cinco a diez años de prisión y los mismos de imposibilidad para desempeñar otro cargo, empleo o comisión, a la autoridad que incumpla con la sentencia de amparo.
De acuerdo con el expediente, el Tribunal Colegiado respondió los amparos asegurando que el Congreso del Estado no les había entregado el dinero. Por su parte, los diputados argumentaron que en ningún momento les hicieron la del recurso.
Además, los integrantes tuvieron tiempo suficiente para elaborar un reglamento y buscar la manera de pagar al juez, quien se encuentra en Ensenada. No dudaron que se trate de un tema político, pues hay registros de magistrados que deben aportar una comisión y se han estado jubilando con el 100% de su sueldo vitalicio, a diferencia de los jueces.
Existe un fideicomiso creado desde 2011 para ese propósito, que hasta 2018 tenía un fondo de 64,143,996.92 pesos, pero no lo han ejercido por no tener un reglamento, aunque la sentencia del amparo justificaba ejercer el recurso y cumplir.
“Sin embargo, el Congreso del Estado injustificadamente ha paralizado su función legislativa, pues limitó su labor legislativa a los actos antes mencionados, no emitiendo la Ley o decreto necesario para culminar esa labor, omisión que contraviene los artículos 116 y 127 de la Constitución Federal”, dicta la sentencia.
El sueldo bruto mensual de los jueces de control es de 61 mil 847 pesos, mientras que el de los magistrados es de 106 mil 849 pesos, según la Plataforma Nacional de Transparencia. De este total se les descuenta un porcentaje y el sistema aporta otra cantidad para el retiro.
HABER EN RETIRO DE JUEVES “ESTÁ EN VEREMOS”
La diputada Montserrat Rodríguez cuestionó en comparecencia a Isaac Fragozo sobre el tema de la seguridad social para magistrados y jueces, incluyendo el haber de retiro y lo que la planta laboral puede esperar en el futuro.
En respuesta, el magistrado respondió que “el tema de los jueces está en veremos, estamos trabajando en ello”.
Los magistrados y jueces tienen un fondo en el que aportan del 10 al 15% de su sueldo y, una vez se retiren, se les dará el correspondiente a cierto número de años.
En cuanto al resto de los empleados, hay varias aristas, la primera en cuanto a los trabajadores de segundo nivel -secretarios y actuarios-, que son alrededor de 400 y sólo 130 de ellos aportan al sistema de retiro.
“Les va a convenir un esquema similar al de nosotros -jueces y magistrados-, aunque aún estamos trabajando en el asunto de los jueces”, refirió.
El problema es que la aportación es muy alta, por ejemplo, un sueldo de 38 mil pesos tendría que recibir un descuento en nómina de 8 mil pesos mensuales.
Otros, como secretarios o actuarios, han pedido la devolución del dinero que han aportado, pero con la nueva Ley del ISSSTECALI no les conviene porque no tienen garantizado el trabajo.
Este año hicieron el censo, pero no tuvieron buenos resultados con los funcionarios, en tanto el Poder Judicial sí podría asumir el cargo presupuestal por aportaciones.
LAS CARENCIAS DEL PODER JUDICIAL
“Nunca vamos a venir a aquí a pedir una cantidad para mejorar nuestras condiciones o para algún gasto de alguno de nosotros, llámese jueces, magistrados o consejeros, sino simple o sencillamente para dar un mejor servicio y una mejor justicia, que es lo que necesitamos”, advirtió el presidente del Tribunal, Isaac Fragozo, en comparecencia ante legisladores el 24 agosto, donde habló de las carencias económicas del Poder Judicial, el cual se compone en Baja California de mil 950 empleados -700 de base, con 130 jueces y magistrados-; el resto son administrativos, secretarios y actuarios.
En diciembre de 2020 acudieron a la Secretaría de Hacienda para solicitar 2 mil 200 millones debido a la Reforma Laboral y el timbrado, así como proyectos estratégicos como los centros de Justicia en Ensenada, La Encantada y Tecate. Desafortunadamente, sólo obtuvieron mil millones más un proyecto estratégico de 29 millones, lo que significa el 1.7% del presupuesto del Gobierno del Estado.
Lo anterior significa que por cada peso que gasta el Estado, destina un centavo a la justicia. La totalidad del Presupuesto 2021 se fue en nómina, la cual se calcula en mil 003 millones de pesos.
La situación afectó el gasto corriente, ya que iniciaron el año sin dinero para el pago de servicios básicos como energía eléctrica, gasolina y papelería.
De acuerdo con Fragozo, fue necesario solicitar una serie de ampliaciones presupuestales al Congreso del Estado. Ante la emergencia sanitaria por COVID-19, requirieron un recurso extraordinario de 29 millones de pesos, de los cuales 23 se destinaron a la compra de 900 computadoras. Los otros 6 millones de pesos fueron para la puesta en marcha de dos centros de convivencia familiar.
Durante la misma comparecencia, Fragozo pidió el apoyo a los legisladores para ampliar el presupuesto destinado a la contratación de jueces, a fin de mejorar la eficiencia en materia de justicia.
“La insuficiencia de los jueces de Control y de tribunales familiares o civiles, hace que las audiencias estén más lejanas”, sostuvo el titular del Tribunal.
