En mayo de 2008 entró en vigor en México la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que establece como propósito promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, así como promover el respeto de su dignidad inherente, y cuyo artículo sexto versa en particular sobre las mujeres con discapacidad.
Según un informe del Banco Mundial, más de 1,000 millones de personas vivimos la discapacidad en el mundo; aproximadamente el 15 % de la población mundial. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 del Inegi, en México habemos 6,179,890 personas con discapacidad, que representa 4.9 % de la población total del país. De ellas 53% somos mujeres y 47% son hombres.
Aunque las mujeres y los hombres con discapacidad solemos ser sujetos de discriminación, las mujeres tenemos mayores desventajas debido a una doble discriminación -discriminación cruzada- o interseccionalidad, por género y por discapacidad; que incluso puede ser múltiple, si sumamos la discriminación por pobreza o condición de salud o por pertenecer a algún otro grupo de atención prioritaria, como ser migrantes o de pueblos originarios, llevando a las mujeres con discapacidad a ser mucho más propensas a ser víctimas de violencia.
Lamentablemente aún prevalece una forma de relación social androcentrista que se sustenta en la idea errónea de una superioridad masculina, el control del cuerpo de las mujeres y su cosificación, favoreciendo que los hombres con discapacidad cuenten con mujeres que les cuiden, asistan, apoyen y cumplan su “rol” de cuidadoras, mientras lo mismo rara vez se presenta a la inversa. Y no es que las mujeres con discapacidad queramos ser “objetos de cuidado”; en lo absoluto, mujeres y hombres con discapacidad deseamos independencia, autonomía, inclusión y pleno respeto a nuestros derechos, pero es importante cuestionar los arraigados y perjudiciales estereotipos de género que producen mayor discriminación.
Diversos factores ocasionan experiencias de vida radicalmente diferentes y a menudo conllevan a que las mujeres con discapacidad vivamos situaciones de profunda y radical discriminación; lo que puede generar condiciones económicas y sociales inferiores, un mayor riesgo de violencia, acceso limitado a la educación, la salud sexual y reproductiva, la justicia, al trabajo y empleo, a practicar deportes y desarrollarnos en el arte, así como a la participación cívica y política; además de limitaciones para vivir en la comunidad, formar una familia y tener una vida afectiva plena.
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Para visibilizar las necesidades de las mujeres con discapacidad y las formas particulares de discriminación, hace apenas un par de años el Pleno del Senado de la República aprobó un proyecto de decreto presentado por las Comisiones Unidas de Seguridad Social, y de Estudios Legislativos, por el que se establece el 12 de septiembre de cada año, como el “Día Nacional de las Mujeres con Discapacidad”, otorgándose mayor oportunidad y visibilidad de expresar las demandas y propuestas, dando voz y espacio de participación para la construcción y mejoramiento de nuestro entorno social.
Melba Adriana Olvera fue presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Baja California.
Correo: melbaadriana@hotmail.com
