De acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, los derechos humanos son inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. Igualmente, son entendidos como el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo de la persona y que hacen posible las condiciones materiales para protección jurídica de la dignidad.
La educación como derecho humano se encuentra protegida en los instrumentos internacionales más importantes, tanto en el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, como en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Estos instrumentos le dan un objetivo a la educación, consistente en el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; para favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promover el desarrollo para el mantenimiento de la paz.
De acuerdo con las estadísticas en materia de educación del Inegi:
A nivel nacional 33.6 millones de personas entre los 3 y 29 años estuvieron inscritas en el ciclo escolar 2019-2020 (62.0% del total). De ellas, 740 mil (2.2%) no concluyeron el ciclo escolar: 58.9% por alguna razón asociada a la COVID-19 y 8.9% por falta de dinero o recursos.
En 2020, en Baja California el grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más de edad es de 10.2, lo que equivale a poco más del primer año de bachillerato. Asimismo, 2 de cada 100 personas de 15 años y más, no saben leer ni escribir; y el 93% de las niñas y niños de 6 a 14 años de edad asisten a la escuela.
En el ámbito nacional, la educación se encuentra protegida en el artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, desde la reforma constitucional del 10 de junio de 2011, se estableció en el artículo 3° que: “La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia”.
Posteriormente, en la reforma del 15 de mayo de 2019, en este mismo artículo, se asentó que: “La educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a todos los derechos, las libertades, la cultura de paz y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia; promoverá la honestidad, los valores y la mejora continua del proceso de enseñanza aprendizaje”.
Por ello, hablar del regreso a clases es hablar de derechos humanos; el regreso a clases debe guiarse para garantizar el derecho a una educación de calidad a todos y todas las estudiantes buscando la educación inclusiva, especialmente para las personas que se encuentran en los grupos de atención prioritaria; por tanto, como políticas públicas con enfoque de derechos humanos, se busca colocar a las personas en el centro de la acción política para garantizar el disfrute universal de los derechos humanos, para no dejar a nadie atrás y no dejar a nadie afuera.
Melba Adriana Olvera fue presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Baja California.
Correo: melbaadriana@hotmail.com
