El diputado de Morena Juan Manuel Molina García afirmó que los integrantes del Congreso de Baja California no pueden hacer uso en efectivo de las partidas que reciben para solventar la operatividad de la XXIV Legislatura en materia de personal de módulos, secretarios técnicos, comisiones legislativas y gestión social, rubros por los que cada uno de los diputados recibe 612 mil 523.3 pesos mensuales.
“No podemos disponer de ello, no podemos tomarlos en efectivo, no nos dan un cheque por esa cantidad, no es así ese tema”, manifestó a propósito de la nota publicada por ZETA el 9 de septiembre, referente a los montos adicionales al salario de los diputados y la cual incluye declaraciones del presidente de la Confederación Patronal de la República en Mexicali, Octavio Sandoval López, relativas a que en la Unidad de Transparencia del Poder Legislativo de BC se ha seguido “una estrategia de opacidad y ocultamiento de la información”.
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Molina García recalcó que de la única cantidad de la que pueden hacer uso los diputados locales es la que reciben como sueldo. “En todo caso disponemos de 63 mil pesos, que es de la dieta que recibimos después de que nos quitan los impuestos, porque nosotros sí pagamos impuestos y esa es la cantidad que se nos paga a cada diputado por el trabajo mensual”, indicó.
Mencionó que una parte del presupuesto adicional que reciben los legisladores se va a pago de personal de los módulos de atención ciudadana, tratándose en este caso de 71 mil 949.74 pesos. “Es una partida topada, en donde cada diputado puede contratar sin exceder esa partida a un número determinado de personas que no tengan un salario demasiado bajo que no permita la aportación de cuotas al Issstecali”, refirió.
También aludió al monto contemplado para la contratación de asesores. “Es otra partida, son sueldos, hay gente, existen, están en la nómina, vienen aquí conmigo y la Comisión de Gobernación ha dado resultados y mis iniciativas ahí están en el portal de transparencia y si alguien las quiere yo se las entrego con todo gusto, todas las iniciativas que he presentado en esta legislatura incluyendo la ley de amnistía por mencionar alguna de ellas”, dijo. El monto estipulado para contratar secretarios técnicos es de 40 mil 573.56 pesos.
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Hizo hincapié en que los 25 legisladores locales deben formular una solicitud para efectos de efectuar un pago en ambos rubros: “Nosotros no disponemos directamente de ese dinero, no nos dan un cheque por esa cantidad”.
Molina García, reiteró: “Sueldos de personal de módulos de atención y los sueldos de los asesores, ellos reciben su cheque, son personas, están registradas, tienen todo un cumplimiento de requisitos, están en la nómina tienen su credencial. Ese dinero ni lo tocamos porque es de ellos”.
De los gastos de comisión, concepto por el que se etiquetan 200 mil pesos, las erogaciones abarcan “reuniones de trabajo, gasolinas y una serie de cosas”, como “atención, asesoría jurídica”, afirmó Molina García.
Sostuvo que para afrontar gastos de esa naturaleza, se puede solicitar “que se pague con cheque por parte de la administración (del Congreso del Estado) o se puede pagar y entonces con la factura y el acreditamiento de la realización del evento, fotografías, etcétera, se introduce a un procedimiento a la administración y la administración puede generar un reembolso”.
Manifestó que por concepto de Gasto Social (para el que se etiquetan 300 mil pesos mensuales), él ha llegado a utilizar el recurso para apoyar a estudiantes menores de edad. “Yo te puedo hablar por ejemplo de un programa que yo tuve, en donde entregamos cerca de 2 mil 500 tabletas durante la pandemia a niños que no habrían tenido la oportunidad de concluir su ciclo escolar sin la tableta”.
Según detalló, “todo esto tiene su procedimiento de presupuesto, su pago a proveedor, su factura y lo más importante, el acreditamiento de la entrega material de las tabletas a los niños por conducto de los papás”.
En referencia a las declaraciones de Sandoval López, quien también expuso que “el Congreso ha sido un órgano opaco en el tema de rendición de cuentas en el ejercicio de gasto social”, Molina García, profirió que el líder empresarial ya “había tratado de señalar eso” en el curso de un debate celebrado en Mexicali; “y terminó pidiéndome disculpas”, recapituló el legislador local.
“Eso me interesa mucho que quede claro y, segundo, yo sigo esperando que Octavio Sandoval nos diga por qué se aumentó el sueldo cuando fue consejero de Transparencia y por qué se autoliquidó cuando la ley lo prohíbe y por eso le reprobaron las cuentas públicas”, aseveró a propósito de la gestión del líder empresarial al frente del Instituto de Transparencia y Acceso a Información Pública en BC (de 2017 a 2019).
“Octavio Sandoval no tiene calidad moral para venir a hablar de actos de corrupción de otros, cuando para mí él lo que hizo fue una violación directa a la Constitución del Estado, se autoliquidó y sigo esperando cuentas, se lo referí en ese debate y no me dijo nada, no me contestó, le dije, me quedo esperando la información y nunca supo explicar y entró con cuestiones contables, aquí no son cuestiones contables, aquí son cuestiones de legalidad y constitucionalidad”, expresó.
Estableció que el caso de la cuenta pública debió de haberse turnado al órgano interno de control del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
“Pero ahí tenemos una situación que ahorita parece ser que, pues no hay órgano interno de control, de eso se agarra”, agregó.
Finalmente manifestó que el ITAIP “es uno de esos organismos autónomos”, que (al igual que la Fiscalía Anticorrupción) aún carece de órgano interno de control. Sin embargo, una vez que cuente con esa unidad, ésta “tendrá que conocer de esta responsabilidad de Octavio Sandoval”, remató Molina García.
