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martes, octubre 4, 2022
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Detectan pagos por obras no hechas en contratos de Junta de Urbanización del Estado en 2020

En la limpieza de los Ríos Tijuana y Alamar hubo una “variación sustancial” al programa contratado, modificándose el plazo de ejecución de los trabajos de 45 a 151 días naturales; un incremento del 235.56% sobre el plazo originalmente contratado

 

La Auditoría Superior del Estado (ASE) identificó tres contratos en los que la Junta de Urbanización del Estado de Baja California hizo pagos en exceso por 56 mil 672 pesos por trabajos no realizados en 2020, “derivado de omisiones en las estimaciones de obra”.

Por monto, el contrato en que se pagó más en exceso fue el C-LSE-CONV-ROS-JUE-20-47, de 7 millones 577 mil 198 pesos (con IVA), para la pavimentación con concreto hidráulico del bulevar Mariano Verdugo, en la colonia Lomas de Coronado, en Playas de Rosarito. En el cual la Junta de Urbanización del Estado (JUE) pagó en exceso 29 mil 33 pesos.

Le sigue el contrato C-LPE-PRON-MXL-JUE-20-43, por 8 millones 369 mil 627 pesos, correspondiente a la primera etapa de la pavimentación de calles en la colonia Venustiano Carranza, en Mexicali, en el que la JUE pagó en exceso 18 mil 744 pesos.

Derivado del contrato C-LPE-PRON-MXL-JUE-20-04, de 8 millones 646 mil 263 pesos, para la rehabilitación de carretera estatal No. 1, tramo Ejido Leona Vicario a Estación Coahuila, en el Valle de Mexicali, B.C., la JUE pagó por obras no hechas 8 mil 895 pesos.

Según la revisión de la Cuenta Pública 2020 hecha por la ASE también hubo una “deficiente planeación” en los alcances de la obra en el contrato C-LPE-PRON-MXL-JUE-20-38, suscrito el 3 de diciembre de 2020, por 7 millones 064 mil 874 pesos (con IVA) para la rehabilitación de carretera No. 6, Lázaro Cárdenas, en ciudad Morelos, en el Valle de Mexicali.

La mala planeación también se identificó en la calendarización de los recursos ya que en el transcurso de la misma éstos se redujeron en 13.26%, y el plazo de ejecución contratado de 70 días naturales fue diferido 27 días “por la entrega tardía del anticipo y 128 días de suspensión temporal de la obra, por lo que la misma fue concluida en un plazo de 225 días naturales”.

La ASE también observó que en el contrato C-LSE-CONV-TIJ-JUE-20-12, del 23 de noviembre de 2020, por 7 millones 897 mil 302 (con IVA) para la limpieza de los Ríos Tijuana y Alamar, así como la reforestación de la canalización Río Tijuana primera Etapa, hubo una “variación sustancial” al programa contratado, ya que se celebró un convenio adicional el 12 de enero de 2021 con el que se modificó el plazo de ejecución de los trabajos de 45 a 151 días naturales, representando un incremento del 235.56% sobre el plazo originalmente contratado.

Esto incumplió lo establecido en las Fracciones I, II, V, VI, VIII y XIV del Artículo 17 de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios del Estado de Baja California.

En tres de los 10 contratos revisados por la ASE, la JUE tampoco proporcionó las comprobaciones de pagos de las estimaciones, no obstante que las mismas están terminadas, finiquitadas y entregadas desde junio y julio de 2021.

En la obra de rehabilitación de la carretera No. 6, Lázaro Cárdenas, no se presentaron las estimaciones Nos. 3 y 4 del finiquito, por importes de un millón 643 mil 065 pesos.

En la pavimentación con concreto hidráulico del bulevar Mariano Verdugo, no se presentó la estimación 3 finiquito por 179 mil 804 pesos. Y en la limpieza de los Ríos Tijuana y Alamar, la JUE no presentó las estimaciones 1 y 2 finiquito, por importes de 561 mil 563 pesos, y de cumplimiento, por 431 mil 786 pesos.

Otra irregularidad detectada por la ASE es que en el contrato C-LPE-CONV-TIJ-JUE-20-25, del 27 de noviembre del 2020, celebrado por 8 millones 565 mil 249 (con IVA) para la pavimentación integral en varias calles de la colonia Maclovio Rojas, frente dieciocho; la JUE no proporcionó evidencia de la aprobación de los recursos disponibles para la ejecución de la obra.

Lo anterior, debido a que el convenio de coordinación entre la JUE y la CESPT, Sidurt, y Seproa -signado el 15 de agosto de 2020- las modificaciones presupuestales proporcionadas no establecen en lo específico el monto autorizado para el citado contrato que fue adjudicado por 14 millones 327 mil 628 pesos (con IVA), y que posteriormente mediante un convenio adicional fue reducido a 5 millones 762 mil 379 pesos.

Aunque el dictamen 151 de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público del Congreso de Baja California indica que las observaciones de la ASE fueron “debidamente solventadas” por la JUE no se aprobó su Cuenta Pública 2020.

Autor(a)

Julieta Aragón
Licenciada en Comunicación Social por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Xochimilco. Cursé la maestría de Periodismo Político en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García y sigo en proceso de tesis. Soy reportera de ZETA desde 2017.
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