Estructura criminal del “Parra” fue cedida a hijos del “Chapo”. Atentado a mandos fue ordenado por “El Comandante Aurelio”, lugarteniente de Sinaloa en el Golfo de Santa Clara
“En estos momentos nos encontramos en alerta roja”, confiaron dos policías de San Felipe que resguardaban la escena donde la tarde-noche del martes 20 de septiembre fueron emboscados los tres altos mandos de la Policía Municipal del séptimo municipio, atentado que dejó dos personas muertas: Erick Aguilera Barajas, subdirector operativo; y Norberto Ornelas Nava, comandante de la comunidad portuaria.
El ataque armado perpetrado contra ambos jefes policíacos y el director de la Policía Municipal sanfelipense, Luis Ramón Valdez Salas, quien apenas en mayo asumió el cargo, cimbró a la pequeña comunidad portuaria conformada aproximadamente por 24 mil habitantes, quienes son protegidos por 55 elementos con 19 patrullas de la Policía Municipal de Mexicali, además de personal de Secretaría de Marina y Guardia Nacional.
Desde el primer momento, la hipótesis del atentado se dirigió hacia un grupo delictivo, el único que podía orquestar un ataque de esta naturaleza contra un alto mando de la seguridad en San Felipe: “La Chapiza”
La estructura criminal dirigida desde Sinaloa por los hermanos Iván Archivaldo y Alfredo Guzmán Salazar, además de Ovidio Guzmán López, fue la primera señalada por fuentes de Inteligencia y por la evidencia tangible en la escena del crimen. No había duda, el principal sospechoso tenía que ser de “Los Chapitos”, estructura criminal que desde hace años se apoderó del puerto y lo utiliza como una de las principales vías de acceso para el fentanilo que trafican por esta frontera.
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Gracias a las indagatorias que pudieron establecer, de manera preliminar se pudo identificar como un presunto autor intelectual del crimen a Jesús Aurelio Ibarra Santiago, conocido como “El Comandante Aurelio”, hijo de Samuel Ibarra Peralta “El Pía”, añejo líder criminal que sostenía operaciones en el Valle de Mexicali, pero tras ser exiliado por los sicarios de Jesús Alexander Sánchez Félix alias “El Ruso”, buscó refugio -junto con su hijo- en San Luis y posteriormente en el Golfo de Santa Clara, donde sostiene su principal centro de operación de la región.
A raíz de eso se relacionó con un ala de Los Salazar y posteriormente con sus aliados Los Chapitos. Entonces, de ser un hombre exiliado se volvió lugarteniente de la región y encargado de controlar los puertos del Alto Golfo y pelear la plaza con “Los Rusos” en San Luis Río Colorado y Valle de Mexicali.
Según José Luis Dagnino, presidente del Concejo Fundacional de San Felipe, se han registrado ocho asesinatos en lo que va del año, cifra ligeramente superior a la documentada en 2021; la mayoría de ellos, refiere, por cuestiones de carácter personal.
EL ATENTADO
No tenían advertencia o aviso previo. La guardia de los mandos policíacos se encontraba baja cuando los grupos de la delincuencia organizada perpetraron el ataque armado más elaborado que se ha documentado en el puerto de San Felipe en los últimos años.
Según la narrativa obtenida de testigos y fuentes de las diversas corporaciones de seguridad que atendieron la emergencia, los hechos se suscitaron alrededor de las 18:30 horas del martes 20 de septiembre, en el cruce de las calles Paseo de las Misiones y Paseo Santo Tomás, en el fraccionamiento conocido como Playas, zona de descanso para residentes de Estados Unidos en retiro.
Son pocos los mexicanos que viven en este fraccionamiento con vista al mar. Sin embargo, varios de los domicilios permanecen disponibles para renta.
Precisamente en uno de esos residían los cinco agentes policíacos que conformaban el equipo de Ramón Valdez Salas, de los cuales dos de ellos eran Norberto Ornelas Nava, comandante de la Policía; y Erick Aguilera, subdirector operativo; el resto eran escoltas.
Esa tarde, las dos unidades en que viajaba el equipo salieron del domicilio ubicado a menos de 50 metros de donde se dio el atentado en el cruce de las calles arriba mencionadas.
Ornelas y Aguilera viajaban en un pick-up tipo patrulla, pero Luis Ramón Valdez, regresó al domicilio debido a que olvidó su arma de cargo. Pidió a su equipo que se adelantara a la reunión que tenían pendiente y regresó con sus escoltas para tomar su rifle.
Cuando la unidad de Ornelas y Aguilera llegó a la intersección de dichas vialidades, dos vehículos les cerraron el paso, una camioneta Chevrolet Tahoe color café y un vehículo tipo pick-up color blanco, tipo policial; ambas tenían las placas cubiertas con un protector negro.
Ocho individuos habrían participado en el ataque en el que descargaron sus armas, sin darle la posibilidad de reaccionar a las víctimas, de los cuales sólo Ornelas Nava tenía un constante entrenamiento policial, puesto que Aguilera llevaba gran parte de su carrera en Sistema Estatal de Justicia Alternativa (SEJAP), recibiendo y canalizando denuncias.
En el momento que retumbaron los estampidos, Valdez y sus escoltas salieron del domicilio y repelieron la agresión en contra de los matones que vestían equipo táctico con botas y chaleco antibalas, destacando parches con el número “701”, “FECH” o “JGL”, entre otros; también llevaban estampados de la Guardia Nacional.
Ambas señales son un distintivo de las fuerzas criminales alineadas al Cártel de Sinaloa, concretamente a la de los hijos del “Chapo” Guzmán, quienes destacan el “701” por el número que le otorgó la revista Forbes como uno de los hombres más ricos del mundo; mientras que el otro son las iniciales de Joaquín Guzmán Loera, adoptadas a raíz de unnarcocorrido del grupo La Adictiva, llamado “JGL”.
La sorpresiva respuesta de Ramón y sus escoltas desde la distancia motivó la fuga de los asesinos, quienes abandonaron los vehículos en el lugar y buscaron escapar de infantería. A su paso fueron dejando armas, chalecos y otros distintivos.
Pese a que las oficinas de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) se encuentran a escasos 2.2 kilómetros (o tres minutos de trayecto, según la herramienta Google Maps), no hubo unidades cerca que llegaron al apoyo.
El primer respondiente fue un equipo de la Secretaría de Marina que circulaba por la zona cuando sus integrantes escucharon la balacera y observaron la fuga de varios individuos que se iban deshaciendo de armas y equipo táctico. Entonces, marinos aprehendieron a José Manuel Ortiz Monge, de 39 años de edad, originario de Hermosillo, Sonora, el cual no cuenta con residencia oficial en San Felipe, por lo que se presume que tanto él como el resto del sicariato, arribó con la única intención de asesinar a los mandos.
A partir de ese momento se extendió el operativo por todo el puerto. Policías investigadores y de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) se trasladaron desde Mexicali para reforzar la seguridad; en total unos 60 elementos.
Agentes federales tomaron el control junto con estatales y empezaron a reventar domicilios por toda la comunidad portuaria, generando incluso protestas de residentes del puerto.
Personal de la Dirección de Bomberos acudió al lugar para brindar atención médica a los heridos, pero ante la posibilidad de que los delincuentes se encontraran escondidos en la zona, les fue imposible hacerlo, por lo que se limitaron a esperar en el perímetro y prestar algunas de sus unidades para cerrar el paso de tramos carreteros.
Horas después se reportó el robo de un vehículo de carga en el Sur de San Felipe, que se presume, podría estar relacionado con el ataque.
Policías de las diversas corporaciones dieron a conocer de manera extraoficial que durante esa jornada se detuvo a un aproximado de ocho personas, aunque hasta el cierre de edición, jueves 22 de septiembre, se analizaba si varias de ellas realmente participaron en el hecho delictivo.
En los reventones fue identificado un domicilio -del cual la fiscalía estatal no proporcionó mayores detalles-, donde encontraron diez armas y cientos de cartuchos de diversos calibres, todos de asalto. También se incautó un arma calibre .50 y se observaron envoltorios y cajas de armas de fuego recién adquiridas.
“EL PARRA” SE ASOCIÓ CON “LA CHAPIZA”
En septiembre de 2018 fue detenido Óscar Parra Aispuro, presunto líder del entonces conocido como Cártel del Mar, encargado del sicariato, de la pesca furtiva y distribución de totoaba en el puerto de San Felipe.
Aunque se le vinculaba con esta actividad criminal, su captura se debió a su presunta responsabilidad en el asesinato de un integrante del Ejército Mexicano de nombre Emmanuel Esaú Saldaña, quien se le acercó para soliciarle apoyo mecánico, debido a que se había averiado su vehículo, pero tras un conflicto de palabras -presuntamente- “El Parra” descargó un fusil de asalto en su contra.
Parra Aispuro permanece recluido en el complejo penitenciario “El Hongo”, luchando por su libertad. Dos años después, fueron detenidos varios integrantes de su agrupación criminal y socios, como Juan Luis García Ruiz “La Yegua”; su hermano, Gastón Eduardo Parra Aispuro; Segundo Valenzuela; y Enrique García Sández “El Kiki”, ex inspector de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Durante ese operativo también se detuvo a Sunshine Rodríguez Peña, bajo las mismas acusaciones.
En ese momento el Cártel del Mar fue “descabezado”, pero su estructura siguió vigente gracias al acercamiento que sostuvieron algunos operadores del Golfo de Santa Clara que fueron apadrinados por “La Chapiza”.
Integrantes de las Mesas de Seguridad para la Construcción de la Paz mantienen las sospechas de que el encargado de dirigir las operaciones mafiosas en esta comunidad portuaria es Jesús Aurelio Ibarra Santiago “El Comandante Aurelio”, hijo de Samuel Ibarra Peralta “El Pía”, antiguo operador del Cártel de Sinaloa en Valle de Mexicali, el cual fue exiliado por la célula de “El Ruso”.
“El Comandante Aurelio” -quien tiene residencia en el fraccionamiento Puerta de Alcalá, en Mexicali- se encuentra a las órdenes de Adán Quintero “El Cholo” y/o “El 74”, línea directa de los hermanos Guzmán Salazar en el Golfo de Santa Clara. Con la expansión de “La Chapiza”, toda la zona del Alto Golfo se ubicó como una de las más importantes para el trasiego de drogas.
El 20 de julio de 2022 se suscitó un multihomicidio y se halló un cuerpo desmembrado en la zona cercana al Golfo de Santa Clara. El último mencionado tenía una cartulina azul con una amenaza a miembros del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional:
“GOLFO DE SANTA CLARA Y SAN FELIPE TIENEN DUEÑO AQUI MANDAMOS NOSOTROS SIGAN CHINGANDO A SU MADRE CON OPERATIVOS PINCHES GUACHITOS CAGADOS IGUAL USTEDES GUARDIA NACIONAL Y ASI IGUALITOS QUE A ESTO LES VA A PASAR QUE BAMOS A TIRAR EN PEDACITOS SÍ SIGEN VIVIENDO A CHINGAR AQUI AL GOLFO ATT. LOS COMANDANTES AURELIO Y MI CARNAL CHOLO QUINTERO Y COMANDANTE PIA LA CHAPIZZA PUTOSSS”.
Parra Aispuro cedió su estructura criminal -que tenía un vacío de poder- a cambio de beneficios durante su estancia en el penal y una posible salida posterior; “Los Chapitos” se apoderan del puerto y comenzaron a alinear a todo aquel que quisiera trabajar independiente; o bien, a integrantes de células contrarias como “Los Rusos”, de quienes se tiene conocimiento que existen operadores en el puerto.
Fuentes que forman parte de las Mesas para la Construcción de la Paz, confiaron a ZETA que la mayoría de los criminales que perpetraron directamente el atentado contra los policías, son originarios de Sonora.
Sin embargo, quienes -presuntamente- planearon y apoyaron en la logística fueron operadores locales, como Juan Pablo Dariel Meza Zavala “El Cara de Pollo”, actualmente en prisión, pero con influencias con algunos integrantes de la célula de “El Parra”; José Luis Coto Flores “El JL”, quien recientemente salió de prisión y presuntamente participó en el hecho delictivo; y un joven conocido sólo como Marlon Pérez, pariente político de Óscar Parra Aispuro.
De hecho, la hipótesis sostiene que elementos policíacos se reunieron con dos de los tres operadores para apoyarlos a planear el ataque.
José Luis Dagnino, presidente del Concejo Fundacional de San Felipe, prometió que el caso no quedaría impune, pero decidió no hacer referencia alguna sobre las agrupaciones delictivas que operan en el puerto, pese a que, según fuentes investigadoras, se han incrementado las cifras de personas desaparecidas en la comunidad portuaria. Sin embargo, familiares no presentan denuncias debido a que son amedrentados por criminales armados que se dicen operadores de “La Chapiza”.
