37 mil 139 vehículos saturan siete corralones. Venderían entre 250-300 carros por corralón: síndico procurador. Avalúos en vías de efectuarse, y se investiga presunto desvío de recursos en Arrastres
El “total aproximado” de vehículos confinados en corralones de Tijuana es de 37 mil 139. De esas unidades, 3 mil 342 habrán de ir a remate este año, en razón de la saturación en los terrenos a donde se remolcan los automóviles que retiene el Ayuntamiento.
Se trata de vehículos que exceden el tiempo límite de resguardo y en cuyo caso “ya está más que identificado que (sus propietarios) no van a acudir a su devolución”, refirió el síndico procurador, Rafael Leyva Pérez.
En entrevista con ZETA, el funcionario municipal señaló que esas unidades “nomás quitan espacio” y “ponen en una situación desajustada a las concesionarias” encargadas del arrastre y almacenamiento de carros, motocicletas y otros medios de transporte.
Explicó que, si el gobierno municipal no recurre al esquema de remates, tales empresas pueden llegar a incumplir con el espacio o las medidas establecidos en el contrato sobre el depósito de vehículos.
En Tijuana hay siete corralones, cuya operatividad está a cargo de seis concesionarias:
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- Las bases Centro y Playas de Allan Iván Olmos Arellano albergan 7 mil 306 y 2 mil 942 unidades vehiculares aproximadamente
- Arrastres de Tijuana (La Mesa), 3 mil 818
- Debbie Parra Morales (Cajeme), 5 mil 908
- Grúas y Arrastres de Tijuana (GAT), 6 mil 770
- Grúas Hermanos Castro, 4 mil 633
- Grúas Martínez, 5 mil 762 unidades.
Del total de esos automotores, 9% presenta características los hace susceptibles de ser rematados, dio cuenta un reporte solicitado a la dependencia.
“Todos tienen una saturación, definitivamente, unas más que otras, por supuesto, porque todos tienen sus delimitaciones y unos tienen desde luego según donde se almacenen más vehículos, más capacidad que otros, o en el sentido de que tengan más trabajo -por decirlo así- y en algunos corralones sacan más carros que en otros; eso sucede en toda la ciudad y en los siete corralones”, manifestó el síndico procurador.
Aun cuando los terrenos de los que disponen las concesionarias albergan “vehículos que, según el reglamento, después de los 90 días ya pueden ser sujetos de remate”, la antigüedad promedio de unidades en corralones concierne a modelos que fueron remolcados “a fines de 2021 y principios de 2022”, sin que hayan sido recuperados por sus propietarios.
Leyva Pérez explicó que, por motivo de la saturación, las concesionarias incluso se ven impedidas de contar con andadores o canales de acceso a los vehículos, además de que la cercanía que hay entre éstos ocasiona que algunos sean objeto de portazos o rayones, averías que terminan traduciéndose en quejas emitidas por los propietarios.
“Cuando se da esta situación, se tiene que hacer remate”, asentó.
Habló de carros “que probablemente su valor sea de alrededor de los 10 mil o 20 mil pesos y que ya es un costo inaccesible para cualquier persona ir a sacar un vehículo de ese valor”, cuando (conforme estimaciones de personal de Sindicatura) “se tienen registros de vehículos cuyos cargos por concepto de arrastre llega a un monto cercano a 100 mil pesos”.
El 18 de julio, la Sindicatura Procuradora atrajo el área de Arrastres y Almacenamiento de Vehículos, cuya operatividad había estado a cargo de la Secretaría de Gobierno.
Una vez formalizada la adscripción a la Sindicatura, “nosotros, yo personalmente me entrevisté con los concesionarios y mandé a hacer las inspecciones físicas, de las concesiones, de ahí donde se almacenan los vehículos”, expuso Leyva Pérez.
“Entonces notamos y estamos haciendo el inventario, porque sí existe una cantidad de carros que rebasan los límites”, agregó.
A partir de “un conteo rápido” quedó establecido que “en una primera etapa” se rematarán entre 250 y 300 unidades por corralón.
También expuso que se encuentra en marcha el proceso de entrega-recepción del área de Arrastres y Almacenamiento (la cual en su momento operó como departamento y pasó a constituirse como subdirección, en cuyo caso funge como titular Javier Maciel Martínez).
“Iniciamos los trabajos de entrega-recepción y nuestros 45 días hábiles que tenemos para concluir, que vendría siendo esto la fecha 19 de septiembre para concluir con este trabajo; iniciamos también auditorías para revisar la documentación correspondiente a cada una de las concesionarias, porque es bien importante tener toda la información y que todos cuenten con todos los permisos, con sus contratos correctamente firmados y demás”, mencionó.
Por lo que respecta al avalúo de los automóviles que habrán de rematarse y a la organización de los remates, estableció que son tareas que corresponden a Tesorería municipal, mientras que la Sindicatura procederá “sólo como vigilante del proceso y, vaya, en colaboración, para que también se lleven a cabo (las subastas)”.
Durante la actual administración encabezada por Montserrat Caballero Ramírez, no se ha efectuado un solo remate, “entonces la importancia de ya darle velocidad” a esa dinámica, comentó el entrevistado.
Dijo desconocer por qué la Secretaría de Gobierno, encabezada por Jorge Salazar Miramontes, no hizo “presión” para que Tesorería organizara las consabidas subastas. “Ya será una cuestión de ellos, nosotros sí lo estamos haciendo”, subrayó.
Sindicatura y Tesorería ya sostuvieron mesas de colaboración en razón de que “sí hay una urgencia importante”. Hizo hincapié en la dificultad de sancionar a las concesionarias por incumplimiento en la disposición de lugar para almacenar unidades, habida cuenta que el XXIV Ayuntamiento de Tijuana no ha procedido a descongestionar los corralones con el remate de automóviles.
“Tengo que ser también yo imparcial y equitativo en el sentido que las concesionarias no pudieran estar sancionando por no cumplir con los espacios que se requieren o las medidas o parte del reglamento, y ellos me digan ‘bueno, entonces liberen ustedes el espacio’, y no ha sido el caso; por eso estamos trabajando nosotros ahora de la mano”, compartió Rafael Leyva.
Para efectos de despejar el terreno utilizado por una concesionaria, los automóviles no se rematan de un por uno. “En remates anteriores que se han dado, son en lotes y no salen precisamente como vehículos”. Se trata de unidades “que seguramente saldrán en unos precios de alrededor de los 2 mil, 3 mil, 4 mil pesos, más o menos, porque ya no son para uso, ya son carros que no tienen la mínima condición para andar circulando en las calles”, estableció el funcionario.
En cuanto a cantidad de modelos calcinados, almacenados en ciertos corralones, Sindicatura dio cuenta de que constituyen entre un 10 y 15% del total de vehículos retenidos.
Raymundo Vega Andrade, tesorero del XXIV Ayuntamiento de Tijuana, informó a consulta expresa de este Semanario que ya se llevaron a cabo “unos avalúos preliminares”, en un afán de fijar el precio al que se pondrán en remate los automóviles rezagados. Sin embargo, dijo, esas valoraciones “van a cambiar”, en razón de que fueron efectuadas “con la anterior administración de arrastres” y actualmente “ya hay nuevos vehículos”.
Los avalúos se hacen “con personal del Colegio de Peritos Valuadores”, quienes fijan la cantidad “de acuerdo a la revisión que hagan de las unidades”. Aún no hay fechas estipuladas para celebrar los remates. “Está en proceso de integración de todos los elementos”, aclaró.
VEHÍCULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA COMPLICAN LIBERACIÓN
Información extraoficial da cuenta de que la liberación de vehículos acumulados en los corralones de Tijuana se ha complicado en razón de que numerosos modelos están registrados en Estados Unidos, situación que se traduce a que sus propietarios, a quienes se les remolcan o les son robados, consideren complicados los trámites relativos a su devolución y opten por no recuperarlos.
Para que el Ayuntamiento de Tijuana proceda a sacar de los corralones esas unidades, tiene que intervenir el Servicio de Administración Tributaria y éste a su vez coordinarse con aseguradoras norteamericanas.
“No es un proceso fácil”, sostuvo una fuente consultada; de ahí que se esté complicando establecer las fechas para llevar a cabo los remates.
Por otro lado, una vez que en dado caso se logre devolver el vehículo a su propietario a través de las aseguradoras norteamericanas, éstas efectúan una paga al Ayuntamiento de Tijuana, la cual va a dar a las arcas municipales (al igual que el recurso que se recaba de los remates).
EN CURSO, INVESTIGACIÓN POR PRESUNTO DESVÍO DE RECURSOS EN ARRASTRES
El síndico procurador del XXIV Ayuntamiento recordó que el área de Arrastres y Almacenamiento de Vehículos, se transfirió de la Secretaría de Gobierno a la Sindicatura Procuradora por disposición de la alcaldesa, Montserrat Caballero Ramírez.
“Es una propuesta que hizo a Cabildo, el Cabildo vio favorable para el Ayuntamiento y para la ciudad de Tijuana que regresara, como ha sido durante muchas administraciones, y en el origen de supervisión de la Sindicatura, para que fuera Sindicatura quien lo llevara a cabo”, expuso Rafael Leyva Pérez.
En su opinión, posiblemente la presidente municipal dispuso presentar la iniciativa por motivo de “los actos de corrupción” adjudicados a personal de Arrastres y Almacenamiento, presuntas faltas que Sindicatura investigó, puso en evidencia y sancionó, con la solicitud implícita de separación del cargo del titular del departamento (David Emiliano Hernández Villela), dijo.
“Esto pudiera ser uno de los motivos, sin embargo, no es una cuestión que me consta, simplemente sé que es una iniciativa que hizo la presidente y que Cabildo aprobó”, recalcó Leyva.
Al ex titular se le adjudicaron “faltas administrativas graves” en la modalidad de “desvío de recursos”; la investigación por esas supuestas anomalías está en curso.
“Se están integrando (los elementos propios de la indagatoria) en Sindicatura, y en su momento, una vez que pasen por el proceso final de la investigación en su integración y después de todo el proceso de sustanciación en la Dirección de Responsabilidad, serán mandados al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, para que ellos determinen la sanción, si habrá una inhabilitación para el funcionario y si tendrá que hacer alguna devolución de dinero”, asentó.
Explicó que “por lo delicado de la investigación”, no podía precisar cuántas personas involucraba el caso como presuntas responsables, no obstante, “sí puedo decirle que es más de una, que están siendo investigados respecto de ese quebranto que hubo y de ese desvío, y además de mal uso de los recursos del Ayuntamiento en el sentido de utilizar y abusar de su autoridad para pedirle dádivas a personas, a cambio de la devolución de su vehículo”.
Por último, Leyva Pérez refirió que “no se ha detectado” que empleados de las concesionarias hayan tenido participación en el caso: “Ya hubiera sido motivo desde luego para que nosotros iniciáramos un proceso junto con Cabildo para la revocación de una concesión. Sin embargo, esto no quiere decir que la investigación ya concluyó y que no pudiera ser eso un resultado final más adelante”.
