Una investigación del Instituto Mexicano de Competitividad (IMCO) reveló que el gobierno de Baja California signó un contrato de 54 mil millones de pesos en 2021, sin que éste pueda consultarse en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).
Pese a que es uno de los contratos de mayor monto de la revisión a gasto público a las 32 entidades federativas del país, “es imposible conocerlo, pues el enlace registrado redirige a un documento de descarga que dice “SIN DATOS””.
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“La opacidad en los procesos de compra de los estados impide conocer detalles de los bienes y servicios adquiridos, lo que aumenta los riesgos de corrupción al no existir una forma eficiente y efectiva de monitorear cuánto y en qué se gasta”, indicó el centro de investigación, encabezado por Valeria Moy.
La investigación “Compras Públicas Estatales Dónde quedaron los datos?”, del IMCO, revela que 39 instituciones del gobierno de Baja California reportaron 3 mil 930 contratos, por 109 mil 404 millones 622 mil 599 pesos.
Este monto representa el mayor gasto de los 32 estados y es significativamente más alto que el resto de los estados. Al analizar los contratos, se encuentra un proceso clasificado como licitación pública para el servicio de agua potable por un monto de 54 mil 654 millones de pesos. Sin embargo, no hay ningún documento que permita corroborar si el costo de este servicio es correcto o bien, se trata de un error en la captura de información.
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“Mientras que el Estado de México muestra un caso de subregistro de procedimientos, Baja California es un ejemplo de que la información capturada en PNT por las instituciones estatales presenta errores e irregularidades, los cuales impactan en el análisis completo de compras públicas”, denunció el IMCO.
En 2021, el gobierno estatal asignó 96 por ciento del total de contratos por licitación pública, 3% por adjudicación directa, y 1% por invitación restringida. No obstante, 23% de los contratos entregados por adjudicación directa tuvieron enlaces inaccesibles o sin publicar.
En contraste, Coahuila (96%), Tamaulipas (94%) y Sonora (94%) fueron los estados con la mayor opacidad en contratos por adjudicación directa.
El IMCO detalló que en 2021, los 32 estados registraron tres mil 725 procedimientos de adjudicación directa sin una justificación legal disponible en la PNT; lo que representó un monto total de dos mil 475 millones de pesos.
“Los estados que registraron una mayor proporción de adjudicaciones directas sin justificación fueron Campeche (17%), Colima (13%), Jalisco (11%), Baja California Sur (9%) y Baja California (8%)”
Si bien el uso de adjudicaciones directas está contemplado en la ley, la ausencia de una justificación para realizarlas se considera una violación a las leyes de contrataciones públicas, ya que es necesario fundamentar las circunstancias o criterios que llevaron a optar por un proceso de excepción sobre un concurso público, explicó el IMCO.
SIETE DE CADA 10 CONTRATOS SE DAN POR LICITACIÓN
La investigación del IMCO analizó 251 mil 148 procesos de compra publicados en la Plataforma Nacional de Transparencia por mil 263 instituciones de 32 estados por un monto total de 346 mil 53 millones 501 mil 600 pesos, en 2021.
Los estados destinaron siete de cada 10 pesos a procesos de licitación pública (247 mil 419 millones de pesos). Entre las entidades que transparentaron en mejor medida sus concursos, tanto licitaciones públicas como invitaciones restringidas, estuvieron la Ciudad de México con 89% de los concursos con documentación accesible, Baja California Sur con
88%; Aguascalientes, 86%, México, 84%; y Tlaxcala con 81%.
En el otro extremo, los estados con el menor nivel de publicación a los documentos fueron Hidalgo (12%), Tamaulipas (14%), Guanajuato (19%), Oaxaca (21%) y Guerrero (22%).
De acuerdo con la información disponible en PNT, en 2021 las instituciones estatales asignaron contratos por un monto total de tres mil 111 millones de pesos a proveedores riesgosos.
Entre los proveedores riesgosos se encuentran las empresas de reciente creación, es decir aquellas que se conformaron a menos de un año de haber firmado un contrato, las cuales recibieron 748 millones 737 mil pesos divididos en mil 13 contratos.
Los cinco estados que asignaron un mayor monto a empresas de reciente creación en 2021 fueron Jalisco (121 millones 765 mil pesos), Quintana Roo (108 millones), la Ciudad de México (88 millones), Veracruz (75 millones) y Oaxaca (48 millones). En este rubro, Baja California se ubicó en el noveno lugar.
Otros proveedores riesgosos son los sancionados por la Secretaría de la Función Pública, que en 2021 recibieron dos mil 360 millones de pesos divididos entre 496 contratos.
Los estados que destinaron una mayor cantidad de recursos públicos a empresas sancionadas fueron Michoacán (mil 22 millones de pesos), seguido por Oaxaca (538 millones), Ciudad de México (376 millones) y Aguascalientes (177 millones).
En lo que respecta a los contratos que se dieron a empresas fantasma, el IMCO destacó que Oaxaca y Nuevo León fueron los dos únicos estados en los que se detectaron contratos otorgados a empresas fantasma por un monto total de dos millones 695 mil pesos.
“9 de los 32 estados no cuentan con un padrón público de proveedores sancionados actualizado y descargable que permita hacer cruces con los contratistas. La falta de información completa y oportuna sobre los proveedores que han recibido alguna sanción a nivel estatal limita conocer el monto real asignado a proveedores riesgosos”, agregó el IMCO.
Para mejorar los procesos de transparencia de la información de compras públicas de las instituciones estatales, generar análisis sistemáticos e identificar prácticas de riesgo de corrupción el IMCO propuso crear una base de datos de todas las compras públicas a nivel estatal por año; habilitar un identificador único por cada proceso de compra; y homologar los nombres de las variables.
Así como establecer un criterio único para capturar la documentación necesaria para cada tipo de procedimiento de compra pública, y monitorear la información capturada y publicada con el objetivo de mitigar errores constantes. Además de aplicar sanciones a las dependencias y servidores públicos que no actualicen la información correspondiente a las obligaciones de transparencia, entre otras medidas. (Julieta Aragón)
