Abogado interpone amparo en favor del capo por incomunicación con su familia y porque presuntamente no se le permite nombrar defensor. Un actuario llevará el escrito al recluso para que lo ratifique o no
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Después de que se aclaró en una demanda de amparo que el narcotraficante Rafael Caro Quintero no sufre de actos de tortura o malos tratos, pero sí de aislamiento del resto de la población penitenciaria, un abogado presentó una nueva demanda de garantías en favor del capo por incomunicación.
De acuerdo con el escrito presentado por el litigante Carlos Enrique García Limón, quien defiende los intereses de una importante cantidad de presos del penal de máxima seguridad “Altiplano”, en Almoloya de Juárez, el capo no ha podido recibir visitas de sus familiares.
En una demanda de amparo promovida en contra del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) y la Directora del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1 se reclaman los siguientes actos:
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“1. Segregación. 2. incomunicación tanto de familiares como de abogados. 3. No se ha permitido nombrar defensor, lo que atenta con su adecuada defensa”, destaca el escrito.
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El Juez de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México que conoce del asunto, comisionó al actuario judicial adscrito para que se constituya en el penal federal, notifique al quejoso y le requiera la ratificación de la demanda presentada a su favor.
El funcionario judicial también deberá cuestionar a Rafael Caro Quintero si es su deseo autorizar como abogado a Carlos Enrique García Limón, además de dar fe del estado físico visible que presenta el quejoso, así como del lugar en que se encuentra.
En caso de que el ex líder del Cártel de Guadalajara no ratifique la demanda de amparo se tendrá por no presentada.
Apenas el 3 de agosto anterior, otra persona, de nombre José Mora León presentó otra demanda de amparo en favor de Rafael Caro Quintero por actos de “incomunicación, segregación, aislamiento, cautiverio con tormentos físicos y psicológicos, malos tratos, abuso de autoridad, tortura y lesiones que ponen en riesgo la vida”.
Sin embargo, el viernes 5, el recluso directamente quejoso únicamente ratificó el acto de aislamiento, rechazando las demás conductas atribuidas a servidores públicos de la prisión de máxima seguridad.
