El Colegio de Abogados Constitucionalistas en Tiuana cuestionó las circunstancias en que fue detenido el exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel y la difusión pública que se le dio al procedimiento ejecutado el jueves 16 de julio.
“Sin emitir juicio alguno en cuanto al fondo de la indagatoria ni respecto a una hipotética responsabilidad de índole penal, este Colegio enfatiza que toda persona es titular del derecho humano a que se presuma su inocencia”, manifestó la organización profesional presidida por Viviana Lozoya Rodríguez en un pronunciamiento difundido el día de ayer, sábado 18 de julio.
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Tras su detención en Ensenada Ernesto Ruffo fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General de la República en Tijuana, a donde ingresó en presencia de reporteros y sometido por un elemento de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
“La exposición pública de individuos sujetos a una investigación de naturaleza penal puede implicar una vulneración a su dignidad humana, honor, imagen y prestigio, además de propiciar un prejuzgamiento social contrario a los postulados que sustentan un sistema de justicia penal acusatorio, democrático y garantista”, estableció el Colegio de Abogados Constitucionalistas A.C.
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Acentuó que el combate a la impunidad no debe redundar en la transgresión de derechos fundamentales como tampoco en la inobservancia de formalidades esenciales del procedimiento.
Hizo un exhorto a las autoridades a cargo de la investigación y persecución de los hechos delictivos (en general) para que se ajusten a la Constitución General de la República de manera que privilegien “el respeto a las garantías de debido proceso, presunción de inocencia, dignidad personal y los principios de objetividad e imparcialidad”.
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Remarcó que con base en el principio de igualdad toda indagatoria se debe emprender “con neutralidad y sin diferenciaciones, sin que la divulgación mediática de diligencias ministeriales pretenda sustituir la función jurisdiccional, que por mandato constitucional, corresponde exclusivamente a los órganos judiciales”.
De acuerdo con la organización profesional la administración de la justicia ha de proceder en sede jurisdiccional, mediante determinaciones fundadas, motivadas y dictadas por la autoridad respectiva “y no en el foro de la opinión pública”.
El ex presidente de la Alianza Mexicana de Abogados Rafael Cruz Manjarrez consideró vía pronunciamiento y a propósito del caso abierto contra Ernesto Ruffo Appel que si existen indagaciones contra cualquier servidor o exservidor púbico se deben emprender “con absoluta independencia, objetividad y apego al debido proceso”. Expuso que “la justicia pierde legitimidad cuando la ciudadanía percibe que se ejerce de manera selectiva o con fines políticos”.
Este domingo 19 de julio un juez de control dictó prisión preventiva oficiosa contra Ruffo Appel y 7 personas más, bajo la presunción de haber incurrido en los delitos de delincuencia organizada y contrabando. La FGR determinó que los presuntos implicados formaron parte de un esquema con el que se contrabandeó más de 2 mil 137 millones de litros de combustible.
El 8 de julio de 2025 la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana indicó que la empresa Ingemar S.A. de C.V., de la que Ruffo Appel es accionista, fue vinculada a un decomiso de combustible en Coahuila del que el Gabinete de Seguridad Federal había dado cuenta el día anterior.
El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, y el de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, fueron señalados en junio de 2026 en el New York Times de ser objeto de investigaciones de Estados Unidos de actos de corrupción.
La detención de Ruffo Appel sobrevino con el antecedente de la grabación difundida el 13 de julio por Héctor de Mauleón en El Universal en la que se escuchó a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, decirse dispuesta a proporcionar información de las Mesas de Seguridad a autoridades estadounidenses ante la posibilidad de enfrentar cargos y ser extraditada.
“La fortaleza de una democracia no radica en detener adversarios políticos, sino en demostrar que nadie está por encima de la ley y que todas las personas son juzgadas bajo los mismos estándares jurídicos. La verdadera lucha contra la corrupción exige instituciones independientes, investigaciones técnicas y sentencias sustentadas en pruebas, no en percepciones o afinidades partidistas”, sostuvo el abogado. (Eduardo Andrade Uribe)
