El INE dio cuenta de críticas a la institución por el tratamiento diferido al caso del dirigente del PRI y al de presuntos actos anticipados de campaña de funcionarios de Morena. Indicó que por los audios que presuntamente involucran al líder partidista se han efectuado más de 30 diligencias
El Instituto Nacional Electoral aclaró que los procedimientos por posibles actos anticipados de campaña adjudicados a figuras públicas vinculadas a Morena y las denuncias por presuntas conductas ilícitas atribuidas al dirigente nacional del PRI a partir de la difusión de diversos audios, constituyen procesos diferentes “cuyo desahogo no puede ser equiparado ni aquilatado de la misma manera”.
El organismo encabezado por Lorenzo Córdova Vianello recalcó que “en los últimos días diversos medios de comunicación y actores políticos han expresado su crítica a las acciones y resoluciones que el Instituto Nacional Electoral (INE) ha tomado” con respecto a ambos casos.
En una ficha informativa emitida este miércoles 6 de julio, indicó que en su calidad de autoridad electoral en todo momento recibe “denuncias formuladas por todos los partidos políticos, diversos actores políticos, ciudadanas y ciudadanos” a las que por obligación legal debe darles curso, con base en la apertura de una investigación, apegándose “a la norma legal vigente y realizando las indagatorias con equidad, eficacia y exhaustividad”.
En cuanto a los audios que presuntamente involucran al dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno Cárdenas “Alito”, en razón de “posibles conductas ilícitas en materia de fiscalización, relacionadas con supuestas aportaciones a campañas electorales”, el INE informó que ha llevado a cabo “más de 30 diligencias” a través de la Unidad Técnica de Fiscalización y con base en las denuncias que en tal caso presentaron “Morena y la C. Layda Sansores San Román (gobernadora de Campeche)”.
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Detalló que “se ha solicitado información al propio denunciado, a diversos actores políticos y medios de comunicación, así como a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y a la Unidad de Inteligencia Financiera”.
Puso de manifiesto que la investigación está en curso y forma parte de un procedimiento administrativo sancionador. De ahí que “su difusión parcial o total se encuentra temporalmente reservada”, aclaró.
“Las posibles medidas sancionadoras, de existir, serán tomadas por la Comisión de Fiscalización y votadas después en el Consejo General del INE”, con el pormenor de que la resolución pueda recurrirse ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, asentó el Instituto.
En cuanto a los posibles actos anticipados de campaña, atribuidos a servidores públicos emanados de Morena, remarcó que la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral atendió una denuncia que al respecto presentó el Partido de la Revolución Democrática.
El recurso derivó de la participación la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández y el senador Ricardo Monreal Ávila en un evento celebrado el 26 de junio en Coahuila, donde se renovará la gubernatura en 2023.
El dictamen correspondiente fue discutido y votado por la Comisión de Quejas y Denuncias del INE.
Sobre la resolución emitida el 5 de julio el INE estableció: “La Comisión estimó procedente el dictado de medidas cautelares, tanto por la propaganda difundida en redes sociales como en la vertiente de tutela preventiva, por considerar que existe un riesgo en el que este tipo de actos presumiblemente ilícitos en tanto evidencian una posible estrategia de proselitismo electoral adelantado, vuelvan a repetirse en el futuro inmediato”.
El Instituto dio cuenta de que para la Comisión “no pasó desapercibido” la similitud del acto efectuado en Coahuila con uno que se realizó en Toluca, Estado de México el 12 de junio, “mismo que fue denunciado por diversos actores políticos que solicitaron aplicar medidas cautelares y sobre el que no se emitieron dichas medidas por tratarse de un acto aislado”.
Sin embargo, “desde entonces se advirtió que, de repetirse otros semejantes que pudieran configurar una presumible campaña orquestada de proselitismo adelantado se podrían emitir medidas cautelares como ocurrió”, informó el INE.
Por otro lado, indico, que en todo caso el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resuelve el fondo de esa queja.
De manera que “la naturaleza de lo denunciado, entonces, es diferente, como lo son los procedimientos respectivos llevados a cabo por la autoridad electoral”, finalizó la institución.
