Primero en campaña y tras tomar posesión lo repite cada vez que puede. La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, se explaya hablando de honestidad, transparencia, y de no tolerar la corrupción.
Para empatizar con la gente y transmitir su mensaje, incluso ha recurrido al lenguaje coloquial: “¡No, no, ni madres!, aquí no hay nada de eso…”, expresaría en su conferencia en Rosarito el 28 de noviembre de 2021. Y antes, el 28 de octubre, junto a su gabinete anunciado firmó un Acuerdo por la Transparencia y contra la Corrupción.
El problema es que la góber dice una cosa y hace otra.
Mientras se autoproclama transparente, el gobierno que encabeza da la orden de reservar información que afecta el erario, para ocultar la forma en que está manejando el dinero de los bajacalifornianos.
Con el poder que tiene y como responsable de vigilar el uso adecuado de todos los recursos de la administración pública estatal, no es correcto y no se vale que doña Marina decida bloquear la información o reservarla, menos cuando se trata de casos o empresas que han abusados del presupuesto, e incluso han sido denunciadas pública y judicialmente.
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Si van a tener la frescura de hacer acuerdos o recontratar a proveedores a pesar de sus antecedentes abusivos, ante la aparente complicidad gubernamental, lo mínimo que merece la ciudadanía, es transparencia e información. Pero Ávila Olmeda decidió que no.
Primero, sin hacer ruido, recontrató a la empresa Seguritech y la ciudadanía se enteró cuando mandó el tema para su votación al Congreso.
Seguritech es la empresa con la que el gobierno encabezado por Francisco Vega de Lamadrid firmó un contrato leonino en 2018, por 789 millones de pesos a pagar en 10 años, para la venta de cámaras, botones de pánico, arcos lectores, etcétera, con sobreprecio, un alto costo de mantenimiento y equipo obsoleto.
Ahora, como la tecnología anticuada -similar al iPhone de 2007- que la empresa vendió al Estado es todavía más obsoleta que hace cuatro años, la gobernadora decidió premiarlos y darles un nuevo contrato, yéndose grande al entregar mil 174 millones de pesos entre 2023 y 2026.
Desde mayo, verbalmente, Marina del Pilar aseguró a ZETA que el mencionado equipo de seguridad, era de última generación a un excelente precio, y se había comprometido a entregar el contrato para probarlo. Pero no lo hizo. La primera semana de julio, por la respuesta a una solicitud de Transparencia, este Semanario fue enterado que, como su antecesor panista, la titular del Poder Ejecutivo del Estado había reservado la información del contrato con Seguritech por los siguientes cinco años, cuando todo esté hecho y no se pueda reclamar nada.
La situación empeora porque, a través de los mismos mecanismos de Transparencia, supimos que la gobernadora le tomó cariño a la opacidad. Cuando ZETA preguntó respecto a las condiciones establecidas entre el gobierno bajacaliforniano y la empresa Next Energy para rescindir el irregular contrato de la planta fotovoltaica que firmaron en la administración de Jaime Bonilla Valdez, resulta que Ávila también lo clasificó como información reservada.
Aquí el pretexto es que forma parte de un proceso judicial activo, y justifican que sería un riesgo para la investigación. Aseguran que los acuerdos de este gobierno, afectan la investigación que la Fiscalía General del Estado hace de las acciones de la pasada administración de Bonilla, así de lógicos.
Lo que intencionalmente están obviando la gobernadora y sus consejeros, es que la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública advierte que ésta “sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional, o bien, como confidencial”, están obligados a probar que su reserva reúne esos requisitos, no es a contentillo y porque ellos lo dicen.
Con argumentos sólidos se debe demostrar que el daño de la divulgación sería mayor a los beneficios de que la sociedad pueda conocer los acuerdos a los que el gobierno llegó con empresas que ya han firmado contratos irregulares y abusivos.
Además, los marinistas parecen olvidar que en ambos casos hay denuncias por corrupción, incluso una interpuesta por ellos, y la Ley de Transparencia es clara al ordenar en su respectivo artículo:
Artículo 12. No podrá invocarse el carácter de reservado cuando: I. Se trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad, o
II. Se trate de información relacionada con actos de corrupción de acuerdo con las leyes aplicables.
“… lo que no se puede contar y se tiene que hacer a escondidas, no puede ser bueno”, sugería la campaña Cuídate a ti Mismo de los años 90, y continúa siendo una realidad.
De nada sirve que Marina del Pilar Ávila Olmeda se la pase pidiéndole a la gente de denuncie a los malos funcionarios, si cada vez que al Estado se solicita información relacionada con corrupción, justo decide reservarla. O deja el camino de la opacidad, o cambia de discurso.
P.D. Nueves meses y 24 días han pasado desde que la gobernadora se comprometió de palabra a impulsar el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), pero el fiscal del área sigue sin ser nombrado.
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