Asociaciones consideran la reforma perfectible: falta socialización y tiene problemas de redacción que podrían dejar a pepenadores fuera de basureros. Cámaras aseguran que empresas cargarán responsabilidad de manejo de residuos
Antes de finalizar el segundo periodo ordinario de la XVI Legislatura del Congreso del Estado, la diputada Gabriela Montoya Terrazas presentó una iniciativa con proyecto de decreto para crear la Ley de Manejo Integral de Residuos Sólidos para el Estado de Baja California Sur. No obstante, la propuesta no fue bien recibida por el sector empresarial, ya que líderes de cámaras señalan que no hubo socialización antes de que el tema llegara a tribuna.
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En el Pleno del Congreso local, la legisladora por el Partido del Trabajo (PT) expuso que la iniciativa busca implementar políticas y acciones para prevenir la generación y gestión integral de residuos de manejo especial y sólidos urbanos, como prioridades para el desarrollo integral y sustentable de Baja California Sur.
Refirió que la situación del Estado es complicada, al existir gran cantidad de residuos que se generan en las diversas comunidades y cuyo manejo provoca problemas de grandes dimensiones.
Uno de los factores más importantes que han agravado esta situación, son las prácticas de consumo de la sociedad. Ante el Pleno aseguró haber realizado investigaciones para presentar la reforma. Montoya subrayó que en La Paz no existen datos sobre el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) en el relleno sanitario.
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En esta situación, la asociación Cómo Vamos La Paz ha evidenciado que el basurero de la ciudad Capital incumple con la NOM-083-SEMARNAT 2003, la cual contempla especificaciones de protección ambiental para la selección del sitio, diseño, construcción, operación, monitoreo, clausura y obras complementarias de un lugar de disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial.
Respecto a Mulegé y Loreto, la diputada mencionó que tampoco encontró datos de la situación que impera en cada uno de los rellenos sanitarios, sin embargo, sus ayuntamientos manifestaron tener conocimiento de los problemas que existen en los basureros de sus municipios.
“Es urgente que en el Estado se haga un esfuerzo interinstitucional para que se cumplan con las disposiciones federales en la materia, y cumplamos con ello en garantizarle mejores condiciones de vida a la sociedad sudcaliforniana y, por supuesto, al medio ambiente”, manifestó en tribuna Montoya Terrazas.
Tras su presentación, la iniciativa fue enviada a comisiones sin ser dictaminada o votada antes de finalizar el segundo periodo ordinario. Será hasta septiembre, al iniciar el tercer período ordinario de la XVI Legislatura, cuando se someta ante el Pleno.
EMPRESAS NO ESTÁN PREPARADAS
Gustavo Díaz Troncoso, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), externó la preocupación del sector empresarial en Baja California Sur ante la propuesta de la diputada Gabriela Montoya, ya que -asegura- las empresas no están listas para cumplir con una reforma de esa naturaleza.
Hizo hincapié en que las cámaras empresariales están a favor de las economías verdes, como el reciclaje, no obstante, la iniciativa de Ley sobrepasa ciertos límites, facultades y capacidades. De aprobarse, se dejará la responsabilidad a los empresarios, en un momento en que no hay manejo adecuado de residuos ni siquiera desde los órganos gubernamentales, ya sean ayuntamientos o Gobierno del Estado.
“Nos llamó la atención y hay preocupación en el sector empresarial en el tema de que esta iniciativa responsabiliza a las empresas, a los distribuidores, a los productores, en el total manejo de los productos de un solo uso”, reiteró el titular de la Coparmex.
Coincidió en que es un tema importante a futuro, sin embargo, ni BCS ni el país están preparados para tener un control adecuado del manejo de residuos sólidos desde las políticas públicas hasta la infraestructura
Explicó que, si la iniciativa se aprueba, una empresa que embotella en vidrio tendrá que responsabilizarse desde que el producto sale de su establecimiento hasta que el usuario en su hogar deseche la botella, “lo cual es prácticamente imposible en estos momentos, la infraestructura municipal o estatal no tiene recolectores de basura donde los ciudadanos podamos separar la basura de esta manera; esta iniciativa es totalmente inviable”, opinó Díaz Troncoso.
En ese sentido, reconoce que las empresas tampoco están preparadas para sostener la cadena de manejo de residuos.
Otra posibilidad que tampoco llena de entusiasmo a las y los comerciantes, es que para evitar cargar con la responsabilidad que impondría el Congreso del Estado a los negocios, las y los empresarios se verían obligados a cambiar los materiales que utilizan para envasar, lo cual es complicado al experimentar actualmente la reactivación post pandemia.
Asimismo, el líder patronal destacó que las y los pepenadores de los rellenos sanitarios resultarían afectados, debido a que “se pretende eliminarles de los basureros”. Desde su perspectiva, esto se convierte en una forma de privatización del servicio público de reelección de residuos.
Al igual que sucedió con la iniciativa del PT que busca retirar un 33% al fideicomiso que se utiliza para promoción turística y dirigirlo a obra pública de desarrollo social, las cámaras empresariales denuncian que no hubo socialización ni acercamiento por parte de las y los diputados de ese partido.
Aunque Gustavo Díaz coincide en que el cambio de manejo de residuos sólidos debe aplicarse, refiere que el proceso debe darse de forma paulatina y en coordinación con autoridades de municipios, Estado y Federación.
Prevé que para que fluya la modificación, deberían aplicarse incentivos fiscales de economías verdes, sin embargo, la reforma no las contempla y a cambio propone multas para aquellas empresas que no asuman la responsabilidad.
En ese sentido, continúa el llamado que inició con la iniciativa de reducción del presupuesto de promoción turística, que consiste en solicitar mesas de diálogo antes de cualquier aprobación.
LEY ES PERFECTIBLE: SOCIEDAD CIVIL
Para Mayra Gutiérrez Sandoval, quien lidera la Alianza Desplastifícate, la Ley de Manejo Integral de Residuos Sólidos para el Estado de Baja California Sur tiene huecos, que se detectaron rápidamente en la reacción inmediata de los empresarios, aunque también aporta nuevas propuestas que serán positivas para la calidad ambiental de Sudcalifornia.
“Me parece muy bien que nuestro Estado pueda tener ya una Ley de Residuos, porque no la tenemos. Ahí es donde debería existir el tema de la reducción, sobre todo en este tipo de productos. Es una Ley que tiene propuestas buenas, no fue socializada, cuando regularmente pasan ese tipo de cosas, es porque no estás escuchando a todos, al no escuchar a todos te quedas con una sola opinión”, compartió la activista.
Mayra subrayó que en la propuesta de reforma hay un apartado, el cual subraya que, de detectar que las personas recolectan productos que se pueden valorizar, se les podría multar. Tema delicado, porque son familias que viven de esos residuos y no se puede sacarlos de la jugada.
Le parece una propuesta perfectible, que no está fuera de lugar, pero debe socializarse y escuchar a todos los sectores para realizar algo que sea funcional para BCS.
“Hay que volver a analizar, a lo mejor ni siquiera estaba bien redactada. Creo que le falta pulirse, pero que ya exista una propuesta se me hace algo importante para un Estado que prácticamente puede decir que es el único que no tiene Ley de Residuos en todo México”, dijo Gutiérrez.
Desde su perspectiva, es importante tomar en cuenta las características específicas de la entidad, ya que en algunas ocasiones las y los diputados simplemente han copiado y pegado iniciativas de otros estados que no se apegan a la realidad de la media península, “sin considerar que nuestro Estado prácticamente tiene características de isla, que no es un Estado industrial, que es un Estado turístico. Creo que ahí es importante escuchar otras voces, sobre todo la del sector turístico y la de la población”, observó.
