Hay irregularidades en más de 250 cuentas de usuarios que han recibido millonarios descuentos en el cobro de impuestos
Una serie de anomalías, que van desde Recaudación de Rentas Municipal y se extiende hasta Sindicatura Municipal, quedó descubierta debido a que un empleado de cajas encontró movimientos irregulares en las cuentas de ciertos usuarios de Ensenada.
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De acuerdo con documentos que integran la investigación administrativa, más de 200 empleados y ex empleados del ayuntamiento tienen claves de acceso para el sistema de Recaudación de Rentas, con las que han podido manipular las cuentas.
Ante la polémica situación, la síndico procuradora Elizabeth Muñoz Huerta suspendió al encargado del Departamento de Informática y dejó impunes a los empleados de Recaudación de Rentas Municipal.
Entre ellos figuran apellidos como el Sánchez Zertuche, relacionados con la familia de la oficial mayor del Gobierno del Estado, Rocío López Gorozave, así como el regidor Máximo Rivas, cuya hija Carolina Rivas García, es suplente de la diputada estatal Claudia Agatón Muñiz; todos ellos conocidos militantes del Partido del Trabajo (PT).
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De acuerdo con los hechos, en marzo de 2022 se presentó una persona a las oficinas de Recaudación de Rentas Municipal para solicitar un permiso de Protección Civil para su negocio. Cuando llenó la solicitud y le entregaron su estado de cuenta, le advirtieron que tenía un saldo de por lo menos 70 mil pesos que debía liquidar para proseguir con el trámite.
Al siguiente día, el usuario regresó a las oficinas, donde le notificaron que tenía un nuevo saldo de 979 pesos, por lo que el empleado de caja se sorprendió e hizo del conocimiento de la anomalía a la recaudadora Martha Reyes Rodríguez.
La funcionaria enteró de tal irregularidad al Departamento de Tesorería Municipal y éste a su vez a Sindicatura Municipal para que llevara a cabo la investigación necesaria.
Sindicatura Municipal se dirigió al Departamento de Informática para solicitar una lista de movimientos irregulares, por lo que Luis Rubén, jefe del área y sus colaboradores, ejecutaron la orden.
El resultado del rastreo fue el supuesto descubrimiento de poco más de 250 cuentas (de ciudadanos de Ensenada) que presentaban movimientos irregulares, es decir, descuentos millonarios a sus cuentas de Impuesto Predial.
Todas las cifras con identificación fueron impresas por los colaboradores y entregadas a Sindicatura Municipal. El informe lo manejó el subdirector de la Contraloría Interna de Sindicatura, con el argumento de que “en el edificio” se hicieron movimientos irregulares.
Consideró que la lista de ciudadanos con presuntos movimientos irregulares en sus cuentas era la evidencia necesaria para girar la instrucción de suspender al jefe de Informática, ya que el “sistema no era seguro”.
Lo anterior, sin que se hayan fincado responsabilidades a los más de 200 empleados y ex empleados que en este momento tienen las credenciales para acceder al sistema del Ayuntamiento de Ensenada.
El programa se creó en 2005 y, de acuerdo con el protocolo, para generar un usuario con privilegios de acceso y modificación de las cuentas, es necesario que el jefe en turno de Recaudación de Rentas gire oficio a Informática y éste al mismo tiempo regresa con las claves de acceso.
ÓRGANO DE CONTROL RESPONSABILIZÓ AL INFORMÁTICO; DEJA IMPUNE A RECAUDACIÓN
Durante la segunda semana de julio, Sindicatura Municipal lanzó un comunicado de prensa, en el cual revela que un empleado de Informática de oficinas centrales fue suspendido por “falta administrativa no grave”.
A través del desplegado, la síndico Muñoz Huerta notificó el inicio de Procedimiento de Responsabilidad Administrativa al director de Informática del XXIV Ayuntamiento de Ensenada. Se presume la comisión de una falta administrativa no grave, prevista en el Artículo 49 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California.
“Debido a que el servidor público fue omiso en el cumplimiento de sus atribuciones que el marco normativo le confiere, consistentes en asegurar el correcto funcionamiento de los equipos y sistemas automatizados de información y bases de datos que posee la administración pública centralizada a fin de asegurar su integridad y proteger el carácter confidencial de la información”.
La funcionaria afirmó que la imposición provisional de una medida cautelar consistente en la suspensión temporal del cargo a este servidor público, evitará que continúen los efectos perjudiciales de la presunta falta administrativa.
Asimismo, pidió a los empleados de gobierno desempeñarse en apego al marco legal de sus funciones y obligaciones, para evitar caer en faltas de responsabilidades administrativas.
VA INFORMÁTICO CONTRA GOBIERNO MUNICIPAL
Edgar Alatorre Amézquita, abogado del empleado suspendido, defendió a su representado en audiencia, al encontrar una serie de anomalías en el proceso de suspensión que inició Sindicatura Municipal.
Dentro del expediente en poder de ZETA, es posible detectar errores como señalar artículos del Reglamento de la Administración Pública que no coinciden, y que este se abrogó el 12 de octubre del 2021.
De igual forma, refieren el Artículo 197 de esa Ley, aludiendo al 97 en más de ocho ocasiones. El primero tiene que ver con que los entes públicos deben otorgar a Sindicatura Municipal la información necesaria para realizar su trabajo, mientras el segundo dicta lo relacionado con el Departamento de Informática.
Además, Sindicatura Municipal mezcla el artículo 197 con el Reglamento Interno de la Administración Pública Municipal, el cual no existe.
“En primera, él no cometió ninguna conducta irregular, no está acreditado que sea inseguro porque no está hackeado el sistema, sino empleados que ejercieron falta de probidad a su servicio”, apuntó el abogado.
Otra contrademanda será para la síndico Elizabeth Muñoz Huerta, al publicar un comunicado de prensa informando de la suspensión sin tener evidencias reales ni acreditar conducta alguna, aunado a la negligencia de mencionar artículos inexistentes.
El defensor mencionó que a Rubén se le afectó en su patrimonio e imagen pública, por lo cual emprenderán una demanda en contra del ayuntamiento para enmendar el daño.
De llevar a cabo un dictamen legal, podrían detectarse los registros de quienes se han beneficiado con estas acciones, incluso quiénes son los servidores públicos que han recurrido a esta vía para favorecerse.
Según el abogado, lo alarmante es que hay más de 200 usuarios con acceso a las cuentas para alterar registros, de los cuales la mayoría ya no trabajaban ahí.
La responsabilidad de las autoridades está implícita durante el proceso de entrega-recepción de una administración a otra. Otro punto que defendió el abogado es que en el manual que utilizan en la dependencia sólo se especifica cómo dar de alta a un usuario y no cómo bloquear, asegurar o eliminar esa cuenta.
De acuerdo con la lista de usuarios, es una copia simple o una tabla con nombres y montos, sin que exista un dictamen técnico que valide que el sistema no es seguro.
Con base a la Ley de Responsabilidad Administrativas, hay faltas graves y no graves, prevé el Artículo 49-1 de la Ley de Responsabilidades.
