Mientras que a Lourdes Molina, por un lado, el TSJE le está buscando alguna irregularidad para removerla del cargo de Juez; por el otro, a Josefina Magaña la protege contra las denuncias y quejas en su contra, generando que los inconformes lleven el caso ante el Congreso de Baja California.
El acoso en contra de la jueza María de Lourdes Molina Morales continúa por parte del Tribunal Superior de Justicia de Baja California; mientras que este mismo órgano colegiado protege a la juez Josefina Magaña Castillo de las quejas interpuestas por litigantes y ciudadanos en su contra ante el Consejo de la Judicatura.
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A la juez de primera instancia en materia civil del Poder Judicial de Tijuana, Lourdes Molina, la suspendieron en febrero de este año. La razón fue que se inconformó por el reacomodo de jueces que de manera arbitraria ordenó el Tribunal Superior de Justicia del Estado, encabezado por Alejandro Isaac Fragozo López.
La suspensión que le dieron por tres meses argumentaba, dentro de las razones para iniciarle una investigación y separarla del cargo por ese lapso de tiempo, que la jueza le permitió el acceso a Semanario ZETA al juzgado décimo mercantil, que ella encabezaba, además de llevar a un notario público para que diera fe de las condiciones en las que dejaba el recinto.
Sin embargo, pese a los 90 días que tuvieron para realizar la investigación, justo durante el proceso de ratificación de la juez emitieron otro periodo de suspensión por 25 días. El 10 de junio culminaron los tres meses y el lunes por la mañana le notificaron a Molina Morales en el juzgado primero civil -con un documento irregular- la suspensión por 25 días más.
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El documento constó de cuatro hojas, sin folio y sin enumerar; además, no tiene preámbulo (que es el concepto inicial de en este tipo de oficios), donde debería incluir: nombre de los participantes en el acto y la persona que da fe pública del hecho, que en estos casos es el secretario de acuerdos.
Pasadas las 8:15 de la mañana del lunes 13 de junio, llegó a la oficina de la jueza, en el juzgado primero civil, Carlos Rafael Flores Domínguez. Sin identificarse, pretendió entregar el documento citado anteriormente. La enjuiciadora le solicitó su identificación y un documento que avalara su nombramiento para la entrega de la notificación.
Casi una hora después, volvió el licenciado Flores Domínguez, quien se acreditó como secretario general del Consejo de la Judicatura del Estado. La jueza le recibió la notificación y solicitó la presencia de la contraloría, para que diera fe de que el documento que se envió para notificarle, no contaba con ninguna firma.
La jueza también solicitó a la delegada de Contraloría Zona Costa del Poder Judicial, Laura Yudith Gutiérrez Ramírez, para que validara que Molina Morales se llevaría su silla, la cual no está inventariada, al igual que tres Mini-Splits, que la jueza compró y mandó poner con su dinero, los cuales también se llevaría del juzgado primero de lo civil.
De acuerdo con el documento irregular, el pleno del Consejo (sin mencionar quiénes lo integran) “por unanimidad aprobó lo siguiente”: “Autoriza y subsista la suspensión de la licenciada juez María de Lourdes Molina Morales, como juez de primera instancia de lo civil del poder judicial de Baja California, por un plazo de 25 días naturales más, contados a partir de la autorización por este cuerpo colegiado”.
De acuerdo con el documento, el acta se generó el día 10 de junio de 2022 y fue certificada tres días después, este lunes.
Según se argumenta en el acta, el magistrado presidente (Alejandro Isaac Fragozo López, sin el nombre o firma de éste) solicitó al Consejo de la Judicatura que se considerara la suspensión por 25 días, como lo solicitó previamente el Comité de Investigación, para que el grupo pueda desahogar las pruebas; “sí hay testimonios que ha estado recogiendo y que ellos mismos lo piden”.
En entrevista para ZETA, la juez Molina Morales detalló que hará del conocimiento a las autoridades judiciales competentes sobre la notificación irregular, para que invalide dicha ampliación de suspensión; aseguró que esta notificación carece de legalidad, por lo que confía en que el fallo sobre esta suspensión, será a su favor.
La protegida del TSJE
Mientras que a Lourdes Molina, por un lado, el TSJE le está buscando alguna irregularidad para removerla del cargo de Juez, por el otro, a Josefina Magaña la protege contra las denuncias y quejas en su contra, generando que los inconformes lleven el caso ante el Congreso de Baja California.
El 10 de junio, ante la inacción del Consejo de la Judicatura y el Tribunal Superior de Justicia del Estado, presentaron a la comisión de igualdad de género y juventudes, cuya titular es la diputada Liliana Michel Sánchez Allende, un oficio para exponer la situación de la juzgadora.
En el oficio entregado al Poder Legislativo, la abogada Ivonne Ávila Méndez y Anthuan González Zapien exigen que se revise el actuar de la juez y del Consejo de la Judicatura, por las quejas interpuestas en su contra (que por parte de los promoventes hay tres), y sobre cómo el TSJE no ha iniciado ningún proceso administrativo en su contra.
Cuando Josefina Magaña tenía la titularidad del juzgado tercero de lo familiar, llevó el caso de Anthuan González, el cual consistía en el cambio de nombre y generó en sus documentos oficiales; el caso tardó casi cuatro años en tener un fallo de la juez. El promovente aseguró haber sido revictimizado durante el proceso, que no debió de durar más de un año.
Por su parte, la abogada Ivonne Ávila Méndez aseguró que el Tribunal Superior de Justicia del Estado protege a la Juez Josefina Magaña, porque ha presentado tres quejas ante el Consejo de la Judicatura y ninguna ha procedido, las han retardado y extraviado.
Ávila Méndez no es la litigante que se ha quejado del actuar de Josefina Magaña; también la abogada Reyna Ramírez Oropeza, presidenta del Instituto de Defensa Estratégica en Derechos Humanos (INDEH), solicitó que se forme una comisión investigadora sobre los casos de todas las personas que se han visto afectadas en su vida personal por el actuar de Magaña Castillo.
De igual manera, Teresita López Angulo, abogada litigante, expuso que quieren que la justicia sea más eficiente; en el caso específico de la juez Josefina Magaña, “hace valer disposiciones que aunque son atribuciones en casos excepcionales, los hace de procedimientos normales. Ahí hace más largo el procedimiento, llegando a tardar hasta cinco años en un divorcio”.
Actualmente, Magaña Castillo continúa despachando en el juzgado segundo familiar del Poder Judicial de Tijuana, no se le ha iniciado investigación alguna por las quejas presentadas por las y los litigantes además de los ofendidos, que suman alrededor de 15. En las últimas semanas, la juez ha impartido conferencias con agrupaciones de abogados para hablar sobre la comunidad LGBT+ y el Poder Judicial.
