La Secretaría de la Honestidad y Función
Pública de Baja California debe investigar
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al ex gobernador Jaime Bonilla por los
posibles actos de corrupción; esto tras la
adquisición de un condominio valuado
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en 3.9 mdd en exclusiva zona de San Diego
El ex gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, podría ser sancionado por haber incurrió en posibles actos de corrupción al haber adquirido un condominio valuado en casi cuatro millones de dólares en el corazón de San Diego, California, cuando aún era titular del Poder Ejecutivo en el estado.
Lo anterior e acuerdo con el análisis realizado al reportaje publicado en ZETA, en la edición 2516, titulado “En 2021, Bonilla compró condominio de 3.9 mdd en SD”, por Marlene León, directora de Iniciativa Sinaloa A.C., y Ricardo Alvarado, de la Unidad de Investigación Aplicada en Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
La investigadora y abogada de la asociación, que hace combate a la corrupción e incidencia en la frontera norte del país, comentó a este Semanario que el ex senador de Morena posiblemente incurrió en faltas administrativas graves al querer ocultar la compra del inmueble y no hacer público ni los recursos con los que adquirió la propiedad.
“Vemos que posiblemente se hayan incurrido en faltas administrativas graves asociadas a corrupción, tales como desvío de recursos, peculado e incluso enriquecimiento ilícito”, explicó la directora de Iniciativa Sinaloa.
A partir de estas posibles faltas administrativas graves, señaló que es la Secretaría de Honestidad y Función Pública (SHFP) del estado la que deberá atraer el caso bajo estas posibles faltas administrativas graves; posteriormente deberá turnar la investigación a la Fiscalía Anticorrupción, para que ésta actúe y verifique si se cometieron delitos por corrupción y pase a lo penal.
“Creemos que el reportaje presenta los elementos suficientes para actuar por lo menos por faltas administrativas graves e incluso, ya debería estar en la cancha de la SHFP para que actúe conforme a la ley de responsabilidades administrativas y si ven los elementos suficientes (que para nosotros sí los hay), se apliquen las medidas necesarias para imputarle algún delito, y que lo atraiga la Fiscalía Anticorrupción”, apuntó.
En el reportaje se señala explícitamente cuál es el salario y cuánto costó este inmueble; por lo tanto, Marlene León asegura son pruebas que abonan para tener la hipótesis de un delito de presunto enriquecimiento ilícito al no coincidir el costo del inmueble con lo que ganaba como gobernador, pese a que el exfuncionario tenga otro tipo de ingresos.
“Bonilla tuvo que mencionar en su declaración patrimonial, todos sus inmuebles; además, este condominio que se menciona lo adquirió siendo gobernador. Creemos que ahí no es equiparable el salario con el inmueble, que es de un valor exorbitante. Consideramos que pudo haber un enriquecimiento ilícito y peculado, o sea, un mal uso de los recursos públicos o un posible desvío de recursos para su beneficio”, concluyó.
La directora de la asociación civil que combate a la corrupción exhortó a las autoridades de la SHFP para que atraigan el caso y haga las investigaciones pertinentes, por la comisión de estas posibles faltas administrativas graves asociadas a corrupción.
“Es necesario hacer un llamado a las autoridades, incluso al Congreso de Baja California, para que se active el Sistema Estatal Anticorrupción. Vemos que en Baja California ha sido un estado con muchos casos de corrupción: ahorita están pasando por una situación en la que el sistema está desmantelado; el hecho de que no se estén enfocando en activarlo tenga que ver con la situación de que se den más actos de corrupción en la entidad”, expresó.
Por otra parte, para Ricardo Alvarado, integrante de la Unidad de Investigación Aplicada en MCCI, en el reportaje de Semanario ZETA encontró dos puntos que calificó de preocupantes: el posible conflicto de intereses, y el ocultamiento y posible simulación de la operación, que pudo ser mayor y se maquilló para evadir los mecanismos de rendición de cuentas.
“Hay dos principales puntos que son preocupantes: uno es un potencial conflicto de interés. Si un gobernador en el ámbito de su vida privada adquiere un bien inmueble es motivante a preguntarse con quién está haciendo ese intercambio, porque esa persona podría ser un potencial proveedor del gobierno que encabeza el gobernador, o tener otro tipo de relación comercial con el Gobierno del Estado”.
El investigador presentó una hipótesis a partir de una pregunta detonante: “¿Por qué un funcionario público, como el ex gobernador Bonilla, recibió ese condominio a un menor costo?”, a lo que respondió: “O se trató de una oferta, o de una relación que genere un conflicto de intereses o una tercera explicación es que se trata de una operación simulada”.
Otra de las irregularidades que destaca como posible riesgo de un acto de corrupción es que el exfuncionario republicano, inmediatamente después de comprar el condominio, lo pasó a nombre de su esposa, como una forma de evadir los mecanismos de rendición de cuentas (o se trató de una operación simulada).
“El cambiar inmediatamente después de que se hace la compra, ponerlo a nombre de la esposa para evadir los mecanismos de rendición de cuentas; otra explicación posible es que se trata de una operación simulada en la que se está escondiendo el monto real de la adquisición para intentar cubrir ciertos recursos del gobernador, que son de interés público por las consecuencias que podría tener para las personas de Baja California”, explicó.
Ricardo Alvarado detalló que Jaime Bonilla Valdez podría ser inhabilitado e incluso tener una sanción económica, pero todo dependería de la Secretaría de la Honestidad y Función Pública, dependiente del Ejecutivo del Estado, que actualmente es Marina del Pilar Ávila Olmeda.
“Este tipo de reportajes permite ver dónde están los huecos, los límites de nuestras instituciones y leyes. La gente es muy creativa para desviar recursos púbicos, este tipo de trabajos nos dan un poco de idea y nos sugieren que algo anda mal; así empezaron los grandes escándalos del pasado: no descubrimos de golpe lo muy corrupto que era César Duarte en Chihuahua, o Javier Duarte en Veracruz; comenzaron a salir reportajes como éste que nos muestran qué anda algo mal. Tenemos que partir de ahí, mejorar nuestras instituciones para que no pasen este tipo de irregularidades”, finalizó.
