El próximo 5 de agosto se cumplen dos años de las agresiones en el campo pesquero San Carlos, al sur del poblado El Rosario, municipio de San Quintín, y la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha resuelto las denuncias derivadas por el enfrentamiento
El lunes 20 de junio de 2022, los pescadores José Antonio Aguilar Duarte, Oscar Jiménez Jáuregui e Iván Orlando Duarte Acevedo bloquearon las instalaciones de la Fiscalía General del Estado en el municipio de San Quintín, para reclamar que han sido víctimas de una “jornada de hostigamiento” por las autoridades investigadoras.
Los argumentos son que las únicas órdenes de aprehensión que se han girado, a raíz de esa confrontación en el campo pesquero San Carlos, han sido para el grupo de ellos y no para el grupo contrario perteneciente a la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera Ensenada, SCL.
Antonio Medrano, de la organización Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas (CODUC), respaldo la manifestación y aseguró que el día de la agresión -5 de agosto del 2020- fue la Cooperativa Ensenada la que ingresó para atacar.
Añadió que en esa ocasión, los pescadores solo se defendieron; sin embargo, el pasado mes de abril se giraron dos órdenes de aprehensión en contra de sus compañeros y estaban llamados a comparecer.
La respuesta de los abogados fue la de presentar un amparo con la cual logró retirar la orden de aprehensión y fueron llamados a comparecer en audiencia el martes 21 de junio, por eso es que bloquearon la fiscalía.
Dicha audiencia también se difirió con la finalidad de liberar las instalaciones.
Los inconformes forman parte de la compañía de Diego Jiménez Aguilar, asesinado en el poblado de Maneadero en noviembre del 2020, quien además de dirigente del Partido Encuentro Social (PES) era propietario de la Comercializadora Jimnar S. de R.L.
La zona de El Rosario es de las más codiciadas de Baja California por la variedad de especies de alto valor en el mercado, como langosta, pepino de mar, erizo y otras de escama para exportación a Japón y China.
Los abogados de los manifestantes solicitaron una copia certificada del expediente y tras analizarlo, encontraron irregularidades suficientes para presentar una queja ante la visitaduría de la fiscalía en contra del fiscal Ricardo Iván Carpio Sánchez; para eso se abrió el expediente con Número de Caso 0201-2022-08570.
