El Instituto de Transparencia en Baja California Sur tiene a los comisionados más caros y menos transparentes; aprobaron aumento salarial fuera de la Ley, y lo justifican como justicia laboral
En poco más de siete minutos se leyeron los motivos, la discusión y se dio la aprobación del incremento salarial a funcionarios públicos del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (ITAI) de Baja California Sur. A manera general, el aumento fue de 14.43%.
Quien lo denunció fue el propio comisionado del ITAI, Conrado Mendoza Márquez, haciendo pública la forma en que se hizo, al pasar de 7 millones 500 mil 521.09 pesos en lo que tiene que ver en servicios personales o salarios, a 8 millones 583 mil 521.09 pesos. Más de un millón en la nómina de manera anual.
Siendo el noveno punto de la sexta sesión ordinaria, con sólo dos de tres comisionados presentes, en el punto se lee: “Análisis, discusión y aprobación en su caso, de modificación del presupuesto por incremento para el tabulador de sueldos del ITAIBCS 2022”.
Sin duda, en la octava sesión ordinaria del Pleno, Conrado Mendoza solicitó la palabra en asuntos generales, argumentando que es ilegal solicitar recursos extraordinarios para incrementar los salarios y la Ley es muy clara.
Artículo 39, Fracción II. “Las Comisionadas y Los Comisionados del instituto y sus servidores públicos no podrán otorgarse bonos o remuneración alguna que no esté previamente prevista en el presupuesto correspondiente, ni se podrá autorizar una ampliación presupuestal para tales efectos”.
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Precisamente la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California Sur -que rige al ITAI- manifiesta claramente que no se puede otorgar bono o remuneración alguna que no se encuentre contemplada en el Presupuesto de Egresos 2022, por lo que el comisionado se deslindó de cualquier incursión en un deber legal.
“Debo manifestar mi deslinde de responsabilidades sobre los acuerdos establecidos durante la sexta y séptima sesión, donde se aprobó por mayoría de este Pleno, el aumento de sueldos, y de igual manera la creación de un fondo de ahorro. Esto lo comento en virtud de lo que establece el Artículo 39, segundo párrafo, de nuestra Ley. Es mi interés que quede asentada en el acta de la presente sesión ordinaria, mi manifestación absoluta de inconformidad a los acuerdos aprobados por el Pleno de este órgano garante en la sesión pública ordinaria del día 6 y 27 de abril, que de manera responsable decidí no participar”, destacó Conrado Mendoza Márquez.
El comisionado reconoce que no se trata el aumento a los trabajadores, una lucha que desarrollan a diario; el detalle es que es ilegal la forma en que se hizo y esto puede traer consecuencias penales, al faltar al reglamento de Transparencia institucional.
“Se incurrió en una acción completamente opuesta a lo que refiere el artículo antes mencionado, configurándose un acto de ilegalidad que pone en evidencia una acción completamente contraria a los fines propios de un ejercicio administrativo adecuado, incluso pudiendo fincar responsabilidades administrativas como servidores públicos por mal uso de recursos públicos, y lo más grave: es virtual del rostro generoso a nuestra propia esencia como institución garante de la transparencia la entidad”, lanzó.
El ITAI sudcaliforniano recibió un millón 083 mil pesos de manera extraordinaria por concepto de incremento salarial a los trabajadores, y, contrario a lo que dicta la Ley, se aplicó sin remordimiento.
Por otro lado, es preocupante que el propio Instituto de Transparencia no sea transparente, en el portal no están inscritas las actas de la séptima y octava sesión, y fue borrada prácticamente la séptima sesión pública que se realiza a través de redes oficiales.
Sólo quedó una parte mínima de la sesión, 13 minutos, y no se aprecian los puntos relevantes del fondo de ahorro y el incremento.
“Se asignó al Instituto de Transparencia un monto de 10 millones 182 mil 726 pesos, en razón de lo anterior, no debemos perder de vista que, de este monto asignado formal y normativamente, el presupuesto comprometido para el Capítulo 1000, que corresponde a servicios personales, es de 7 millones 500 mil 521 pesos, aunado que tenemos que ajustar estrictamente los topes de sueldos al tabulador de sueldos y salarios del Gobierno del Estado”, afirmó Mendoza.
LA OCTAVA SESIÓN
En la sexta sesión ordinaria del ITAI, sólo con la presencia de dos de tres comisionados, la presidente Rebeca Buenrostro y el comisionado Carlos Zambrano, se llevó a cabo la votación de cada punto, especialmente el 9, referente al incremento salarial y la creación de un fondo de ahorro, un peso del trabajador y otro del Instituto.
Si bien, la séptima sesión se desarrolló, no hay mucha evidencia de que se haya registrado, sólo el pase de asistencia, la aprobación del acta anterior y lectura de los puntos, pero no se aprecia por completo el resto. Y en la octava, todo quedó exhibido por parte del comisionado, en un tenso ambiente.
“Los números hablan por sí solos, creo que la dinámica en la que ha estado trabajando y que ha permeado el Instituto es muy satisfactoria, sobre todo por el número de personas a las que hemos llegado, de capacitaciones, de asesorías de todo; esto nos obliga a seguir trabajando en la misma línea”, indicó Rebeca Buenrostro.
Comisionados destacaron la importante labor de los trabajadores, tomando en cuenta el aumento salarial ya otorgado, además de la participación de los sujetos obligados en capacitaciones de Transparencia.
“Destaca la participación de bastantes sujetos obligados, que se ha podido penetrar la situación de la transparencia, 634 sujetos obligados han sido capacitados por este Instituto, y es evidente el trabajo se está haciendo en este sentido, sin dejar de lado la última gira de trabajo en los municipios del Norte”, observó por su parte Carlos Zambrano.
El Presupuesto de Egresos del Estado, analizado y aprobado por el Congreso del Estado a finales de 2021 y publicado mediante el Decreto 2813 para el ITAI de Baja California Sur, es de 10 millones 182 mil 726 pesos en 2022, a lo cual se suma un millón 083 mil pesos extraordinarios para el Capítulo 1000 o servicios personales, la nómina.
Conrado Mendoza solicitó su participación en asuntos generales de la sesión, allí habló de la ilegalidad: “Es un hecho consumado, la única interpretación que deriva de este ejercicio es, en mi apreciación como comisionado, deslinde de responsabilidad en lo que se refiere a la contraposición particularmente en el Artículo 39, que no se podrá solicitar aumento de presupuesto para tales efectos que concibe aumento de sueldo y mucho menos la creación de un fondo de ahorro. Existen dos oficios donde esto está de manifiesto, aparte de la presidencia”.
Al concluir la lectura del oficio CM/ITAIBCS/001-2022, de siete hojas, sin duda causó reacciones en la presidencia, y aun en la sesión pública ordinaria, la situación se puso tensa entre los servidores públicos.
Frente a los ciudadanos, en la sesión pública vía Facebook, los ánimos entre comisionados se encendieron una vez que la comisionada presidente solicitó el documento:
Conrado Mendoza (CM): Todavía no lo firmo. Lo firmo y lo…
Rebeca Buenrostro (RB)): Lo espero a que lo firme, para recibirlo como debe de ser, porque así lo manifestó y entonces necesito recibir el documento.
CM: Voy a esperar a que esté asentado en el acta.
RB: No, necesito el documento, porque Usted hizo alusión de que me iba a entregar el documento, entonces, le pido de favor que me entregue el documento.
CM: Claro, ahorita que me lo reciban en Oficialía de Partes, lo firmo (lo interrumpe y la comisionada presidente se pone de pie).
RB: Con muchísimo gusto te traigo el sello para que se lo reciban, comisionado (a lo lejos se escucha), puede venir para recibir el documento, por favor.
CM: Hay unos datos que tengo que corregir, por favor.
RB: Así lo leyó, así se tiene que quedar.
CM: No, hice las correcciones pertinentes para que quede asentado en el acta.
RB: Le pido de favor, necesito el documento.
CM: Se lo voy a entregar, es público, no hay problema, no estoy negado, que quede en el acta que haré entrega.
Buenrostro evidenció el posible exceso en los recursos públicos para viajar constantemente a Los Cabos por parte del comisionado Mendoza:
RB: Usted no necesita, va mucho a Los Cabos sin necesidad de viaticar, quiero que nos platique cómo le hace, oiga, para andar por allá todos los días y saliendo en los medios, en la prensa y con medio mundo, y sin viáticos.
CM: Tengo muy buena relación, en su momento trabajé en esa parte en el Estado, y voy mucho con los 2 mil 500 pesos en vales de gasolina.
RB: Pues también debería de ir al Norte, comisionado, para que cumpla con todo el Estado. Muchísimas gracias. Damos por terminado los trabajos del día de hoy, siendo las 9:55. Que tengan un muy buen día.
LA JUSTIFICACIÓN
Desde la accidentada octava sesión, Rebeca Buenrostro solicitó espacios en prensa a través de redes sociales, y aprovechó para hablar del incidente, al que capitalizó como “justicia laboral”, sin mencionar la cantidad de reglamentos violentados.
Es increíble que el propio Instituto de Transparencia no haya publicado, al cierre de esta edición, las dos últimas actas de sesión realizadas, una del 27 de abril y otra del 11 de mayo, además de que casualmente la séptima sesión fue borrada de Facebook y en YouTube está incompleta.
“Se subieron los sueldos, no a los comisionados, que quede muy claro, y sí a los trabajadores que desde hace 14 años no les subían el sueldo. Tenemos una Ley de Disciplina Financiera que dice que los sueldos tienen que aumentar cuando menos el 3% anual por el tema de inflación, y a los servidores públicos del Instituto no se les había subido en 13 años”, reafirmó la comisionada, desde intendencia, coordinadores, actuarios, secretaria ejecutiva, auxiliares y demás.
Buenrostro Gutiérrez expresó que cuenta con coordinadores que percibían 7 mil 500 pesos, realmente ganaban 8 mil 780 quincenales y al mes, 17 mil 560 pesos, y si el sueldo subió a 10 mil quincenales, el aumento fue de 2 mil 440 pesos.
“Tengo coordinadores que no tienen nadie que los apoye, hablando que un coordinador está por encima de una jefatura de departamento, la jefatura de departamento en el Gobierno del Estado en promedio está en 12 mil pesos quincenales, y tenía a mis coordinadores ganando 7 mil 500 quincenales, y ahorita ya ganan 10 mil quincenales”, aclaró.
En algunos casos, el incremento de sueldo fue de entre 40 y 60%, adicionalmente, reciben al mes mil 308 pesos mensuales de despensa, entre 12 mil 580 y 2 mil 700 pesos de previsión social, y dos empleados con compensaciones de 22 mil y mil 480 pesos, sin contar con los bonos de reinscripción, prima vacacional dos veces al año, útiles escolares, ajuste al calendario, estímulo de fin de año y su merecido aguinaldo.
“Hicimos un ajuste en lo que pudimos de sueldos para los trabajadores y en algunas prestaciones laborales, donde sí van todos los trabajadores del Instituto. Obviamente los trabajadores se sintieron expuestos ante esta situación, creo que son dinámicas que no ayudan al Instituto, nocivas, pero naturales de un ejercicio colegiado como el que tenemos en el Instituto”, explicó Buenrostro.
Ya se recibió poco más de un millón de pesos de forma extraordinaria por parte de la Secretaría de Administración y Finanzas, lo que quiere decir que se trata de un acto consumado, violando la Ley de del Instituto de Transparencia. Y si el órgano que garantiza que no haya opacidad lo deja pasar, ¿qué se puede esperar del resto de las instituciones?
A los coordinadores de área, según la comisionada presidente, se les incrementó más del 60% del sueldo, mientras que a otros puestos fue de más del 40%. Información que puede solicitarse a través del ITAI.
“Teníamos 8 millones y cachito de presupuesto todavía el año pasado, tuvimos 14 millones en 2019 y luego lo bajaron a 8 millones, y luego 9 millones, y ahorita tenemos 10 millones 300, y nos dieron un extraordinario de un millón de pesos. El Instituto de transparencia de Baja California Sur es el más pobre monetariamente hablando, no tiene personal suficiente, y, aun así, cumple sus obligaciones”, confirmando así que ya recibieron el nuevo presupuesto.
FALTAS A LA LEY
El comisionado Conrado Mendoza reveló textualmente las sanciones cometidas al solicitar un recurso extraordinario para remuneraciones o bonos de servidores públicos.
Reiteró que no se trata de quitarles el salario a los trabajadores, sino de la mala administración que se hizo, violentando la Ley que fue creada para respetarse, y peor aún, desde el organismo encargado de hacer valer las leyes de transparencia:
- 1. Hay una transgresión a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California Sur que nos regula en el Artículo 39.
- Existe una violación al Artículo 10, 14 y 15 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios.
- Se transgrede los Artículos 63, 64, 70 y 72 en relación con los Artículos 17, 18, 19 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado, referenciados en el oficio número SFYA-SSF-DPyCP-0101 /2022, con asunto: ampliación presupuestal signado por la secretaría de finanzas y administración, destacando que los ejecutores del gasto deberán sujetarse a los montos autorizados en el Presupuesto de Egresos del Estado.
- Se pone de evidencia el desapego al Artículo 37 del Decreto 2813 del Congreso del Estado, que emana del presupuesto que actualmente tenemos asignado para el Capítulo 1000 del ejercicio fiscal 2022, significando un aumento aproximado de un millón 083 mil pesos.
- 5. Lo más grave, estas acciones son completamente contrarias a la política de austeridad implementada.
Si bien, la comisionada presidente Rebeca Buenrostro lo tomó con ligereza, la Ley es muy clara: no pueden otorgarse bonos o remuneración alguna que no esté contemplado en el presupuesto, ni autorizar una ampliación presupuestal para ello.
ASÍ GANAN LOS COMISIONADOS
Parece chiste, pero los tres comisionados del ITAI consumen el 58% del presupuesto destinado al Capítulo 1000 o de servicios personales, es decir, el 58% de la nómina está concentrada en tres personas. Cada año, cada uno percibe un millón 451 mil 860 pesos con todas las prestaciones.
A pregunta expresa sobre cuánto gana un comisionado, Rebeca Buenrostro respondió:
“Libre de impuestos y demás, 28 aproximadamente, 27 mil y cachito a la quincena”.
Sin embargo, la realidad dista mucho de lo publicado en el portal de Transparencia del ITAI BCS. La remuneración mensual de un comisionado es de 75 mil 135 pesos mensuales, es decir, 37 mil 567.5 pesos a la quincena, 10 mil pesos más de lo manifestado por la servidora pública.
Un comisionado del Instituto de Transparencia percibe 6 mil 240 pesos, más mil 308 de despensa y una compensación de 67 mil 587 pesos, lo cual suma 75 mil 135 pesos al mes, y hay más beneficios: un bono de inscripción otorgado apenas el 15 de febrero por 37 mil 567 pesos, y dos primas vacacionales -una en julio y otra en diciembre-, cada una por 37 mil 567 pesos.
No pueden faltar el bono de útiles escolares por 37 mil 567 pesos en la primera quincena de agosto, el ajuste de calendario en septiembre por 12 mil 522 pesos, un estímulo de fin de año por 37 mil 567 pesos y un jugoso aguinaldo de 100 mil 180 pesos, además de seguridad social por 249 mil 703 pesos, lo cual arroja un total de un millón 451 mil 860 pesos.
Eso cuesta cada uno de los tres comisionados de Transparencia en Baja California Sur, al año, 4 millones 355 mil 580 pesos, casi la mitad del presupuesto anual del Instituto.
La institución recibe un presupuesto de 10 millones 182 mil 726 pesos, menos 4 millones 355 mil 580 pesos, restan 5 millones 827 mil 146 pesos para personal, operatividad y gasto corriente. Esto es, 43% del presupuesto se va en el pago de tres personas, de 18 plazas registradas en la nómina del ITAI sudcaliforniano.
