De dos a seis años de prisión es lo que podría sancionarse a integrantes de agrupaciones que promuevan las llamadas terapias de conversión, pues representa -según diputados- un agravio a integrantes de la comunidad LGBTTTIQA.
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Con 20 votos a favor y 4 en contra, el Congreso del Estado estableció una penalidad para integrantes de agrupaciones que practiquen las mal llamadas “terapias de conversión”, en Baja California.
Este tipo de atenciones se ofrecen principalmente mediante vínculos con sectores religiosos, los cuales -supuestamente- brindan una atención a niños y adultos para que definan su orientación sexual hacia la heterosexualidad.
La tarde de este jueves 21 de abril, el Poder Legislativo sometió a consideración el dictamen número 2 de la Comisión de Igualdad, presidido por la diputada Michel Sánchez Allende, de Morena, pero que fue promovida por las diputadas Julia Andrea González y Evelyn Sánchez Sánchez, mismas que retomaron un proyecto del Parlamento de la Juventud.
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El planteamiento pretende adicionar un apartado en el Código Penal de Baja California, en torno a los delitos contra la orientación sexual, preferencia e identidad de género, además de otra serie de modificaciones de la Ley de Prevención y erradicación de la discriminación, mismos que básicamente definen un marco legal para sancionar las conocidas como “terapias de conversión”, donde se somete a una persona a una serie de presiones, ya sean físicas o psicológicas, para modificar su afinidad sexual.
Dicha medida ya se encuentra tipificada en otras siete entidades del país, por lo que Baja California se convirtió en la octava.
En contra se posicionaron las y los diputados del PAN, Alejandrina Corral Quintero, Amintha Briceño Cinco y Diego Echeverría; además de Miguel “Sammy” Peña, quien se identifica como legislador sin partido.
El resto de los legisladores presentes avalaron las medidas establecidas en la modificación legal.
Entre las posturas en contra destaca la de la diputada Alejandrina Corral, quien reclamó que este tipo de actos ya se puede encuadrar dentro de otro tipo de artículos dentro del mismo Código Penal, además de cuestionar el interés de promover la identidad de género por encima de la resolución de los verdaderos problemas de la entidad.
Criticó que no existe una base sustancial en la exposición de motivos, pues no cuenta con datos o información tangible que demuestre que se trata de una problemática real en la entidad.
“Estar efectuando una o varias de las conductas sancionadas, la iniciativa planteada contraviene el Código Civil, leyes de niñas y niños de los menores y el ejercicio de la patria potestad de los padres, e incluso la que ejerce la de protección del DIF Estatal”.
Por su parte, el diputado Juan Manuel Molina, consideró que la intención es sancionar a quienes crean que pueden cambiar la identidad de una persona, atentando contra sus derechos.
La iniciativa fue avalada y será publicada en próximos días en el Periódico Oficial del Estado.
