Aunque todos los excesos de Jaime Bonilla Valdez fueron muy públicos, más originados en su capricho que en las leyes, como cuando intentó -a costa de lo que fuera- incluso violentar la Constitución, ejercer un periodo de cinco años de gobierno, menospreciando los dos para los cuales fue electo hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le marcó el alto y determinó la inconstitucionalidad del quinquenio aprobado por el Congreso de Baja California, de los últimos líos que armó el ex gobernador junto a su secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, fue expropiar, en medio de la campaña electoral de 2021, las instalaciones del Club Campestre de Tijuana. Se fueron con todo. Los denunciaron de falsificar documentos, de manipular archivos históricos, de desaparecer información oficial. Que hicieron de todo para agenciar al Estado las tierras del Bulevar Agua Caliente. Pero nada, también fue espectáculo estratégico de campaña, pues hace unos días, el Juez Segundo de Distrito con sede en Tijuana, concedió a los asociados del Campestre, el amparo contra la expropiación ordenada por Jaime Bonilla. Como quien dice, otro revés judicial a las brillantes disertaciones legales de Rodríguez Lozano para sustentar los excesos de Bonilla. Uno más
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