Por acción, o por omisión, las autoridades mexicanas son cómplices en el aumento de muertes de periodistas, y no pueden evadir su responsabilidad.
No hay escolta por numerosa que sea, ni botón de pánico, ni patrullajes, ni Mecanismo de Protección suficiente, que impidan que los periodistas sean asesinados por criminales, llámense funcionarios corruptos, traficantes u otro tipo de delincuentes. Todos molestos porque los comunicadores cumplen con su trabajo, revelando información cuando cometen delitos, irregularidades, abusos, excesos.
La única actividad preventiva para evitar más muertes, es que el gobierno, a través de sus autoridades judiciales y policíacas, ponga a estos delincuentes tras las rejas, pero no sólo a los sicarios. Se trata de que lleguen hasta arriba, al que ordena, al que paga. Ese que tiene suficiente poder para comprar impunidad, voluntades y ordenar el asesinato de un periodista.
Todos los que pagan por el homicidio de un periodista, cometieron crímenes antes, por eso fueron expuestos ante la opinión pública, pero desde ese primer momento, la autoridad omisa evade su responsabilidad y siguen libres; después, amenazan a los reporteros y tampoco pasa nada, y como los delincuentes saben que no los van a detener, terminan matando a los comunicadores.
Al 15 de marzo de 2022, en apenas tres años, el gobierno de “la esperanza” y la “transformación”, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, suma 57 comunicadores asesinados. Con esos números, AMLO ya supera la cifra de periodistas aniquilados durante todo el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa (48) y el de Enrique Peña Nieto (47).
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“No hay impunidad” e “Insisto, no hay en ninguno de estos asesinatos, elementos para señalar como responsables a funcionarios públicos, servidores públicos”, fueron los argumentos que respondió en la conferencia mañanera López Obrador al periodista Rodolfo Montes, cuando tomó la palabra para reclamar el reconocimiento de un estado de emergencia.
Tras recordarle a todos los comunicadores muertos en su trienio y el reciente asesinato de Armando Linares López, director de Monitor en Michoacán, cometido 43 días después -15 de marzo- que un grupo de sicarios le dispararan a su compañero Roberto Toledo -31 de enero- frente a las oficinas, con puerta blindada, misma que impidió la muerte de otros tres reporteros.
López Obrador deslindó a los funcionarios y negó impunidad, ignorando el informe presentado en enero por Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, quien detalló que en el 43% de estas agresiones implican a servidores públicos. Y que de esos casi 60 casos, exclusivamente en cuatro existe una sentencia, y únicamente ocho están judicializados, sólo con autores materiales, lo que significa que el asesino intelectual es libre para seguir ordenando muertes. De nuevo, al no detener a los asesinos, los servidores públicos son responsables por omisión.
Del resto, nada, “las investigaciones siguen en proceso” y la calidad de esas indagatorias ministeriales merece otra revisión aparte, porque las familias en duelo y bajo riesgo se ven obligadas a reclamar a las autoridades.
En el caso de Fredy López Arévalo, fundador de la revista Jovel en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, asesinado el 28 de octubre de 2021, las autoridades no pudieron encontrar al asesino que se escondió por una semana en un hotel a unos metros de donde cometió el crimen, y cuando lo localizaron, fue dentro de un auto, incinerado, junto al supuesto autor intelectual del homicidio y con eso quieren cerrar el caso. Como si esas oportunas muertes no dejaran clara las existencias de “otro” y verdadero autor intelectual, quien continúa matando tranquilamente.
Luego el tema de los móviles, o el “no es periodista”, para deslindar. Que sí tenía otro trabajo, otros negocios, como en el caso de Linares y Toledo, con un despacho de abogados en el que llevaban casos penales, lo que, según los investigadores, resultó en amenazas de delincuentes. Pero ¿cuál fuera la causa? Sin importar la profesión o el desempleo de la víctima, tienen la obligación de resolverlo.
Habrá que agregar que tener más de una fuente de ingreso no es raro en el gremio, el periodismo libre no es precisamente popular y bien pagado. Y es obvio que para el Presidente de México sería muy fácil saber cuánto ganaban los periodistas asesinados. Ya vimos que ilegalmente presentó información sobre los supuestos ingresos de un periodista. El tema es que no le va a batallar para darse cuenta, que los sueldos de la mayoría de los reporteros, son numérica e infinitamente inferiores a los de los funcionarios. Por eso muchos recurren a más de un trabajo.
Con 110 mil asesinatos violentos a cuestas, lo peor que puede hacer el gobierno de “la esperanza” y la “transformación” es imitar la actitud de sus dos antecesores. Esos que, para justificar el aumento de homicidios y la falta de justicia, decidían revictimizar a los muertos, cuestionando su calidad moral o, peor aún, el trabajo de las víctimas, como si eso los eximiera de la obligación de investigar, capturar y sentenciar a funcionarios, integrantes de cárteles, de bandas delictivas responsables de sus homicidios.
Con 57 periodistas asesinados en tres años, tomémosle la palabra de cero corrupción e impunidad a López Obrador. Si ya decidió dedicar un día de manera periódica para insultar a periodistas en particular, denigrar con frases genéricas al gremio y generar un mayor clima de inseguridad y violencia para la prensa con su retórica. Entonces se le solicitó, a través del subsecretario Encinas, dedicar otro día, con periodicidad similar -en sus conferencias mañaneras-, para informar de los avances en las carpetas de los periodistas asesinados, empezar por los 57 -y contando- cometidos en su sexenio, para seguir con los otros 117 casos rezagados de 2000 a 2018, porque no se vale apostarle al olvido.
Está claro que no son “mata-periodistas” exclusivos, la mayoría son sicarios que han matado antes y seguirán haciéndolo. Al Presidente, a los gobernadores y a los fiscales, no se les está exigiendo nada que no esté en sus obligaciones. Se trata de darle justicia a los muertos y a sus deudos.
“Se va a dar un informe completo de seguridad en el país y se va a informar caso por caso de los periodistas asesinados”, subrayó AMLO, compromiso que tendrá que cumplir puntual y periódicamente: Por lo pronto y de entrada, se está quedando corto.
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