Aun con la denuncia interpuesta por el Poder Ejecutivo en contra de siete funcionarios de la pasada administración y otros representantes de la empresa Next Energy y Valorum Capital por su participación en el contrato que el Estado signó para la construcción de la planta fotovoltaica, existe un gran número de pendientes que -a casi cinco meses- no se han concretado en denuncias durante la gestión de Marina del Pilar Ávila Olmeda
La noche del 14 de marzo, a cinco meses de iniciada su administración, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda prometió en entrevista que no habría impunidad ni protección a funcionarios del extinto mandato de Jaime Bonilla Valdez, pero también, que no habría imputaciones que no estuvieran justificadas.
Asimismo, exhibió que existen investigaciones por parte de la Secretaría de Honestidad y Función Pública, donde en algunos casos se han solventado las irregularidades, pero en otras permanecen los casos abiertos.
“Están revisando a las autoridades correspondientes, pero sí se está revisando, sobre todo la Secretaría de Salud, donde hay más irregularidades como compras por temas de COVID que incumplieron con las formas, que se hicieron por las formas de manera inmediata. Queremos pensar que hubo buena fe, pero estamos revisando”, refirió a ZETA la jefa del Poder Ejecutivo estatal.
El gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda arrancó el 1 de noviembre de 2021 y, el 2 de diciembre, brindó su primera conferencia de prensa mañanera donde -sin dar detalles- anunció que habían detectado algunos contratos irregulares o abusivos por parte del pasado gobierno, los cuales serían anulados o renegociados, pero no hizo una sola referencia a sanciones administrativas o judiciales.
Más de cuatro meses se requirieron para que, mediante el asesor jurídico Juan José Pon y el secretario de Hacienda, Marco Antonio Moreno Mexía, la mandataria respondiera ante una primera denuncia formal por presuntas irregularidades en el convenio realizado con la empresa Next Energy, propiedad de la familia de José “Pepe” Maíz García, empresario beisbolero regiomontano, para la construcción de una planta fotovoltaica que abastecería de energía eléctrica al acueducto Río Colorado-Tijuana.
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Sin embargo, un gran número de señalamientos y acusaciones de corrupción deben ser aclarados por el actual gobierno, en aras de demostrar un cambio y fortalecer el Estado de Derecho, por lo que Ávila Olmeda y el fiscal general del Estado, Ricardo Iván Carpio, están obligados a dar seguimiento, incluso a las denuncias presentadas en 2019 contra funcionarios de la administración de Francisco Vega de Lamadrid.
A juicio del abogado Guillermo Rivera Millán, el Estado va diez pasos tarde en la investigación de posibles actos de corrupción por funcionarios de la administración de Jaime Bonilla Valdez. Mientras que el representante de Artículo 39, Armando Salinas, considera que el gobierno de Marina está plagado de kikistas y bonillistas, por lo que no cree que concluya en una responsabilidad legal seria.
LOS PENDIENTES DE MARINA
Para los abogados Guillermo Rivera Millán y Armando Salinas, así como para Octavio Sandoval López, presidente la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), existen pendientes clave para el actual gobierno, como el contrato de la planta fotovoltaica; los actos de extorsión emprendidos por la empresa auditora Fisamex; el caso conocido como los “moches”, donde fue exhibido el presunto pago de sobornos a tres funcionarios de Jaime Bonilla Valdez: Jesús Núñez Camacho, Cinthya Gisell García Soberanes y Amador Rodríguez Lozano, a cambio de millonarios contratos en el sector penitenciario.
A estos se debe sumar el contrato plurianual -avalado por el Congreso- de La Cosmopolitana para dotar de alimentación a los presos de Baja California, el cual ya se encuentra en un litigio civil, pero no se ha materializado en denuncias contra funcionarios; las notarías “regaladas” por Jaime Bonilla Valdez a sus amigos; o las irregularidades en el arrendamiento de inmuebles donde pretendía instalarse el Centro de Conciliación de Justicia Laboral, cuyas instalaciones en Tijuana estaban totalmente abandonadas y sin posibilidades para ser habitadas.
La Ley de Entrega y Recepción de los Asuntos y Recursos Públicos para el Estado de Baja California establece que todas las irregularidades deberán ser notificadas 45 días hábiles después de firmada la documentación de entrega, sin embargo, para el abogado Rivera y el titular de la Coparmex, este periodo no representa impedimento alguno para interponer denuncias en contra de servidores públicos que cometieron posibles actos de corrupción, pues en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California, se cuenta con un umbral de entre siete y diez años, dependiendo del delito.
Para Sandoval López y Armando Salinas, el principal problema por el que no avanzan las investigaciones contra el gobierno de Bonilla es que existen grandes conflictos de interés dentro de la administración pública, toda vez que varios funcionarios actuales fueron comparsas del pasado gobierno, ya sea como diputados o ex integrantes del equipo del empresario tijuanense.
Ambos señalaron a la secretaria de Honestidad y Función Pública, Rosina del Villar Casas, pero también al diputado Juan Manuel Molina; a Juan Meléndrez, secretario del Campo y Seguridad Alimentaria; a la titular de Inclusión, Miriam Cano Núñez; e incluso al actual contralor de la Secretaría de Salud, Mario Alzate Cruz, quien laboró dentro de Honestidad y Función Pública durante la gestión de Vicenta Espinosa.
Lo curioso es que tanto Marina del Pilar Ávila Olmeda como Rosina del Villar Casas, afirmaron que la institución donde han detectado mayores irregularidades en el flujo de efectivo y de nombramiento de funcionarios fue precisamente el sector salud de Baja California, concretamente en el tema de medicamentos.
Armando Salinas, representante de la agrupación Artículo 39, presentó una denuncia de hechos ante la Fiscalía General del Estado (FGE) el lunes 14 de marzo, con la intención de incluir a los diputados que signaron el contrato dentro de la investigación contra Next Energy y ex funcionarios bonillistas.
Aseguró que, al igual que Rivera y Sandoval, existe todo un marco jurídico que los sanciona, desde la Ley de Deuda hasta la Ley de Responsabilidades Administrativas, que establece claramente las omisiones cometidas por los diputados, los cuales -consideran- no pueden lavarse las manos al argumentar que no tenían conocimiento de lo que aprobaban.
SHFP INICIÓ INVESTIGACIÓN POR FOTOVOLTAICA DESDE EL 12 DE NOVIEMBRE
Para Rosina del Villar Casas, estos temas se están revisando por parte del equipo de auditores del Estado, pero primero es necesario reforzar las herramientas de la Secretaría de Honestidad y Función Pública.
Cuando ella asumió el cargo, apenas tenía dos investigadores disponibles, por lo que en las primeras semanas se enfocó en reforzar el área para lograr una mejor operatividad.
Refirió que desde el 12 de noviembre de 2021 inició una carpeta de investigación sobre la planta fotovoltaica, pues se recibió una denuncia anónima precisando que la licitación se había hecho “a modo”, con el objetivo de favorecer a Next Energy. Sin embargo, no habían interpuesto denuncia formal -asegura- porque continúa integrándose la carpeta sobre el caso.
Respecto a los señalamientos de conflicto de interés, la titular de Honestidad y Función Pública negó tales aseveraciones, con el argumento que dirigió la Comisión de Hacienda durante varios meses, pero debido a que cada documento que le llegaba del Poder Ejecutivo lo revisaba y cuestionaba, poco a poco le fueron reduciendo su capacidad de operación desde el Estado, al grado que llegó un momento que ya no le proporcionaban datos para elaborar dictámenes. Este conflicto político avanzó a tal grado que Del Villar fue removida de la Comisión de Hacienda por sus compañeros, debido a peticiones del Poder Ejecutivo.
Además, refiere que nunca recibió la preparación de los dictámenes de la planta fotovoltaica, puesto que se hicieron mediante un trabajo de comisiones unidades de Energía y Hacienda -dirigida por Elí Topete Robles-, a la cual no fue invitada.
Cuando el tema fue subido a Pleno, conversó con la legisladora -hoy finada- Carmen Hernández, quien le dijo que el proyecto tenía buenas intenciones, al autorizar al Estado la posibilidad de firmar un contrato con un suministrador calificado para satisfacer la necesidad eléctrica del acueducto.
Del Villar Casas reconoció que nunca tuvo todos los documentos frente a ella, pero por lo poco que pudo conocer, era un proyecto viable y benéfico, puesto que -en el papel- se ahorrarían 300 millones de pesos al año, ya que la autorización obligaba a que el costo del servicio fuera menor al que otorgaba la otra empresa –Sumex-, lo cual no ocurrió.
Con el subejercicio, brindarían mantenimiento profundo al acueducto, el cual ya requiere una inversión profunda.
Ahora que tuvo la posibilidad de revisar todos los contratos, la funcionaria se dio cuenta que el proyecto no tiene nada que ver con lo que se presentó en el Legislativo, puesto que no se contemplaba la construcción de una planta que no contaba con los permisos conducentes.
Juan Manuel Molina García mantuvo un discurso similar, pero al ser cuestionado sobre una reserva que presentó para permitirle más tiempo a Next Energy en conseguir los permisos federales, dijo que fue a petición del Poder Ejecutivo.
Agregó que si bien el permiso fue negado a Next Energy, nunca se cuestionó lo que el Congreso autorizó. Rosina del Villar Casas aseveró que la empresa signó el contrato el 15 de octubre, es decir, el último día que se autorizó al Estado contraer el compromiso.
Otra de las irregularidades que no se contemplaban en lo enviado al Poder Ejecutivo, es que una comisión interinstitucional sería la encargada de seleccionar a la empresa, donde cabe señalar, no había ningún abogado, como puede constatarse en las firmas del contrato.
La funcionaria estatal indicó que en el caso de Fisamex ya cuentan con una robustecida carpeta de denuncias interpuestas en contra de los actos de la empresa, misma que ya se está analizando. Y confirmó, muchas de las carpetas llevan avances importantes hasta en 85%.
En un gran número de las más de 900 observaciones que han detectado, lo más seguro es que se concluya en responsabilidades penales o al menos por la vía administrativa. Actualmente están trabajando con Auditoría Superior de la Federación y la Función Pública federal, para investigar los pendientes del pasado gobierno y solventar -o sancionar- las irregularidades presentadas.
Respecto a la poca información que se maneja, Del Villar Casas comentó que durante los casi cinco meses de que asumió el cargo, es porque han tratado de ser cuidadosos para evitar que los implicados se enteren.
Aunque la funcionaria se negó a informar al respecto, ZETA logró identificar que ya hay dos amparos interpuestos directamente contra la Secretaría de Honestidad y Función Pública por posibles investigaciones, una de estas, en contra de Alejandro de la Vega Valladolid, representante de Aguas de Rosarito, compañía encargada de la construcción de la polémica desalinizadora de Zona Costa, proyecto de la administración de “Kiko” Vega.
SERÍA IMPORTANTE TENER UN FISCAL ANTICORRUPCIÓN: CARPIO
En opinión del fiscal general del Estado, Ricardo Iván Carpio, la designación de un fiscal Anticorrupción sería una herramienta importante para especializar este tipo de actos, pero mientras se determine la selección por parte del Congreso del Estado, la institución a su cargo puede indagar los casos.
En entrevista, Carpio Sánchez afirmó que están vigentes investigaciones contra el ex gobernador Vega de Lamadrid y hasta el momento sólo se ha interpuesto una denuncia en contra del mandato encabezado por Jaime Bonilla Valdez, concretamente contra siete ex funcionarios.
“En los años anteriores estamos en proceso de revisar cuál es el estado que guardaron y se llevaron a cabo, entiendo que algunas no están con futuro que puedan prosperar jurídicamente, pero en las actuales denuncias no podría mencionar detalles, pero sí son siete personas relacionadas con ciertos delitos”, confirmó el fiscal, para agregar que, en el caso de la ex primera dama Brenda Ruacho de Vega, ya no podrá fincarse responsabilidad porque se dirigió mediante medidas alternas.
Por último, confirmó que para la investigación relacionada con la planta fotovoltaica, optaron por conformar un equipo especial de trabajo que se aboque a este tipo de investigaciones, donde ya se están sumando varios elementos.
