La hoy secretaria de Honestidad y Función Pública, Rosina del Villar Casas, fue diputada de la XXIII Legislatura, que aprobó al gobierno de Jaime Bonilla Valdez, contratar el fallido proyecto de Next Energy, para construir una planta fotovoltaica que surtiera de energía al acueducto Río Colorado-Tijuana.
El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) Octavio Sandoval López, cuestionó a los diputados de la XXIII Legislatura, que fue la encargada de aprobar el dictamen -por medio de una dispensa de trámite- que permitió al Poder Ejecutivo del bienio pasado, encabezado entonces por Jaime Bonilla Valdez, contratar a la empresa Next Energy para la construcción de una planta fotovoltaica.
La intención de este proyecto dojo en su momento Bonilla, otorgar una independencia energética a Baja California, pero en vez de eso dejó una responsabilidad de 123 millones de pesos mensuales y una planta que no se ha construido, luego de varios retrasos respaldados por el Poder Ejecutivo anterior, pese a que el compromiso firmado era arrancar operaciones el pasado 1 de febrero de este 2022.
En conferencia de prensa realizada la mañana de este martes 15 de marzo, el presidente del organismo patronal, reclamó que diputados como Juan Manuel Molina y otros que participaron y aprobaron el decreto, de este proyecto, que no tuvo los permisos federales ordenados por la Ley. ahora, se deslinden, para no asumir su responsabilidad en el desastre económico que representa el contrato de la planta fotovoltaica, mismo que de rescindirse representaría un golpe de 12 mil millones de pesos que tendría que pagar la actual administración.
Sandoval López aseveró que los 19 diputados que avalaron el proyecto, ni siquiera lo leyeron y afirmó que disposiciones legales como la Ley de Deuda Pública y de Responsabilidades de Servidores Públicos, entre otras, son claras al definir que los legisladores debieron tener pleno conocimiento del proyecto que estaban analizando.
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Agregó que ya sabían que la producción de energía eléctrica era una cuestión que requería permisos del Gobierno de México, y pese a que éste último les informó que no lo recibirían, continuó con el proyecto.
“Los proyectos financieros no se hacen a 30 años, por favor, se hacen a 5 ó 10 años, no puede ser un proyecto financiero a 30 años donde involucres tecnología que se renueve cada 10 años, lo que hicieron en 2010 ya lo tienen que renovar porque en 10 años se vuelve obsoleto. En palabras sencillas, las celdas se queman con el Sol, aguantan 10 años de Sol y se deben cambiar”
Agregó que lo que se presentó al Congreso del Estado debió tener una serie de lineamientos para que los legisladores pudieran revisarlo, como un estudio de impacto-beneficio; de viabilidad financiera, jurídica, entre otras, pero los legisladores no se ocuparon en solicitar o exigir la información necesaria.
Sandoval López comentó que varios de los diputados que avalaron este aberrante decreto, actualmente ocupan cargos dentro de la administración estatal o dirigen municipios, pero enfatizó su comentario hacia la secretaria de Honestidad y Función Pública, quien avaló los proyectos de Bonilla y ahora es la encargada de investigarlo.
El representante empresarial también dijo que este es un gran reto para el fiscal Ricardo Iván Carpio, puesto que es necesario que las acusaciones -tan claras- se materialicen en sanciones
