Por el caso Jonathan Hernández Ascencio, asesinado en La Paz el 4 de marzo de 2010, la familia del joven se enfrenta al gobernador Víctor Castro Cosío, exigiendo justicia y reparación del daño
A 12 años del homicidio del joven abogado Jonathan Hernández Ascencio, ocurrido el 4 de marzo de 2010 a las afueras del entonces bar Las Micheladas, en la Zona Dorada de La Paz, por el delito se abrieron las carpetas LPZ/010/HOM/2010 y una nueva cuatros años después: LPZ/028/HOM/2014.
Los familiares siguen exigiendo justicia, ya que con el paso de los años, el expediente se ha viciado de fondo. Al menos cinco personas han sido encarceladas por el delito, pero han sido absueltas por falta de pruebas en su contra, incluso se han cometido atropellos contra inocentes.
“Como la dejaron los otros, así está, las últimas declaraciones del procurador fueron que había algunas investigaciones, yo no he ido a ver cuáles son las nuevas investigaciones, a mí no me corresponde, creo que el compromiso lo tienen ellos, lo tiene el gobernador. No tengo por qué andar exigiendo justicia a nadie, ese es su compromiso, es su trabajo, es su obligación del gobernador y de las demás instituciones”, declaró Daniel Hernández Aguirre, padre de Jonathan.
Tanto él como la familia ya se cansaron de esperar, dado que cuatro gobernadores no lograron capturar a los responsables, luego de transcurrir la gestión de Narciso Agúndez Montaño, del Partido de la Revolución Democrática; los panistas Marcos Covarrubias, Carlos Mendoza Davis; y ahora Víctor Manuel Castro Cosío, de Morena.
Entre los imputados y detenidos en su momento por su presunta participación en el asesinato de Jonathan, figuran: Emilio González Rubio Ojeda, sobrino del entonces procurador Fernando González Rubio Cerecer, detenido junto con Alonso Jazziel Soto Murillo y Carlos Alejandro Castro Castro, este último sobrino del actual gobernador, Víctor Castro Cosío, días después del homicidio y pertenecientes a la banda conocida como “Los Bebos”.
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Además, fueron detenidos Gary Gaines Hidalgo en Estados Unidos -extraditado un año después- y Daniel Sánchez Ávila en septiembre de 2012, a un año de entrada del gobierno de Marcos Covarrubias Villaseñor.
Sin embargo, todos fueron absueltos, algunos inocentes de los cargos y otros por una mala integración de la carpeta de investigación.
“La manifestación empezó desde el tercer día que mataron a mi hijo, hace 12 años, esta nueva tiene desde que entró Víctor Castro, mientras tenga dinero para comprar las lonas, porque no hay mucho dinero, por el sol, el viento y todo, aquí vamos a seguir; parece ser que a Víctor le vale, ya es hora de que quieran tapar el sol con un dedo, aquí es la preocupación es que si a los hijos de Narciso les dieron cargos públicos, al rato ‘Los Bebos Junior’ van a tener cargos públicos también, porque estas personas son señaladas desde un principio, no es posible que estas personas estén en cargos públicos”, lamentó el padre de la víctima.
Según Daniel Hernández Aguirre, la impunidad ha prevalecido durante más de una década. Narciso Agúndez fue encarcelado, pero por delitos como peculado; sin embargo, la familia reitera que hay involucrados con relación directa con el ex mandatario.
“La realidad es que entre gobernadores tienen códigos de no tocar a sus hijos, se pueden meter a la cárcel ellos entre gobernadores, pero los hijos no se tocan, esa es la situación. Mientras exista el código, los presuntos asesinos de mi hijo van a andar libres, hay señalamientos directos donde fue Narciso Agúndez quien mandó matar a mis hijos, yo creo que le corresponde a la procuraduría, le toca investigar esas versiones que hay; hay versiones directas, de hecho testigos me lo han dicho, pero no se animan a declarar, gente que estuvo esa noche ahí, donde el hijo de Narciso, el que está en la API (Administración Portuaria Integral), se llama Narciso. Quién sabe qué, él fue el que se brincó el barandal y fue el que mató a mi hijo y que correteó a mi otro hijo”, denunció Hernández Aguirre.
Por otro lado, reporteros de ZETA entrevistaron a Narciso Agúndez Gómez, hijo del ex gobernador, quien se desempeña como director de la API y fuera señalado directamente por el padre de Jonathan.
Agúndez negó toda participación en el suceso por el que lo señala la familia, ya que, cuando ocurrió el homicidio, él se encontraba estudiando en Monterrey, Nuevo León.
“Totalmente incierto, yo ni siquiera vivía aquí en el Estado, yo estudié en Monterrey cuando sucedió lo de su hijo, entonces no, totalmente falso. Algo tiene que decir, pero no es conmigo”, expuso Agúndez Gómez.
Por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) han pasado y dado carpetazo tras tener el caso en sus manos:
– Fernando González Rubio Cerecer (durante el gobierno de Narciso Agúndez)
– Karim Francisco Martínez Lizárraga (Agúndez)
– Gamil Arreola Leal (Marcos Covarrubias)
– Adonaí Carreón Estrada (Covarrubias)
– Erasmo Palemón Alamilla Villeda (Carlos Mendoza)
– Daniel de la Rosa Anaya (Mendoza y actualmente con Víctor Castro)
Seis procuradores no han podido integrar la carpeta que informe a la ciudadanía, menos aún a la familia de quién o quiénes participaron en el homicidio del joven abogado.
“Desgraciadamente los expedientes han sido viciados durante cuatro administraciones, creo que Víctor ya no puede estarse haciendo pendejo, aquí hay una realidad, aquí no se puede estar tapando el sol con un dedo. Víctor Castro tiene que exigir justicia para el caso de Jonathan, si no, va a ser su piedrita en el zapato como todos los gobernadores, tiene que aclararlo, porque ahí andan los asesinos de mi hijo en la calle, ya con cargos públicos. Al rato en las próximas campañas, ‘El Bebo’ va a querer ser diputado, y va a ser, mientras siga Morena, va a ser diputado ‘El Bebo’”, lanzó Daniel Hernández.
AQUELLA MADRUGADA EN LAS MICHELADAS
En el expediente de más de mil 280 hojas, que se contaban hasta hace algunos años, existen declaraciones sobre los hechos, en las que testigos manifiestan haber escuchado al menos cuatro detonaciones de arma de fuego.
Refiere el testigo que ayudó a uno de los lesionados que entre las 02:30 y 03:00 horas del 4 de marzo de 2010, lo trasladó en su automóvil –Honda Accord modelo 1995, de color azul y cofre negro- al Hospital Salvatierra.
“Nos encontrábamos en la parte de arriba, en el segundo piso del bar Las Micheladas, viendo un partido de fútbol el de México contra Nueva Zelanda y estábamos tomando cerveza, entre las 2:30 y 3 de la mañana se escucharon detonaciones de arma de fuego. Yo escuché como 4 detonaciones, las personas que estaban al frente, corrieron a la barra de Las Micheladas y comentaron que mataron a alguien. Vimos a un muchacho tendido en el suelo sin moverse y otra del sexo masculino tomandose (sic) la parte del cuello, y le mire sangre donde se estaba agarrando, repitiendo esta persona ayudame (sic)”, refiere el testimonio.
La persona no confirmó en la grabación en video si se trató de Daniel Hernández Ascencio, hermano de la víctima, o de su primo hermano, Héctor Hernández.
Lo que sí reveló, que en los primeros minutos después del incidente, el lesionado dijo quién intentó asesinarlo y privó de la vida al joven Jonathan.
“Corrí a mi carro, di reversa y manejé de frente para llegar al lugar, entonces mi amigo abrió la puerta de enfrente del carro y lo subimos al frente, en el copiloto del carro, y lo llevé rápidamente al Hospital Salvatierra, quedándose en el lugar mi amigo. Durante el camino al hospital, esta persona me dijo ‘Me disparó el hijo del gobernador’, repitiendo esto varias veces”, se escucha en el video al que da lectura el secretario de Acuerdos de la Mesa 2 del Juzgado Primero del Ramo Penal en Baja California Sur.
Dicha testimonial fue expuesta en diferentes medios de comunicación dos semanas después del homicidio, junto con un supuesto video del momento del asesinato en Las Micheladas.
La grabación, aparentemente de una cámara de vigilancia, es de muy mala calidad, muestra lo que parece ser la zona del malecón y el bar involucrado, dos vehículos estacionados y posibles destellos que podrían ser disparos.
“Lamentablemente el caso ha sido viciado en mucho, personas han pasado por la cárcel, muchas de las veces aparentemente fue presión social que se buscó dar algún resultado, incluso de haber responsabilidad de alguno de los que ya fueron puestos en libertad, es muy difícil que puedan ser llevados de nuevo a Corte”, reconocería a ZETA una fuente de la PGJE.
Supuestamente esa noche, los jóvenes Hernández estaban en la planta baja del bar y, al retirarse, a las afueras fueron agredidos a tiros. Jonathan murió en el lugar, mientras que Daniel presuntamente corrió y fue perseguido a tiros, recibiendo tres impactos; a Héctor se le impactó un balazo en la nuca.
Desde ese momento inició el calvario de la familia, y ante la falta de oficio de las autoridades y por mostrar resultados en su momento, encerraron a personas, violaron procedimientos y hasta inocentes cayeron en la cárcel, sin responsable del delito hasta la fecha.
En su momento, el abogado Bernardo Soriano Castro era agente del Ministerio Público y tomó las riendas de la investigación como fiscal especial. Actualmente titula la Subprocuraduría de Atención a Delitos de Alto Impacto (SADAI) de la PGJE.
FUERTES SEÑALAMIENTOS DE LA FAMILIA
La familia de Jonathan estableció tres puntos para hacer presencia en su denuncia, colocando tres camionetas con lonas exigiendo justicia, todas con el rostro del joven y la leyenda “Justicia para Jonathan”: en la explanada del Palacio de Gobierno, en la entrada norte de La Paz y en la PGJE.
Los reclamos hacia el gobernador Víctor Castro no se hicieron esperar, y a 12 años del terrible suceso, el 4 de marzo, el padre de la víctima hizo un llamado al Ejecutivo estatal:
“Que deje de hacerse pendejo y haga justicia, y no nada más para mí, hablo en general, yo debería referirme para mí nada más, pero al rato la gente se va a empezar a quejar, ahorita con esas manipulaciones, cortinas de humo de que están atendiendo a todo mundo, los compromisos se los lleva el viento. Al rato que no empiecen a cumplir, la gente se va a empezar a manifestar. Le quiero decir a Víctor Castro que no es López Obrador, ellos no son López Obrador; Víctor Castro tiene historia aquí en Baja California Sur, todos sabemos quién es Víctor Castro, quién Omar Zavala, Homero Davis, no porque hayan entrado al grupo de Morena ya se convirtieron en santos. Víctor Castro debe responderles a las víctimas de este Estado y cumplirles”.
Añadió que debió pasar un mes desde que sostuvo un encuentro con el mandatario y le solicitó cumplir y aplicar la justicia en su caso, además de la reparación del daño.
Incluso, Daniel Hernández recuerda que en la reunión, Castro reconoció que su sobrino estuvo implicado en las investigaciones.
“Yo me entrevisté con Víctor, lo acabo de ver hace como veinte días, le dije: Sabe qué quiero, lo que quiero es que se me haga justicia y se me repare el daño, porque si a mí me hubieran hecho justicia desde el primer día, yo no tenía por qué haber pagado ningún pinche cinco, tuve que acabar con el patrimonio de mi familia para pagar abogados, doctores. No le da pena a Víctor Castro que me esté manifestando aquí, él me lo dijo allá arriba en Palacio: ‘Yo me siento muy apenado porque hasta un sobrino mío estuvo involucrado’, pues sí, mételo a la cárcel, él mismo me lo está diciendo. No dijo: ‘Ay, me da mucha pena que estén acusando’, no; dijo que le daba pena que un sobrino esté involucrado, y ellos mismos me grabaron”, señaló el padre del joven ultimado.
La fuente de la PGJE reconoció que se debe reabrir el caso e iniciar desde cero, pues faltan muchos documentos en el expediente, declaraciones, pero todo depende de la instrucción que se brinde, ya sea reiniciar el caso, o continuar con lo que ya se tiene en el archivo, incluso llamar a más testigos a declarar.
“Ahí están las pruebas, los testigos que desaparecieron, que torturaron, que golpearon. No lo hacen porque ellos no quieren, porque protegen a sus parientes. Todos los casos se aclaran, yo no puedo decir nada de la Procuraduría o del procurador, el problema es que si el gobernador les dice ‘No aclaren el caso Jonathan’, no lo van a aclarar, le dan prioridad a otros y van dejando a lo último, cuando mi caso debió aclararse desde el día que mataron a mi hijo, por los testigos”, denunció Daniel Hernández.
Ante los sensibles señalamientos, el padre de Jonathan Hernández Ascencio hizo responsables de lo que pueda pasarle a él o su familia, a funcionarios públicos: “Hago responsables a Víctor Castro, a ‘Los Bebos’, a Omar Zavala, a Homero Davis y a los otros tres (ex) gobernadores, si algo me pasa a mí o mi familia, los hago responsables, los hago responsables”, reiteró.
PADRE DE LA VÍCTIMA SE ENFRENTA AL GOBERNADOR
El 15 de marzo, el Congreso de Baja California Sur llevó a cabo la apertura del Segundo Período Ordinario de Sesiones, con la presencia de Víctor Castro Cosío, y, justo antes de culminar oficialmente el evento, Daniel Hernández irrumpió en la sala, exigiendo justicia para su hijo.
Con una serie de reclamos hacia el gobernador y en medio de gritos, se clausuraron las actividades legislativas.
Al entrevistar al Ejecutivo, la interrogante fue qué pasará con el caso Jonathan, y su respuesta fue: “Ya los atendí, la verdad ahorita no se escuchaba, pero yo ya lo atendí”, lo que sin duda causó molestia entre familiares del joven asesinado.
Aquí parte de la interacción entre Daniel Hernández y el mandatario:
DANIEL HERNÁNDEZ (DH): Víctor, quiero justicia, no que me atiendas.
VÍCTOR CASTRO (VC): Ah, bueno, yo no aplico la justicia, primero.
DH: Quiero justicia.
El encuentro subió de tono, el Ejecutivo perdió los estribos ante los manifestantes y, fuera de sí, alzó la voz:
“¡Déjame hablar! Yo te he escuchado con todo respeto”.
DH: Ya los he dejado hablar mucho y se han burlado de mí siempre, todos ustedes. ¿Por qué no separas a esos canijos de sus cargos? Están señalados por el pueblo, participaron en el homicidio de mi hijo.
VC: Yo no sé.
DH: Tú nunca sabes nada. Ni oyes tampoco.
VC: ¿Me dejas responder?
DH: No, no te dejo hablar. Quiero respeto, respeto, quiero justicia. Justicia, Víctor, ¿Por qué no te comprometes?
VC: En este caso es un asunto de la Procuraduría, yo no imparto justicia.
Daniel Hernández Aguirre hizo una solicitud muy precisa y contundente, su principal petición era que Víctor Castro Cosío se comprometiera públicamente a castigar a los asesinos de su hijo. En cambio, recibió un “¡Retírate!”, como si no hubiese interés en atender la petición.
DH: Comprométete a que vas a castigar a los asesinos de mi hijo. Eres un cobarde, eso es lo que eres.
VC: No, oye, respeta tú.
DH: No respeto, y méteme a la cárcel si quieres, llévame a la cárcel.
VC: No, por qué, ¡retírate!
Familiar de Víctima: Lo que debería hacer, gobernador, es ponerse a trabajar, y no ir a las comunidades lejanas con las manos vacías, ¿qué no recogiste la problemática cuando eras candidato? Vas como gobernador a los pueblos más lejanos de la entidad y ¿sabes cómo vas? Con las manos vacías. Lleva soluciones. Tienes un gobierno ineficaz, y tienes todo para hacer un magnífico gobierno.
DH: Llevas seis meses ya, te has reído y sólo te has burlado. Dígale a la procuraduría.
VC: No, señor, públicamente yo te traté con respeto en una reunión privada. Quieres que yo haga (pública), lo qué me propones. ¿Qué propusiste? ¿Qué propusiste?
DH: Lo que tú quieras decir no me interesa.
VC: A mí sí.
Casi tratando de ridiculizar a la familia frente a los medios, el gobernador echó en cara que Hernández pretendía obtener recursos financieros, como si una víctima no tuviera derecho a la reparación del daño.
DH: ¿Quieres que te lo diga? Que me repararas el daño y que hicieras justicia, eso fue todo lo que te dije.
VC: ¿Cuánto pedías?
DH: Lo que he gastado durante once años con ustedes, protegiendo a los hijos, me hicieron gastar.
VC: Yo no puedo pagar.
DH: No, pues tú no puedes nada.
VC: No puedo, la justicia te va a dar su fallo.
DH: A quién se lo pido, ¿a Narciso?
VC: Él sabe bien (cuánto pedía).
DH: Ni un peso, pedía que me reparara el daño.
VC: ¿Cuánto era el dinero?
DH: Usted tiene que investigar cuánto me he gastado.
VC: ¡Meh!
Ante el cuestionamiento de la prensa respecto a si las víctimas no tienen derecho a que les reparen el daño, Daniel Hernández respondió: “Claro que tengo derecho”.
Después de varios minutos de hacerse de palabras el gobernador y el padre de Jonathan, los manifestantes se apartaron, para dejar que Víctor Castro hablara ante los medios de comunicación.
“La justicia tiene que imponer y yo no soy, la procuración de justicia está en otro lado, quiero decirle al pueblo que estos asuntos que tienen ya años, yo no puedo reparar el daño en el monto que esta persona me exigía, y por supuesto que no voy a dar un cinco del gobierno para un asunto que está dentro de los tribunales”.
No conforme, Castro revictimizó a la familia que solicitaba justicia y la reparación del daño, tras 12 años de exigir se aplique la Ley contra quienes, según la familia, han sido protegidos por la autoridad al viciar la investigación.
“El caso de este asunto se resolvió, tengo entendido, yo no puedo dar respuesta a esto, creo que el procurador, vale la pena que lo determine, y quiero decirle al pueblo de Baja California Sur: he sido muy respetuoso, al padre de este muchacho lo recibí, lo atendí, pero sus pretensiones financieras yo no puedo resolverlas, es mucho dinero. Son millones que pide de reparación del daño, yo por qué voy a utilizar recursos para atender un asunto de carácter judicial. Creo eran cinco o seis millones de pesos”, concluyó Castro Cosío.
NARCISO AGÚNDEZ HABLA SOBRE SEÑALAMIENTOS
Las acusaciones de Daniel Hernández Aguirre son duras y directas contra familiares y la manera de ejercer la justicia durante el sexenio de Narciso Agúndez Montaño. Pocas veces se ha tenido la oportunidad de escuchar su versión después de que dejó el cargo.
Lo que el papá del joven asesinado ha evidenciado en cada una de sus declaraciones, es que nadie ha podido resolver el caso.
“Por qué creen que desfilaron tantos procuradores, porque algunos no se animaban a revisar el expediente. Los últimos procuradores viciaron el expediente, liberaron, los exoneraron y salieron como angelitos los que estaban detenidos, porque ya estaban amenazando que iban a hablar y que iban a decir que el hijo de Narciso, el hijo de este, tuvieron que liberarlos”, afirmó Hernández Aguirre.
En respuesta a tales señalamientos, el ex gobernador explicó a reporteros que la familia de Jonathan tiene todo el derecho de buscar justicia, y cuando eso estuvo en sus manos, hizo justicia y se encerró a los responsables. Sin embargo, la administración de Marcos Covarrubias los liberó.
“Está en su derecho el papá de buscar justicia, en su momento fue mi responsabilidad, se investigó, se halló al culpable, se encarceló, llegó otro gobierno y lo dejó libre, creo que ahí estuvo. Ahora sí que por cuestiones meramente políticas lo dejaron libre, y ahí cada quien tiene su responsabilidad”, defendió Agúndez Montaño.
Sobre las insinuaciones de que sus familiares están involucrados en el delito, aseguró que ellos pueden decir muchas cosas, pero se actuó con legalidad y se capturó a los responsables.
Aunque de esto, las mismas pruebas descartaron a los detenidos, sobre todo porque gran parte de la evidencia no fue exhibida en el caso, como el video de vigilancia, se omitieron declaraciones y las pruebas de Rodizonato de Sodio, que específicamente se hacen para saber si una persona disparó un arma fueron negativas.
“Bueno, ellos pueden decir muchas cosas, pero nosotros teníamos los argumentos claros, porque todo mundo señalaba a la persona, hasta los mismos que presenciaron el evento, era un grupo de jóvenes. Creo que, yo estoy acuerdo que tiene el derecho de pedir justicia, sin embargo, pues ahora sí que el gobierno dejó libres a los supuestos delincuentes, pues creo que ahí está el error”, sostuvo el ex mandatario.
Gary Gaines Hidalgo fue absuelto porque no coincidía su vestimenta ni la descripción física del agresor, y Daniel Sánchez Ávila comprobó que ese día ni siquiera estuvo en Las Micheladas.
“Quienes tienen responsabilidad en los gobiernos, pues son los que deben de dar cuenta, yo dije, se aplicó la Ley, se detuvo a las personas, se trajo desde Estados Unidos a la persona, se encarceló y lo dejaron libre”, insistió Narciso.
Para concluir, se refirió a la responsabilidad que recae en Víctor Castro, enfatizando que el gobernador en turno debe tomar riendas en el asunto, y de ser necesario, reabrir el caso para investigar a fondo: “Es su responsabilidad como autoridad, por supuesto, tiene que decir, pero creo que en el fondo también lo politizan mucho. Indebidamente dejaron libres a los culpables, claro, hoy le toca la responsabilidad al profesor Víctor, tratar de resolver, se tendría que volver a iniciar (el caso)”.
