A más de 3 años y tres meses de haber solicitado licencia como senador de la república, el exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez regresa a su escaño en la Cámara Alta.
Este viernes 25 de marzo de 2022, el exmandatario envió a la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero, una misiva en la que da a conocer su “determinación” de reincorporarse a partir de esta fecha a sus actividades legislativas como integrante de las legislaturas LXIV y LXV.
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La reincorporación de Bonilla Valdez al Senado se da en medio de una denuncia contra funcionarios de su administración por el contrato ventajoso a Nex Energy, empresa que desarrollaría una planta fotovoltaica en Mexicali para proporcionar electricidad al Acueducto Río Colorado-Tijuana y que al final no consiguió los permisos federales, pero por la que se descontaron 123 millones de pesos de las participaciones federales.
Y luego de que el ex mandatario -de quien la UNAM negó que haya sido alguna vez estudiante de ingeniería en esa institución académica- hizo trascender que había sido invitado a formar parte del gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador, como nuevo subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación. Pese a que el cargo que no existe en la dependencia que encabeza Adán Augusto López.
El 6 de diciembre de 2018 (con poco más de dos meses de trabajo como legislador de Morena), Bonilla Valdez solicitó licencia al Senado para ser delegado único en Baja California, una vez que AMLO asumió el poder. En su escaño quedó Gerardo Novelo Osuna, quien entonces era su suplente.
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Con tres meses en el cargo de “súper delegado”, el 19 de marzo de 2019 Bonilla Valdez dejó esa responsabilidad para ser candidato a la gubernatura de Baja California.
En los comicios de junio de ese año logró ganarla y el 1 de noviembre de 2019 rindió protesta como gobernador.
Ya antes tuvo lugar un escándalo de corrupción, en el que se acusó a quienes posteriormente formaron parte de su gobierno de haber pedido “moches” a cambio de dar contratos.
En los dos años de su gestión los escándalos siguieron. Uno de los más controversiales fue su intención por extender su mandato de 2 a 5 años mediante la llamada “Ley Bonilla” que el 11 de mayo de 2020 la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional y un fraude a la Carta Magna.
La contratación de una empresa llamada Fisamex que hizo fiscalizaciones a cuentas de usuarios de agua industriales y comerciales que fueron señaladas como ilegales por empresarios y por las que el gobierno pago más de 300 millones de pesos y que lo llevo a una confrontación fue otro de los muchos escándalos.
