La delincuencia organizada encabezada por Juan Antonio alias “El Güero Boco”, cobra piso y extorsiona a pescadores de Puerto San Carlos en BCS. Autoridad estatal desestima las denuncias
Hasta hace unas semanas, el control que el narcotráfico tenía en la pesca era un secreto a voces, apenas conocido entre pescadores y los habitantes de Comondú, pero para el Gobierno de Baja California Sur, esto no era un tema a discutir, mucho menos a investigar.
Sin embargo, el panorama cambió con la denuncia que hizo el Obispo Miguel Ángel Alba Díaz el 23 de enero:
“Hoy las bandas ya no pretenden eso (control de droga), pretenden el control absoluto de nuestras comunidades, les quitan a nuestros pescadores el fruto de su pesca y les dan a cambio migajas de dinero”.
La denuncia recibida en la Mesa de Seguridad de Baja California Sur, negada hasta el cansancio por el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío, pone de manifiesto el control de la pesca en Puerto San Carlos, comunidad pesquera de Comondú.
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Según informes extraoficiales, miembros de la delincuencia organizada vinculados a “El Tiburón” mantienen secuestrado a Puerto San Carlos y a la comunidad privada de la pesca, aunado a la compra de insumos y el cobro de piso y extorsión.
Elementos de Seguridad Pública filtraron la estructura criminal que opera el guaterismo en la comunidad, encabezada por Juan Antonio alias “El Güero Boco” vinculado directamente a “El Tiburón”. Le apoyan Leonardo Rafael, Benito López Duarte “El Beni”, Jesús Alberto Sepúlveda Naranjo “El Cepillo”; además de “El Catarino” -jefe de plaza en San Carlos- y su pistolero, de apodo “El Pelón”.
A pescadores y sus familias, les piden porcentajes de venta o les compran el marisco a precios por debajo del mercado, especies como almeja generosa, camarón abulón, langosta y pepino de mar.
“Mi esposo prefirió salir del mercado, ni camarón que hay están dejando sacar, a uno de sus primos lo levantaron, no quería pagar piso y lo tablearon, apenas el fin de semana desapareció y lo encontraron todo golpeado. También hace meses encontraron a un guatero (pescador ilegal) muerto, dicen que se estaba metiendo al mar sin avisar a la maña”, explicó a ZETA un familiar de pescadores.
Desde 2020, los habitantes de San Carlos han denunciado a través de sus familiares el abuso al que están siendo sometidos. Durante la pandemia, la célula criminal en la comunidad se apropió de la “venta de cerveza, cigarros, horarios, y todo insumo, eran los únicos que tenían permitido vender”, comunicaron al Obispo.
Incluso a la entrada de la alcaldesa Iliana Talamantes, los servidores públicos que llegaron con ella al Ayuntamiento de Comondú estaban enterados de que la venta de alcohol estaba restringida por miembros de la delincuencia organizada hasta Ciudad Constitución.
“Tenemos miedo, más aún que se enteren que enviamos este mensaje, confiamos que las autoridades van a actuar, necesitamos que esto escale a nivel nacional, ya que las autoridades de Baja California Sur están con ese grupo armado, saben quiénes son y hasta negocian los mariscos a grandes empresas, están protegidos por el gobierno”, expresó el denunciante, mientras el mandatario Víctor Castro niega que exista tal denuncia por extorsión y cobro de piso a pescadores:
“No tenemos ningún caso de extorsión denunciado respecto a lo que mencionas (pesca), sí hay comentarios, por supuesto, pero nosotros el comentario no lo desdeñamos, no lo dejamos; aunque sea una alta personalidad de la Iglesia, como un humilde pescador, que nos dice ‘aquí está pasando esto en San Carlos’, no podemos ser omisos ante comentarios de diversos sectores”.
En el Ayuntamiento de Comondú, a nivel local, la Mesa de Seguridad trae el tema en el radar desde diciembre de 2021, tratándolo con seriedad, pues afirman, es una denuncia muy sentida que está afectando a la pesca y podría traer consecuencias en la exportación de abulón, langosta y almeja generosa.
“Lo estamos tratando de manera interinstitucional, en diciembre tuvimos una mesa con Sedena, Marina, Capitanía de Puerto, gente de Sepada, Conapesca, Fonmar, Guardia Nacional, Policía Estatal y Policía Municipal, para hacer acciones coordinadas en materia de pesca, sobre todo en cuanto a cuestiones de extorsión, robo a los pescadores y el guaterismo, que es la pesca furtiva”, reconoció Humberto Arce Cordero, secretario general de Gobierno de Comondú.
ASÍ OPERA EL COBRO DE PISO
Frente a las diversas autoridades que conforman la Mesa de Seguridad Estatal, y justo después que el gobernador negara la denuncia que evidencia la presencia del crimen organizado en el cobro de piso, extorsión y control de la pesca, elementos de la Secretaría de Marina Armada de México revelaron roces con guateros en las aguas de Puerto San Carlos, inclusive hubo disparos.
“Ha habido dos altercados, el primero fue cuando nos turnamos para acudir a las embarcaciones que andan haciendo sus trabajos (ilegales), y hace unos días tuvimos el segundo, donde hicieron disparos y chocaron la lancha de pescadores (…) Hace unos días detuvimos a cinco elementos en otra embarcación que andaban también en guaterismo, se detuvo a la embarcación y a las personas, y se pusieron a disposición de las autoridades correspondientes”, refirió un Teniente de la Marina.
En el combate contra la pesca ilegal, Martín Inzunza Tamayo, director del Fondo para la Protección de los Recursos Marinos (Fonmar) ordenó un operativo contra guateros de Puerto San Carlos, logrando la detención de una embarcación el 23 de enero y de por lo menos cinco pescadores.
Según habitantes de la comunidad, los pescadores están limitados en la pesca, más si su sentido es la comercialización; para contar con producto suficiente deben comprarlo a través de los grupos que lo controlan, “para poder sacar ya sea camarón, callo de hacha y todo lo comercial, sí tienes que comprar el producto a la maña, si no, no la armas, tienen todo acaparado, a pesar de que tengas el contacto de a quién le vas a vender fuera del Estado, no estamos libres para vender”, indicó uno de los afectados.
Con elementos de la Comisión Nacional de Pesca (Conapesca) presentes, los trabajadores del mar dan cuenta que están siendo cercados desde el primer momento que salen al mar, cuando regresan, ya los esperan para levantar bitácora de la cantidad de producto extraído.
“Prácticamente desde que sales al mar ya saben que vas por el producto, y siempre tienen a un chavalón que te está checando, casi, casi te lo pesan y así ya saben cuánto hay que pagar”, comentó el denunciante.
El Gobierno del Estado ha sido informado desde el primer momento, por ello se solicitó la intervención de la Marina a través de Fonmar, saben que hay delincuencia organizada incrustada en las operaciones. Incluso en días pasados, el propio secretario general de Gobierno, Homero Davis Castro, confirmó a medios locales el cobro de piso, y argumentó, “nos ocupa” combatirlo; en cambio, los pescadores deben respetar la veda impuesta por el narco si quieren trabajar.
“Te vigilan, en el caso del camarón, qué talla sacas y todo anotan, por ejemplo, la almeja generosa antes la pagaban en 350 pesos viva, como la manejamos; hoy la pagan a 200, es lo más que están pagando ya facturado”, concluye la denuncia.
LA DENUNCIA DEL OBISPO
La denuncia del Obispo Miguel Ángel tuvo fuerte resonancia a nivel nacional e internacional, gobiernos con negociaciones en tratados de libre comercio ya se encuentran preocupados, el propio Víctor Castro Cosío confirmó que las embajadas de Estados Unidos y China visitarán pronto a la Media Península.
Al tiempo que presumió la visita a Los Cabos del gobernador de California, Gavin Newsom, externó que es de conocimiento del tema de seguridad y pronto se reunirá con emisarios de esos países.
“La violencia que experimentamos en nuestra tierra, el crimen organizado, visitó las comunidades en los cinco municipios, crecen la extorsión, el cobro de piso, las amenazas. Antes las bandas criminales querían tener el monopolio de la venta de la droga en un determinado territorio, hoy las bandas ya no pretenden eso, pretenden el control absoluto de nuestras comunidades, les quitan a nuestros pescadores el fruto de su pesca y les dan a cambio migajas de dinero”, demandó el Obispo.
“Los secretos a voces” -como le llama el gobierno de Baja California Sur-, poco a poco cobran relevancia, los mismos pescadores hicieron llegar su sentir a ZETA y confirman los dichos del Obispo de la Diócesis de La Paz.
“Prohíben la venta de cerveza, de cigarros, alcohol, de sexo, porque ellos tienen el monopolio, imponen el orden a base de tablazos, a base de castigos sin juicios, nada más porque ellos quieren y así lo decidieron, la violencia en todo su esplendor”, acusó Alba Díaz.
Desde luego que no cayó de buena manera al mandatario estatal, que el máximo representante de la Iglesia en BCS demandara justicia por los pescadores de San Carlos.
A pesar que el religioso externó su preocupación en medio de una mesa oficiada el domingo 23 de enero, Castro Cosío le exigió que si comparte el sentir de los pescadores, lo haga por la vía jurídica, “y si él tiene denuncias, y si otro religioso tiene denuncias, que las haga por la vía jurídica, a eso lo invito”, reiteró.
Por su parte, el procurador general de Justicia del Estado, Daniel de la Rosa Anaya, confirmó que no hay una denuncia que especifique que hay cobro de piso y extorsión a pescadores en lo particular, “debemos ceñir a lo que está resultando por todos los ciudadanos, cabe resaltar que todas se están atendiendo, y aquí en ese sentido, por ello se han formado grupos de investigación especializada y estarán recibiendo cualquier denuncia”.
Molesto, el gobernador solicitó al Obispo que diga dónde y cómo están operando los miembros del crimen organizado, y si hay alguien más que tenga información, la haga llegar a Palacio de Gobierno.
Y es que, según Castro Cosío, no cuentan con datos de lo que están pasando los pobladores de Puerto San Carlos.
“A representantes de todos los cultos que tienen interés de aportar, les hago la invitación, que no nos manden a decir en las misas, les invito de una vez. Están abiertas las puertas del gobierno para que vayan y lleven documentos públicos. Que digan de una vez, dónde y cómo, ahí está la procuraduría con puertas abiertas”, expuso Víctor Castro.
Incluso, advirtió que de continuar recibiendo mensajes “desde las misas”, tendrá que entrar a una situación incómoda, dando a entender que habrá conflictos.
Cerró el tema diciendo que “de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno”, y respecto a si el Obispo tiene debe ir a declarar, “puede hacerlo y están las puertas abiertas del gobierno, ya no mande más mensajes de esos, nos vamos a ver precisados en entrar en una situación incómoda para la sociedad, no la propicie, señor Obispo. Lo aprecio mucho, pero de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno, ya estuvo bien, le mando este mensaje”.
COMONDÚ YA TOMA CARTAS EN EL ASUNTO
Mientras la administración estatal niega los problemas que atraviesan los pobladores de Puerto San Carlos, en el Ayuntamiento de Comondú se trabaja para atender el problema.
Aunque el secretario general del Gobierno de Comondú, Humberto Arce Cordero, se sale de la competencia municipal, confió que sí están solicitando el apoyo a las instituciones encargadas, todo sea por regresar la tranquilidad a los habitantes.
“Estamos por llevar a cabo una nueva Mesa de Seguridad, pero como retrocedimos en el Semáforo Sanitario a nivel Naranja, están prohibidas las reuniones públicas o privadas y no se ha concretado, pero sí estamos tratando de esa manera, para que no sea sólo el Municipio el que se involucre, sino que sean todas las instituciones, ya sean problemas que se generen en el mar, zona federal y temas de seguridad nacional. Debe entrar el >Ejército, la Marina y las instituciones federales y estatales en conjunto con nosotros”, manifestó.
Por Ley están impedidos, pero hacen acto de presencia para disuadir la comisión de los delitos y los ciudadanos sientan que no están solos.
“La Policía Municipal no puede patrullar el mar ni hacer detenciones en Zona Federal Marítimo Terrestre, ahí tienen que ser otras instituciones, por eso lo trabajamos de manera coordinada”, explicó el secretario general de Gobierno, dejando claro que harán lo posible por atender las demandas.
El compromiso que tienen es con los ciudadanos y no con grupos de intereses, por ello continuarán con las Mesas de Seguridad interinstitucional para encontrar una salida en la que los ciudadanos ganen.
Reconocieron que a la llegada al gobierno municipal se enteraron del grave problema y desde entonces no han soltado el tema, y pese a que el Estado dijo desconocerlo, a nivel local ya solicitaron la intervención de la Federación.
“La ventaja de la presidente (Iliana Talamantes) es que llega libre al poder, no atada a grupos políticos ni empresariales y económicos, con el único compromiso de gobernar para los comundeños, no para grupos de interés o grupos políticos o económicos, únicamente para buscar el bienestar y el bien común”, concluyó Humberto Arce.
