El organismo fiscalizador observó que 650 ventiladores costaron 920.4 mdp no fueron entregados al Insabi. Igualmente, no se acreditó la entrega de un millón 050 mil mascarillas KN95, que costaron 40.5 mdp, y está pendiente aclara pagos por mil 600.3 mdp para la compra de 2 mil 250 ventiladores
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que insumos médicos para atender la contingencia sanitaria provocada por el coronavirus SARS CoV-2, como ventiladores, mascarillas y vacunas, fueron comprados con sobreprecio o no fueron entregados a instituciones de salud pública en México.
En el caso de los recursos del Fondo de Salud para el Bienestar ejercidos por el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), la ASF observó que 650 ventiladores que tuvieron un costo de 920.4 mdp no fueron entregados, los cuales debían haberse suministrado antes del 30 de abril de 2020.
Ante ello, el Insabi contrató a un despacho para iniciar acciones legales para hacer efectiva la responsabilidad contractual del proveedor.
El Insabi “no acreditó la entrega” de un millón 050 mil mascarillas KN95, con un costo de 40.5 mdp, y está pendiente la aclaración respecto de los pagos efectuados por mil 600.3 mdp para la compra de 2 mil 250 ventiladores, debido a que la institución no proporcionó la documentación justificativa y comprobatoria de su adquisición, recepción y distribución a las unidades médicas
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En el caso del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la ASF hizo observaciones por 86.6 millones de pesos por la compra de ventiladores adulto pediátricos-neonatales, debido a que se efectuaron pagos indebidos por comercio exterior.
El Centro Médico Nacional “20 de Noviembre” devolvió al almacén central 15 ventiladores porque registraron fallas, sin que la institución haya solicitado al proveedor la sustitución de los aparatos. En tanto, la delegación del ISSSTE en el Estado de México omitió aplicar penas convencionales por el atraso de la entrega de 47 equipos. Además, el ISSSTE pagó 10 ventiladores que ya habían sido pagados previamente, detalla la tercera entrega de Informes Individuales de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2020, dado a conocer este 20 de febrero de 2022.
La ASF observó que de 10 contratos por mil 309.8 mdp suscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social -que comprendieron, entre otros equipos, 450 ventiladores, 645 monitores de signos vitales, 200 carros rojos para reanimación y 108 ultrasonidos digitales-, se identificó que el prestador del servicio no brindó mantenimiento a 194 equipos.
“El IMSS no proporcionó evidencia documental que compruebe la aplicación de penalizaciones, recuperación de garantías por siniestro y servicios no realizados a los equipos revisados, que suman un monto de 11.9 mdp”.
Además, se observó que en algunos contratos de mantenimiento de equipo médico no se previó el clausulado del instrumento legal, y la aplicación de penas por no cumplir con los programas de mantenimiento, lo que generó que no se aplicaran penas convencionales a pesar de existir retraso en la prestación de los servicios o entrega de los bienes.
La ASF revisó 11 contratos por un importe de 2,133.2 mdp para adquirir material hospitalario para atender la emergencia sanitaria, como cubrebocas (respiradores para partículas KN95), batas quirúrgicas, overoles desechables, caretas protectoras y guantes para exploración.
“El IMSS no acreditó la recepción de bienes por 4.8 mdp correspondientes a un pedido, y la falta de aplicación de penalizaciones por 11.7 mdp derivadas del atraso en la entrega de cubrebocas de otro contrato. Asimismo, no se acreditó la diferencia por 8.0 mdp determinada entre el importe reportado como ejercido por 22.1 mdp y el pagado a un proveedor por 14.1 mdp”.
Por otra parte, la ASF fiscalizó los recursos erogados por el IMSS por servicios integrales para la instalación de unidades médicas temporales, así como de servicios subrogados, que incluyeron el pago a hospitales y clínicas privadas realizados al amparo de un Convenio Marco durante la fase crítica de la emergencia sanitaria por COVID-19.
Esto último comprendió una muestra fiscalizada de 912.4 mdp, que equivalen al 35.5% de los 2 mil 570.0 mdp que el IMSS reportó para dichos conceptos. “se comprobó que de 4 contratos de servicios integrales por 656.1 mdp, en un contrato por 119.5 mdp, hubo incumplimiento de los plazos de entrega del servicio, por lo que el IMSS determinó una pena convencional de 10.3 mdp, con un monto pendiente de aplicar de 5.5 mdp”.
Las irregularidades también se encontraron en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de la Marina Armada de México (Semar). En la primera, la ASF identificó que en la adquisición de 8 equipos por 15.1 mdp, la empresa adjudicada, después de haber instalado 5 de las 8 unidades contratadas, notificó a la Sedena que dichas unidades eran de especificaciones diferentes y de precios menores respecto de lo establecido en el contrato principal.
Adicionalmente, la Sedena autorizó la celebración de 8 contratos para equipar un hospital, sin considerar el tiempo que se emplearía para su remodelación, “lo que ocasionó que los bienes permanecieran ociosos entre 6 y 10 meses”.
En el caso de la Semar, el máximo organismo fiscalizador del país detectó que en tres procedimientos de adjudicación, los bienes que las empresas ganadoras vendieron a la dependencia fueron adquiridos con empresas que también participaron en dichos procedimientos, pero que cotizaron precios superiores a los de las empresas adjudicadas.
“No se realizaron, en todos los casos, investigaciones de mercado adecuadas, lo que originó que la Semar no pudiera obtener precios menores que los pagados”, y se detectó que las empresas adjudicadas y las personas físicas y morales con las que las primeras adquirieron los bienes formaban parte del Padrón de Proveedores de la Semar. Por otra parte, “se observó la contratación de empresas que no tenían el objeto social, ni la capacidad técnica y económica necesarias”.
DEFICIENCIAS EN CONTROL Y SUPERVISIÓN DE VACUNAS ANTI COVID-19
Respecto a los recursos ejercidos por el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CENSIA) correspondientes a los pagos anticipados para la adquisición de vacunas contra el virus SARS-CoV-2, la ASF determinó que hubo “deficiencias en el control y supervisión de la adquisición, recepción, almacenamiento y distribución de vacunas”.
Entre éstas, destaca el que no se contó con la totalidad de la información respecto de la recepción en territorio nacional de las dosis de la vacuna marca AstraZeneca.
Asimismo, la ASF observó diferencias en el registro del número de dosis de las entradas y salidas en el almacén del Instituto Nacional de Cancerología, responsable de resguardar las dosis de la vacuna marca Pfizer.
Respecto de las vacunas marca AstraZeneca, se determinaron diferencias en la cantidad de dosis y el número de lotes, como resultado de la comparación de la información proporcionada por el CENSIA contra la de otras entidades participantes. “El ente no dio el seguimiento esperado a las acciones de transporte y destino de las vacunas marca AstraZeneca”.
La ASF destacó que la Secretaría de Salud no contó con información completa sobre el total de vacunas recibidas, y la información concentrada en sus sistemas denominados “Ambiente de Administración y Manejo de Atenciones en Salud” y “CVCovid” “está incompleta y no está actualizada”.
Adicionalmente, se determinaron deficiencias en la implementación de controles y mecanismos de seguridad de la información registrada en dichos sistemas.
La ASF detectó que en 2020 Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V. (Birmex) -empresa de participación estatal mayoritaria- “no acreditó llevar a cabo la supervisión de los procesos productivos para garantizar que cumplieran con los estándares y disposiciones establecidos en las buenas prácticas de fabricación para la liberación del producto”.
En cuanto al acondicionamiento de 17 millones 524 mil 300 dosis de vacunas antigripales vaxigrip, éstos correspondieron a 26 lotes que contaron con el dictamen de autorización regulatoria emitido por la Cofepris.
Según los resultados del indicador “Porcentaje de demanda de biológicos del Sector Público cubierta por BIRMEX”, con las 60 millones 688 mil 900 dosis distribuidas, en 2020 la paraestatal cubrió el 43.4% de la demanda de biológicos solicitados por el sector público (140,000,000 millones de dosis), lo que representó el 78.3% de la meta de cubrir el 55.4% (77,548,889 dosis) de dicha demanda.
En 2020, la paraestatal autorizó 161 dictámenes de cumplimiento regulatorio. De los cuales 107 fueron para la vacuna contra sarampión, parotiditis y rubéola; 26 para la vacuna anti influenza trivalente tipo A y B Vaxigrip; 14 para la vacuna contra sarampión y rubéola.
Así como 7 para el faboterápico polivalente anti alacrán liofilizado; 4 para la vacuna absorbida antidiftérica, antitetánica y tosferina y 3 para el faboterápico polivalente antiviperino liofilizado.
En cuanto al almacenamiento de los productos biológicos y reactivos de Birmex, la ASF señala que la paraestatal “no acreditó llevar a cabo la implementación de mecanismos para asegurar que los productos almacenados en 2020 cumplieran con las especificaciones y la calidad establecidas para su distribución”.
