Además de la cifra de homicidios que casi
alcanzó los 300 en la Capital
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bajacaliforniana durante el año pasado, la
Fiscalía General del Estado no ha localizado
a 463 personas reportadas como
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desaparecidas por sus familiares o amigos
en el mismo periodo de tiempo. En algunos
casos, la FGE ni siquiera ha solicitado
prueba de ADN
Desde el puente peatonal de calle Novena y Lázaro Cárdenas, justo frente a las instalaciones de la Subdelegación de la Fiscalía General de la República (FGR) de Mexicali, es visible un gran número de lonas colgadas y carteles de papel roto, por el prolongado tiempo de su estadía o la misma indolencia de la ciudadanía que desprende algunos pedazos por simple ocio.
Mientras se conduce hacia la Zona Oriente o Nuevo Mexicali es imposible pasar sin observar las fotografías de alguna persona, mujer, madre, hijo, hermano, colgada sobre una lona de color diverso, donde además se observan sus datos generales como nombre, estatura, peso y alguna seña particular como tatuajes o cicatrices.
Salvo por la frivolidad de algunas personas que aprovecharon el espacio para solicitar el apoyo de la ciudadanía para localizar a sus mascotas -por las que incluso ofrecen recompensa-, en el resto de los casos se trata de familias que sufren y consideran este espacio como una herramienta desesperada que remotamente pudiera ayudarlos a obtener alguna información sobre sus desaparecidos.
La costumbre de colgar las lonas con imágenes de personas desaparecidas se ha vuelto una medida de protesta para visibilizar lo que las autoridades se han esforzado por minimizar o retirar de la agenda pública.
“No he ido porque no me he atrevido a verla”, narra Marlen Castro, madre de Karla Paola Avilés Castro, joven de 26 años de edad cuyo paradero se desconoce desde el 13 de diciembre de 2021, cuando simplemente dejó de contestar mensajes de Facebook.
Desde hace poco más de un mes, Karla Paola vivía con su novio, Jorge Roberto Galindo, en un domicilio ubicado en la colonia González Ortega; pese a que fue la última persona que pudo haber tenido contacto con la joven, Jorge Roberto -según la madre de la hoy ausente- no interpuso denuncia ni ha colaborado para su localización.
El caso de Karla difiere en ciertos detalles del de Luis Antonio Márquez Ledezma, de 23 años de edad, fumigador y de trabajos manuales, el cual fue levantado por un comando armado la madrugada del 24 de octubre en el Ejido Chiapas II, conocido como “Las Cachoras”, en el Valle de Mexicali.
Los criminales -fuertemente armados y con equipo táctico- irrumpieron, sometieron a la familia y solicitaron información sobre “El Tongo” -como apodan a Luis Antonio-, a quien raptaron mientras intentaba escapar del lugar.
Según una petición de Transparencia con número de expediente 138/2021, de todas las denuncias interpuestas por desaparición en Mexicali (alrededor de 800), 463 no han sido localizadas, teniendo la primera denuncia el 4 de enero y la última el 27 de diciembre.
CASO KARLA PAOLA: FGE NI SIQUIERA HA EXTRAÍDO PRUEBAS DE ADN
Karla Paola Avilés Castro es una joven de 26 años de edad, de complexión delgada y algunos tatuajes en brazos y piernas. Karla es madre de tres niños, uno de ellos de 9 años, y desde el 13 de diciembre su familia no tiene información sobre ella.
Poco menos de dos meses antes de su desaparición, ella decidió salir de su casa y vivir con su novio, José Roberto Galindo, en el domicilio marcado con el número 3029 de la Avenida Río Usumacinta de la colonia González Ortega.
El hombre, quien cuenta con doble nacionalidad, y de supuesto oficio mecánico -según narró la madre de Karla Paola, de nombre Marlen Castro- sostuvo una relación con su hija. La tarde del 13 de diciembre, Karla y Marlen conversaron y concertaron que pasarían juntas las fiestas decembrinas.
Recuerda Marlen que hasta se mandaron hacer suéteres iguales para toda la familia; esas fueron las últimas charlas que tuvo con la víctima antes de su ausencia.
Al día siguiente, Marlen se topó con José Roberto en la vía pública y le preguntó por ella, a lo que -asegura- le contestó que se supone que estaba en la casa. Sin embargo, horas más tarde se dio cuenta que Karla Paola nunca llegó a su domicilio.
Las horas se volvieron días y la familia decidió interponer una denuncia por desaparición ante la Fiscalía General del Estado (FGE), donde la canalizaron con un Agente del Ministerio Público, de apellido Rojo, el cual -refiere la señora- no ha hecho absolutamente nada para dar con el paradero de su hija.
Con apoyo de amigos de su hija y el propio rastreo que ha realizado sobre las posibles ubicaciones de Karla Paola, Marlen ha tenido dos versiones, una de ellas que su hija fue levantada por culpa de una deuda o un problema que tenía José Roberto, su novio; y otra, que fue llevada con engaños a un domicilio del fraccionamiento Orquídeas, de donde no se volvió a saber de ella.
Marlen Castro recuerda que proporcionó esos datos a la FGE, pero han hecho caso omiso a ello, al grado que ni siquiera le han realizado una extracción genética para hacer alguna comparativa. Tampoco la han ayudado a realizar indagatorias en la morgue ni la prisión, sino que ella ha tenido que realizar todas las diligencias.
En las mismas entrevistas que ha hecho la madre afectada, descubrió que el novio de su hija la había golpeado en varias ocasiones, por lo que teme que pudiera haberle hecho daño.
Los agentes encargados del caso han tenido de frente a testigos e incluso al mismo José Gaindo, pero al final sólo le indican que no tienen nada contra él en la investigación, y, por ende, no pueden hacer nada. Incluso, le han enviado fotos de ellos a las afueras de su domicilio para indicarles que no le abren la puerta, por lo que no pueden tomar su testimonio.
“Sólo te puedo dar las peores opiniones de la fiscalía”, refirió la madre de la víctima, y en alguna ocasión, afirma, le dijeron que no podían atenderla porque estaban en la fiesta del Día del Policía, o bien, que la Agencia había sido víctima de un brote de COVID-19.
“EL TONGO”, VÍCTIMA DE UN COMANDO ARMADO
La madrugada del 24 de octubre de 2021, Luis Antonio Márquez Ledezma, de 23 años y de oficio fumigador, fue atacado por un comando conformado de entre 10 y 15 personas, cuando pernoctaba en su domicilio ubicado en el Ejido Chiapas II, conocido como “Las Cachoras”, al Sur del valle de Mexicali.
Su madre, María Elena Ledezma Jáuregui, recordó la última vez que vio a su hijo, del cual dijo no tener una sola información que refiriera que se tratara de un delincuente o tuviera una actividad ilícita, aunque reconoce que “los hijos no le dicen todo a uno”.
Alrededor de las cuatro de la mañana, toda la familia se encontraba en el domicilio cuando un grupo de entre 10 y 15 personas con armas largas irrumpió; iban vestidos con equipo táctico, como lo son botas, chaleco y capucha. Algunos de negro, mientras que otros usaban atuendo camuflado.
Ordenaron a los familiares a tirarse al suelo y mantener su rostro en el piso; de lo contrario serían asesinados.
Los matones registraron toda la casa mientras exigían ver a “El Tongo”, como se apoda al hoy ausente.
El rechinar de una puerta del cerco perimetral alertó a los criminales, quienes se dieron cuenta que “El Tongo” escapaba del inmueble. De inmediato se movilizaron y lo sometieron a las afueras del domicilio; desde ese momento no han sabido de él.
Cuando la familia pudo, por fin, llamar a las autoridades, la operadora del 911 indicó que ya había sido levantado el reporte en ese mismo ejido minutos atrás. Extrañada, les dijo que era imposible, pues nadie más se encontraba en el lugar.
Tras unas preguntas se dio cuenta que minutos antes se emitió un llamado para atender el rapto de otro individuo en el mismo ejido, de nombre Aarón Juárez, el cual fue liberado horas después.
La señora Ledezma Jáuregui interpuso la denuncia ante la FGE, pero han pasado tres meses y no la han entrevistado; tampoco han hecho una sola diligencia para esclarecer el caso, como entrevistar a Aarón.
A raíz del ataque, la mujer optó por huir del ejido para refugiarse, debido al trauma que le generó el hecho, por lo que básicamente tuvo que desplazarse por la violencia.
“Dijeron que nos iban a matar a todos y prender nuestra casa. Nos fuimos por miedo, es mucho el trauma, luego la casa y estar todo lo de mi hijo, es más difícil para nosotros más bien, y porque pues queda uno como traumado; no hay un día en que no lo piense, lo sueñe, está dañado”, refirió la madre de “El Tongo”, quien dice no saber o tener información sobre los responsables del crimen.
Tras información recabada por ZETA, se logró establecer que supuestos sicarios identificados sólo como “El Cholo” y otro identificado como “Medina” pudieron estar detrás de este hecho delictivo.
Una fuente cercana al caso refirió que los matones tenían una lista grande de personas que pretendían levantar y que se identificaban como supuestos trabajadores de “El Ruso”. Su relación con este presunto líder de la agrupación criminal no está confirmada, pero -ciertamente- durante 2021 arreció la intervención de esta estructura ilícita que opera en el Valle de Mexicali, y tanto células de “Los Chapitos” -hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera- como de “El Ruso”, sostuvieron enfrentamientos en diversos puntos de la zona rural de Mexicali.
Infortunadamente, por la nula información recabada por la FGE en el caso, se desconocen los motivos del crimen.
NO TODOS SON DESAPARECIDOS: FGE
En entrevista vía telefónica con ZETA, el fiscal Hiram Sánchez Zamora declaró que la cifra no representa un incremento en comparación con años anteriores y que tampoco significa que todas esas carpetas tengan relación con el crimen organizado:
“No es que se desconozca su paradero, es una persona decidió cambiar su lugar, no lo bajas hasta que lo localizas. Luego te enteras que a Estados Unidos a vivir, y nadie se enteró. Es complejo, porque vivimos en una ciudad con constante flujo de personas y la gente llega a buscar trabajo”.
Sin embargo, reconoce que no podría establecer un número de cuántos están relacionados con actividades ilícitas y cuántos se fueron del Estado o el país sin decirle a una sola persona. Muchos de estos casos se reclasifican cuando se cuenta con evidencia de que pudiera haber un involucramiento de la delincuencia organizada, por lo que los datos resultan inciertos. Es decir, la propia autoridad desconoce cuántos realmente son personas que se van por decisión propia y cuántos son víctimas del crimen.
“Puede haber reclasificación del vecino que te dice el gerente de la empresa ‘Juan Pérez no viene a trabajar una semana, fui a buscar a su casa y está todo cerrado, abandonó la ciudad’. Y en ese inter, en la carpeta de la investigación, no ahí estaba, llegó un auto y se lo llevó y se reclasificó”, refirió el funcionario estatal, para agregar que los casos de “no localizados” pueden reclasificarse en desaparición forzada e incluso por homicidio, pero también puede localizarse a la persona.
En su experiencia, las cifras de denuncias normalmente alcanzan en Mexicali las 800 personas, pero los datos se van depurando conforme se avanzan las indagatorias.
El encargado de despacho de la FGE agregó que durante su gestión se han recabado más de mil 200 pruebas genéticas de personas para el banco de “no identificados”, mismos que han sido enviado a la FGR y del Instituto Nacional Electoral (INE), con la intención de comparar ciertos datos con huellas digitales y tratar de identificarlos.
Sin embargo, existen casos históricos como el de los jóvenes José Luis Falcón Millán y Adrián Misael Díaz Muncada, ausentes desde 2019, cuando presuntamente fueron agredidos por Ramón Aguilera Díaz (Se presume inocente mientras no se determine su responsabilidad por medio de un juez, según el Artículo 13 del CNPP). La última información del paradero de ambos arroja a un domicilio localizado en Islas Agrarias, donde residía el apodado “Chito”, quien permanece preso por el delito de desaparición forzada entre particulares. Es decir, los casos existen, pero no todos han podido ser comprobados.
Otra petición a la Plataforma Nacional de Transparencia realizada por esta casa editorial refiere que durante 2021 se presentaron 179 denuncias de desaparición de jóvenes de entre 17 y 26 años de edad, de los cuales 104 fueron localizados, pero 75 permanecen sin datos. Esto quiere decir que una sexta parte de las personas desaparecidas son jóvenes.
Ante esta situación, sólo en Mexicali, el Servicio Médico Forense envió 247 restos a la fosa común, de los cuales un gran porcentaje corresponden a personas no identificadas. Esta cifra es apenas la mitad de las personas “ausentes” que se documentan en Mexicali.
El fiscal Sánchez Zamora se comprometió a proporcionar información relativa a los casos identificados como desaparición y los “no localizados”, pero al cierre de edición, jueves 13 de enero, no se había proporcionado.
