La Capital del Estado es, sin duda, el bastión de la ideología conservadora a nivel estatal, donde la intervención de los sectores religiosos tiene peso en las decisiones gubernamentales y empresariales, incluso por encima de las partidarias.
A este sector se le atribuyen muchas acciones de gobierno e incluso las restricciones en avances de reconocimiento a los Derechos Humanos, como el matrimonio igualitario y la despenalización del aborto, además de los enfoques con perspectivas de grupos o sectores pisoteados u oprimidos dentro de la sociedad.
El estandarte de ello, en gran medida, es el Obispo de la Diócesis de Mexicali, José Isidro Guerrero Macías, quien ha aprovechado su posición para crear lazos de amistad con alcaldes, gobernadores y representantes populares, al grado de contar con un equipo de escoltas durante varias administraciones.
El miércoles 12 de enero, las conductas del religioso y su intervención política tuvieron consecuencias: el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, confirmó la sentencia en contra del titular de la Diócesis de Mexicali, por hechos ocurridos en abril de 2021, en las instalaciones de la Catedral del Centro Histórico de su municipio, donde fue videograbado abiertamente realizando actos proselitistas en favor del ex candidato del Partido Encuentro Solidario (PES), Jorge Hank Rhon, a quien identifica claramente como su amigo, pese al negro historial delictivo con el que cuenta.
El Obispo promovió claramente el voto en favor del ex priista durante una misa, debido a que apoyaría y promovería las causas de su agrupación religiosa; la promoción se extendió a la ex candidata Eva María Vásquez y su partido, el PAN, de cara al siguiente proceso electoral.
El expediente SUP-JE-267/2021 considera que Guerrero Macías sí violó las leyes electorales y tuvo una intervención directa en la promoción del voto, lo que representa una falta que debe ser analizada por las autoridades.
Además de dar parte a la Secretaría de Gobernación para que emita una sanción en contra del Obispo, los partidos locales se encuentran en todo el derecho de analizar y presentar una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, concretamente a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, para investigar el hecho, pues su intervención es considerada un delito.
Habrá que ver si se impone el conservadurismo, o bien, existe una sanción ejemplar para los líderes religiosos de Baja California, con el objetivo de que no participen activamente en la promoción de los candidatos afines.
Por cierto, que no se le olvide a la gobernadora Marina del Pilar Ávila y a la alcaldesa Norma Bustamante Martínez, que el empresario mexicalense Juan Ignacio Guajardo Araiza también participó en un esquema para la promoción del voto en favor de Eva María Vásquez. Ahí se los dejo como recordatorio.
OLVIDADIZOS
Resulta curioso que el Gobierno del Estado de Baja California responsabilice por el incremento de casos de COVID-19 en 2022, a las reuniones familiares durante las fiestas decembrinas, pero ignore que en diciembre pasado, gobiernos como el de Mexicali realizaron actos masivos y públicos.
Hay que recordar que Omar Landa Cabada, director del Fex, se aferró a llevar a cabo Villa Navideña, un evento masivo y sumamente público donde fue poco el respeto a los protocolos de salud y miles de personas acudieron día con día como una oferta más de recreación.
Tampoco se olviden que durante un día se redujo el horario de la campaña de vacunación para inaugurar dicho evento. Pese a ello, ni la Secretaría de Salud ni el Ayuntamiento de Mexicali reconocen que actuaron de forma irresponsable al realizar un evento de ese tipo cuando se tenía en puerta la variante Ómicron.
Esto habría sido suficiente para que rodaran cabezas” en otras administraciones, pero en Morena, resulta más fácil voltear hacia otro lado.
