Con todo y que la condena actual no es reducida, el delito no ha logrado inhibirse y está incrementando, observó. Tijuana, entre los primeros lugares en comisión de feminicidios, citó
El diputado del Partido Revolucionario Institucional en la XXIV Legislatura, Román Cota Muñoz, presentó una iniciativa para reformar el Código Penal para el Estado de Baja California, con miras a aumentar el mínimo de pena y así como la multa por el delito de feminicidio.
El diputado de representación proporcional observó que en la actualidad el ilícito se tipifica con una pena mínima de 35 años y una multa de 200 salarios mínimos. Observó que con todo y que la condena es extensa con arreglo a la conducta punible, la estadística correspondiente denota que el delito no ha logrado inhibirse y que por el contrario está incrementando.
De ahí que proponga agregar cinco años de cárcel e incrementar la sanción administrativa a 800 salarios mínimos.
“Esto deberá ir acompañado de una campaña de difusión en donde si se atrevieran a cometer este atroz crimen se expongan las consecuencias que trae, ya que la pena imputable es considerable”, mencionó.
Conforme a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad pública, publicados el 30 de junio de 2021, Tijuana ocupa el sexto lugar en comisión de feminicidios a nivel nacional, citó el legislador.
Mencionó que hasta el momento la labor emprendida en el ámbito legislativo en un afán de procurar un entorno de seguridad para el género femenino a nivel estatal consiste en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, creada en 2008, y la Alerta de Género decretada en 2016 y publicada en el Periódico Oficial núm. 34.
Cota Muñoz asentó que la propagación del coronavirus COVID-19 trajo como consecuencia “la otra pandemia”, relativa a la violencia contra las mujeres, con lo que en 2020 se registraron 3 mil 723 muertes violentas en México, de las cuales sólo 900 se catalogaron como feminicidio, lo que equivale a que se cometieron más de dos feminicidios diarios en el país.
También dijo que ese año se recibieron 608 llamadas vinculadas con violencia intrafamiliar en Mexicali y que en Tijuana los albergues para víctimas de esa problemática se saturaron.
Refirió que una de las principales demandas de la gente en los recorridos vecinales que realiza en su papel de legislador es el de abatir el ilícito desde el ámbito de competencia del Congreso.
Si bien la función de los congresistas es legislativa igualmente deben “ser fiscalizadores de las instancias estatales”, remató.
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