El legislador federal, Héctor Téllez Hernández, además señaló que el presidente de la Mesa Directiva en San Lázaro, Sergio Gutiérrez Luna, presentó la denuncia sin consensuar con diputados
El diputado federal del Partido Acción Nacional Héctor Saúl Téllez Hernández estimó que acusar de coalición de servidores públicos a los consejeros electorales que aprobaron posponer el proceso de Revocación de Mandato no procede, toda vez que cada uno de ellos emitió su voto de manera unipersonal.
El 23 de diciembre trascendió que el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, había presentado una denuncia penal, ante la Fiscalía General de la República, contra seis consejeros del Instituto Nacional Electoral que votaron a favor de aplazar las actividades tendientes a celebrar la consulta de Revocación de Mandato.
La Cámara de Diputados señaló que el recurso se presentó en vista de que el presidente del Consejo General del INE, Lorenzo Córdova Vianello, así como los consejeros Ciro Murayama Rendón, Dania Ravel Cuevas, Jaime Rivera Velázquez, José Ruiz Saldaña y Beatriz Zavala Pérez, al igual que secretario ejecutivo del organismo, Edmundo Jacobo Molina, presuntamente incurrieron en los delitos de coalición de servidores públicos y abuso de poder.
Téllez Hernández, quien dio cuenta de su postura sobre la denuncia en una nota periodística que replicó vía Twitter, afirmó que el delito de coalición de servidores no se acredita en razón de que los funcionarios del INE hicieron valer un derecho relativo a votar una propuesta.
Mencionó que es imposible probar que el sentido del voto de los consejeros haya sido premeditado con miras a lograr que el acuerdo se aprobara.
En cuanto a la presentación de la denuncia, indicó que el presidente de la Mesa Directiva, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, actuó “sin el consenso de los diputados” y utilizó “todas las herramientas jurídicas para amedrentar al INE y presionarlo” en un afán de satisfacer “el capricho presidencial de realizar la Revocación de Mandato”.
En la tónica que los consejeros emplearon para argumentar la decisión de posponer el proceso, Téllez Hernández sugirió que para llevar a cabo el ejercicio de participación ciudadana el órgano electoral no cuenta con recursos suficientes.
Observó ser necesario “que el acusador pruebe su dicho”, pues “en materia penal” quien es acusado únicamente “será culpable si la evidencia demuestra que lo es más allá de toda duda”.
Finalmente estableció que siempre y cuando se comprobara que los señalamientos vertidos en la denuncia fuesen falsos, los consejeros a su vez tendrán derecho a proceder en consecuencia.
