La Fiscalía General del Estado citó a conferencia de prensa a las 13:30 horas de este día en donde el fiscal Guillermo Ruiz informará sobre los motivos de su renuncia. En la misma convocatoria el Secretario General de Gobierno, Catalino Zavala, detallará sobre la reforma para la creación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
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En una reunión que estaba citada a las 10 de la mañana del 7 de diciembre del 2021, en el Cuartel de la II Zona Militar en Tijuana, el Fiscal General de Baja California Guillermo Ruiz Hernández presentó y firmó ante los representantes de la Secretaria de la Defensa Nacional, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda y el Secretario General de Gobierno, Catalino Zavala, el documento con el que renuncia al cargo para el que fue electo por 5 años.
El evento inició con un desayuno en el que los presentes reconocieron el tiempo que sirvió al estado y alrededor de las 11:00 horas Ruiz Hernández publicó la carta con fechada este mismo 7 de diciembre, dirigida ala gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, en la cual primero la saluda y después le comunica su formal renuncia al cargo “para el que fui electo por 5 años” el cual ocupa desde el 1 de noviembre de 2019, y pide que surta efecto a partir del 10 de diciembre del 2021.
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Sus allegados informaron que una carta similar pero dirigida al Congreso del Estado -instancia que lo eligió y ante la que procede entregar la renuncia- será entregada en Mexicali.
El 1 de noviembre del 2019 el abogado Guillermo Ruiz Hernández rindió protesta ante el XXIII Congreso del Estado como el primer Fiscal General del Estado, por un periodo de cinco años, por lo que su encargo estaba programado hasta el 2024.
De acuerdo con el dictamen número 12 que aprobaron los legisladores el 31 de octubre de ese año, la FGE opera con carácter autónomo al abrogar la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado (PGE) y crear la FGE.
Aunque los diputados lanzaron una convocatoria, Guillermo Ruiz fue la propuesta más sólida del ex gobernador Jaime Bonilla Valdez, para ocupar el puesto.
La intención de los legisladores de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales fue la de transformar las instituciones que, a su criterio, habían quedado rebasadas para dar atención a las demandas ciudadanas.
En este periodo de gobierno los legisladores de la XXVI legislatura omitieron la obligación de mandar llamar a Ruiz Hernández para que presentara su informe de resultados, para el 2020, el funcionario fue requerido por el pleno pero tuvo que presentar tarde su informe de resultados debido a que enfermó de COVID-19.
El fiscal se va en un momento de crisis en materia de seguridad pública en los cinco municipios de Baja California donde los índices de homicidios están rebasados con más de 2 mil 780 homicidios en lo que va del 2021.
Las investigaciones de Ruiz Hernández
En diciembre del 2019, días después de que Semanario ZETA, revelara actos de corrupción en el gobierno de Jaime Bonilla, el fiscal informó que a la par de la Secretaría de Honestidad y Función Pública del gobierno de Baja California, inició una investigación sobre actos de corrupción o “moches” y extorsiones a proveedores.
La investigación determinó que el monto del dinero que ingresó al estado para tales fines, ascendió entre 24 y 28 millones de pesos.
Otra de las carpetas de investigación, que la fiscalía abrió en mayo de 2020 fue contra el ex gobernador Francisco Vega de Lamadrid, los ex secretarios de Finanzas, Antonio Valladolid y Bladimiro Hernández, y otros nueve ex funcionarios panistas por quebranto patrimonial que supera los mil 580 millones de pesos.
Los funcionarios implicados son: Loreto Quintero Quintero, Miguel Ángel López Arroyo, secretario técnico del gabinete financiero, Enrique Remigio Salcido, ex director de Normatividad y Políticas Administrativas del Poder Ejecutivo, Artemisa Mejía Bojórquez, jefa de Administración y Contabilidad, Édgar Castillo Padilla, director de Seguimiento de Paraestatales, Álvaro Israel Ledezma Félix, director de Administración, Rutilo Pérez Flores, ex director de Adquisiciones de Oficialía Mayor, Silvia Lara Sánchez, directora de Egresos, Juan Manuel Romero Bastida, jefe del Departamento de Pagaduría, Reynaldo Sandoval Olmeda, jefe del Departamento de Bancos.
En agosto de 2020, la FGE informó que las investigaciones contra el ex gobernador panista contenía 47 diligencias realizadas, pero se habían detenido por la pandemia que generó el el COVID19.
Otra de las investigaciones de la FGE fue en contra de la ex titular del DIF Brenda Ruacho quien fue denunciada en marzo del año pasado ante la dependencia por los delitos de abuso de autoridad, peculado, enriquecimiento ilícito, fraude, administración fraudulenta, tráfico de influencias, coalición de servidores públicos, infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos, negociaciones ilícitas, promoción de conductas ilícitas, cohecho y distracción de recursos públicos y los que resulten, as í como el pago de 6.8 millones de pesos, cantidad que fue devuelta en abril de este año.
FGE y Zulema Adams
El 18 de marzo de 2020 el juez Daniel Aguilar Patiño vinculó a proceso a la entonces alcaldesa de Tecate, Olga Zulema Adams Pereyra y al tesorero del Ayuntamiento, Darío Francisco Javier Rivera Parra, por el supuesto delito de abuso de autoridad y coalición de servidores públicos, ante la presunta omisión del pago de las aportaciones al Instituto de Servicios de Seguridad Social para el Estado y los Municipios de Baja California (ISSSTECALI).
El 21 de octubre de 2020, personal de la Fiscalía General del Estado de Baja California se apersonó en las oficinas de la Presidencia Municipal de Tecate con la finalidad de hacer efectiva una orden de arresto en contra de la alcaldesa Zulema Adams Pereyra, por desacato a una orden judicial federal, en relación a la carpeta 0203-2019-04066. Los hechos se derivaron, presuntamente adeudo del ayuntamiento tecatense con la empresa de venta de gasolina Gasmart que data del año 2009, cuando era alcalde el panista Donaldo Peñalosa.
De hecho la FGE abrió tres carpetas más en contra de la ex alcaldesa, una por el adeudo que supera los mil millones de pesos por pagos a Issstecali, otra de un ex empleado del Ayuntamiento de Tecate, y una más supuestamente por parte del Sindicato de Trabajadores del Municipio.
Por tales acontecimientos la ex alcaldesa de Tecate interpuso un recurso legal en contra del ex gobernador Jaime Bonilla, la primera semana de julio ante la FGE donde acusó al mandatario estatal de ejercer violencia política, violencia de género y peculado en contra de ella, por no haber aprobado el dictamen 33 que estipulaba el que los servidores públicos pudieran hacer campaña sin separarse del cargo.
La FGE y Arturo González Cruz
Tras el asesinato del facebooquero Mariano Soto Cortez el 4 octubre de 2020, la Fiscalía General del Estado (FGE) emitió un citatorio contra Luis Arturo González Cruz, entonces presidente Municipal de Tijuana; Arturo Pérez Behr, Secretario de Desarrollo Económico de la ciudad; Jorge Alberto Ayón Monsalve, ex director de Seguridad Pública y Tránsito; y a Geibel Bolaños Guzmán, ex director de inteligencia de la SSPM, dentro de la investigación que les sigue por su probable participación el homicidio de Soto Cortez.
El 1 de diciembre el alcalde de Tijuana, Arturo González Cruz, acudió a la Fiscalía para declarar sobre el homicidio de Mariano Rafael Soto Cortez.
El ex alcalde Arturo González Cruz, reveló en entrevista para ZETA la verdadera razón de su solicitud de licencia al cargo de presidente municipal, dijo que el fiscal general del Estado, Guillermo Ruiz Hernández, lo amenazó para que dejara el cargo y solicitara licencia a principios de este año o se retiraba o le hacían efectiva una orden de aprehensión.
En enero de 2021, el ex alcalde se Tijuana cedió a las presiones y a la amenaza, y solicitó, por segunda ocasión, licencia al cargo de presidente municipal. El 12 febrero del presente año asumió el poder municipal en calidad de alcaldesa suplente, Karla Ruiz Macfarland, hija del fiscal.
