Senadores del partido naranja conminan a la senadora de Morena a suscribir el recurso en su calidad de presidente de la Mesa Directiva; acuerdo violenta Constitución, raya en el autoritarismo, consideraron
Movimiento Ciudadano entregó este jueves 25 de noviembre una solicitud a la presidente de la Mesa Directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero, para que interponga una controversia constitucional contra el decreto presidencial con el que las obras de infraestructura del gobierno federal quedaron catalogadas como asuntos de interés público y seguridad nacional.
La petición encaminada a impugnar el decreto publicado el lunes 22 de noviembre se acompañó con la firma de coordinadores de diferentes fracciones parlamentarias en el Senado de la República.
En representación del Grupo Parlamentario del partido naranja, Noé Fernando Castañón Ramírez opinó que el decreto emitido por el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, “se aparta gravemente y violenta nuestra Constitución política nacional”. A decir del legislador, el acuerdo constituye “un atentado directo al principio de la división de poderes”.
Dirigiéndose a la legisladora del partido en el poder (quien durante el actual sexenio se desempeñó como secretaria de Gobernación, además de haber sido previamente integrante de la Corte), Castañón Ramírez mencionó: “Usted, señora presidenta, sin duda al haber sido una de las ministras más brillantes y destacadas de la SCJN y que siempre sus resoluciones fueron apegadas al marco constitucional, en su facultad de representación de las senadoras y senadores pedimos que suscriba la controversia constitucional”.
Según establece el decreto signado por AMLO, las dependencias de la administración pública federal deben otorgar permisos y licencias para ejecutar los proyectos de infraestructura en un periodo máximo de cinco días hábiles; en caso de no facilitarse tales autorizaciones, se dará por aprobada la solicitud correspondiente; habrá anuencias provisionales de hasta un año, tiempo en el que se deberá conceder la autorización definitiva; desarrollar en tiempo y forma las obras contribuirá a optimizar el gasto y ejercer de manera correcta el presupuesto respectivo.
El senador y líder nacional de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda Hoeflich, afirmó que el acuerdo (con el que proyectos como el Tren Maya o el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles se pudieran favorecer con la facilitación de permisos) obstaculiza el acceso a la información sobre las obras a desarrollar, restringe derechos como los juicios de amparo y desvirtúa el sistema de planeación nacional en razón de que “cualquier ocurrencia” se considerará como prioridad nacional.
“Con el decretazo presidencial, el gobierno federal está cayendo en una especie de autoritarismo y particularmente en lo que nosotros podemos denominar un Estado de excepción en materia administrativa y de reconocimiento de derecho”, remató Castañeda Hoeflich.
