El juez William Thomas, de la Corte del Décimo Primer Circuito Judicial en Miami-Dade, en Estados Unidos, fijó para el 8 de mayo del 2023, el inicio del juicio por la demanda civil presentada por el Gobierno de México el pasado 21 de septiembre, contra Genaro García Luna, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) Federal, durante la Administración de Felipe Calderón Hinojosa, así como más de 40 entidades físicas y morales.
El pasado 24 de noviembre, Thomas notificó el calendario para la demanda civil presentada el pasado 21 de septiembre, por los abogados Carlos A. Acevedo, Kevin A. Malone y Kelley B. Stewart, litigantes contratados la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
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La institución, que depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP), acusa a García Luna de haber robado al menos 250 millones de dólares durante los seis años que duró el Gobierno de Enrique Peña Nieto, así como establecer una red de lavado de dinero para comprar automóviles de lujo, bienes raíces y crear empresas para transferir el dinero a Barbados y EE.UU.
A partir del 5 de enero de 2022, el juez Thomas sostendrá con las partes audiencias mensuales de administración del caso, la última de las cuales sería celebrada el 30 de marzo del 2023. Asimismo, durante un periodo de 18 meses se desahogarán las pruebas que se tendrán que recibir de autoridades de México y Panamá.
La demanda contra más de 40 entidades físicas y morales, incluye a Linda Cristina Pereyra Gálvez, esposa del ex titular de la SSP Federal, durante el Gobierno de Calderón Hinojosa. Además del ex subsecretario de Tecnologías de la Información de la Secretaría de Seguridad Pública, José Francisco Niembro González, y a su esposa, Martha Nieto Guerrero.
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También están incluídos los socios y supuestos prestanombres de García Luna: Mauricio Weinberg López, Jonathan Weinberg Pinto, Sylvia Pinto de Weinberg y Natan Wancier Taub. Tanto Niembro González, como los empresarios, recibieron autorización del juez para presentar a más tardar el 20 de diciembre su contestación a la demanda.
La UIF debe demostrar al juez, de que los contratos que recibió Nunvav -empresa de García Luna en Panamá-, fueron ilegales. Durante el Gobierno de Peña Nieto, dicha compañía ganó contratos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) por 2 mil 623 millones de pesos y 74 millones de dólares, respectivamente.
Según la demanda -que inició el ex titular de la UIF, Santiago Niego Castillo, quien renunció a su cargo el pasado 8 de noviembre-, García Luna -quien no era funcionario desde el 2012- arregló mediante sobornos, manipulación de ofertas o corrupción los citados contratos con el Gobierno mexicano.
Acevedo, Malone y Stewart han enviado decenas de misivas a cada alguacil del estado de Florida, donde reside la mayoría de los acusados y se hallan establecidas las entidades demandadas, para que entreguen los citatorios a los implicados, algunos de los cuales se les hace un reclamo respecto a una propiedad. Sin embargo, hasta la fecha, García Luna no ha sido emplazado a juicio.
UIF DENUNCIA A GARCÍA LUNA EN EU POR LAVAR DINERO Y ROBAR 250 MDD DURANTE GOBIERNO DE EPN
El pasado 21 de septiembre, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) acusó a Genaro García Luna, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) Federal, durante el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, de haber robado al menos 250 millones de dólares durante los seis años que duró el Gobierno de Enrique Peña Nieto y establecer una red de lavado de dinero para comprar automóviles de lujo, bienes raíces y crear empresas para transferir el dinero a Barbados y EE.UU.
La demanda de carácter civil fue presentada por la institución mexicana dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en el Onceavo Distrito Judicial de Miami, en Florida, en la cual se destaca que “tiene derecho al establecimiento de un fideicomiso implícito que consiste en bienes inmuebles que los demandados compraron con fondos robados del Gobierno de México y cualquier beneficio derivado de los fondos mal habidos”.
“Por lo tanto, el demandante, los Estados Unidos Mexicanos, exige un juicio contra cada demandante para la devolución, restitución, transferencia de las ganancias mal habidas de cualquier bien inmueble comprado con ellos, y por los costos de esta acción y cualquier otra reparación adicional como la Corte lo juzgará justo y apropiado”, señala la denuncia civil.
La UIF detalla que dichos actos fueron cometidos entre el 2012 y el 2018, destacando que García Luna comenzó a crear una compleja red, similar a una “empresa” de lavado de dinero, desde que asumió la Secretaría de Seguridad Pública en el Gobierno de Calderón Hinojosa, y que “desde su posición de inmenso poder controlaba muchos aspectos de la seguridad del país”.
La demanda señala que García Luna recibió un total de 74 millones de dólares en contratos con la Secretaría de Gobernación (SEGOB)-, que fueron producto de sobornos, manipulaciones, ofertas o corrupción, pero que en total, ,os recursos obtenidos de forma ilegal suman al menos 250 millones de dólares, con un esquema para “ocultar los fondos robados en numerosos activos ubicados principalmente en Florida”.
La UIF acusó a ocho personas físicas: Genaro García Luna y su esposa, Linda Cristina Pereyra Gálvez, así como a un grupo de empresarios señalados como socios, presuntos prestanombres y coconspiradores del ex funcionario federal: Mauricio Weinberg López, Jonathan Weinberg Pinto, Synvia Punto de Winberg y Natan Wancier Taub. Así como José Francisco Niembro González, quien fue subsecretario de Tecnologías de la Información de la SSP, y su esposa, Martha Nieto Guerrero.
Además, 39 compañías y propiedades, 47 personas físicas y morales implicadas, fueron señaladas en la demanda por el Gobierno mexicano, quienes funcionaban como una “empresa” de lavado de dinero, en la que cada participante tenía un rol y tarea específica.
“García Luna armó una extensa red de socios comerciales que posteriormente utilizó para obtener contratos ilegales de diversas entidades y agencias de la República Mexicana por cientos de millones de dólares durante su mandato en el cargo, así como después de dejar su oficina”, insistió la UIF.
Asimismo, el ex funcionario federal y sus socios lavaron y retiraron el dinero de los contratos ilegales fuera de México, fuera del alcance de las autoridades mexicanas. “Orquestó la creación de una compleja red de múltiples entidades para comprar y mantener múltiples parcelas de bienes raíces y otros activos, incluidos numerosos automóviles de lujo y de colección”, detalla la denuncia.
La UIF explicó que su denuncia, se basa en que el ex titular de la SSP durante la Administración de Calderón Hinojosa “ocultó fondos robados del Gobierno de México y obstaculizó su recuperación por blanquear ganancias mediante la transferencia de los fondos robados, fuera de México a cuentas bancarias en Barbados, Estados Unidos y otros lugares”.
“Actos que se cometieron mientras estaban en Miami […] Con lo que pudo adquirir, controlar y mantener una gran y sofisticada empresa de lavado de dinero, principalmente a través de la compra y mantenimiento de bienes muebles e inmuebles ubicados en Florida”, agrega la demanda de 131 páginas.
La UIF destacó que dicha “empresa” de lavado de dinero, ideada y liderada por García Luna, transfirió 160.7 millones de dólares a Barbados en 2015; 12.9 millones de dólares en 2019 a Panamá, a través de la empresa Nunvav, propiedad de los Weinberg y Wancier, que sirvió como conducto principal para los fondos tomados ilegalmente de México.
También adquirió vehículos de lujo como Lamborghini, Ferrari y Rolls Royce. Además, destaca que en los últimos dos años, ya preso en Nueva York, García Luna vendió propiedades por más de 17 millones de dólares. Mientras que en otros casos, se siguen beneficiando de rentas, intereses.
UIF PRESENTA DEMANDA CIVIL EN EU PARA RECUPERAR 39 EMPRESAS Y FIDEICOMISOS DE GARCÍA LUNA
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó, el pasado 21 de septiembre, la primera demanda civil en el extranjero para recuperar activos vinculados con operaciones financieras ilegales realizadas por Genaro García Luna, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) Federal, durante el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, así como por otras personas.
El litigio se presentó por la institución perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en coordinación con la secretarías de Relaciones Exteriores (SRE), así como la de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en Miami, Estados Unidos.
La institución, a cargo de Santiago Nieto Castillo, informó que dichos activos se derivan de “un gran esquema ilegal de contratación en el sector de la seguridad y defensa nacional, relacionado con el exsecretario”.
La acción judicial se presentó en las cortes de Miami, Florida, en Estados Unidos, donde la UIF identificó un importante número de empresas y propiedades asociadas a los actos de corrupción política y lavado de dinero que integran el litigio.
La demanda abarca 39 empresas y fideicomisos pertenecientes a García Luna, “sus cómplices y/o familiares”, que tienen operaciones en Florida y son dueñas de propiedades adquiridas con dinero derivado de un esquema de contrataciones ilegales.
“La presente demanda se basa en violaciones a la Ley Rico de Florida, conspiración y enriquecimiento injusto, entre otros. En el litigio se alega que los demandados son integrantes de un gran grupo de empresas creadas y utilizadas por García Luna y sus co-conspiradores para esconder recursos derivados de actos de corrupción”, explicó la UIF.
Estas acciones buscan “refrendar el compromiso de abatir las estructuras económicas de las organizaciones criminales y la impunidad, para hacer efectivo el derecho de la sociedad mexicana a recuperar activos procedentes de esquemas de lavado de dinero que tuvieron origen en territorio nacional, pero fueron incorporados y diversificados en jurisdicciones extranjeras. Lo anterior remarca la posición del Estado mexicano de cero tolerancia frente a actos de corrupción”, señaló.
El pasado 16 de agosto, la audiencia de Genaro García Luna, prevista para el 23 de junio, fue pospuesta, de nueva cuenta, para el 25 de agosto de este mismo año, luego de que el juez Brian M. Cogan, de la Corte del Distrito Este de Nueva York, aceptó la moción que le hicieron llegar fiscales y los abogados defensores del ex titular de la SSP Federal, durante el Gobierno de Calderón Hinojosa.
Después, el juez federal retrasó hasta el 26 de octubre una vista previa del juicio de García Luna. Cogan ordenó posponer la sesión a instancias de la Fiscalía del Distrito Este neoyorquina, que solicitó 60 días más de plazo, porque descubrió nuevas pruebas -más de 13 mil páginas de documentos- que se suman a las más de un millón que conforman el expediente elaborado hasta el momento por los fiscales contra el ex funcionario federal mexicano.
Según el diario Reforma, en el juicio por narcotráfico contra García Luna en una Corte Federal de Nueva York se ha ventilado que posee bienes raíces en Estados Unidos que suman casi 4 millones de dólares, entre ellos una propiedad de 1.2 millones que infructuosamente ofreció como garantía para su libertad bajo caución.
El ex titular de la SSP Federal mexicana tiene una casa en Golden Beach, Florida, que compró por medio de una empresa de papel en octubre de 2012, cuando aún era titular de la SSP, pagada con un millón de dólares en efectivo. A esa residencia se mudó al concluir el Gobierno de Calderón Hinojosa.
El mismo rotativo afirmó que el 2016, a través de la misma empresa con la que adquirió ese inmueble, García Luna compró un yate, mientras que otra compañía en la que tampoco aparecía su nombre, era la que pagaba las colegiaturas de sus hijos.
En 2018 García Luna también compró la oficina ubicada en el despacho 507 del edificio con número 2980 de la calle 207 en Aventura, un suburbio de Miami, por 1 millón 224 mil dólares. Asimismo, la investigación estadounidense señala que el ex funcionario recibía millones de dólares, tanto de compañías con las que está públicamente afiliado, como de empresas fantasma con sede en países como Panamá y que contaba con un grupo de prestanombres para encubrir operaciones.
El pasado 18 de junio, en el el memorándum enviado al juez federal, Mark Lesko, nuevo fiscal titular del Distrito Este de Nueva York, insistió en una “producción de descubrimiento adicional el 18 de mayo de 2021, por un total de más de 31 mil páginas de documentos nuevos”.
Además, Lesko adelantó que esperan “respuestas de citaciones pendientes”, así como documentación de las solicitudes que ha presentado el gobierno para tener acceso a “pruebas extranjeras”, como se informó en los memorándums entregados a dicha Corte neoyorquina en febrero y abril pasados.
Las audiencias contra García Luna -que ya cumplió un año y medio desde que fue detenido en diciembre del 2019- se han pospuesto primero en el mismo mes, pero del 2020, después en febrero, más adelante en abril y en junio del 2021.
Por último, esta misma semana se informó que se integran al caso contra García Luna, los fiscales Marietou Diouf e Hiral D’ Mehta, para reforzar al equipo que ya forman Michael Robotti, además de Ryan Harris, Erin Reid y Phillip Pilmar.
