Desde inicios de septiembre se solicitó que se incluya el estado que guardan los organismos de agua en los trabajos de transición, pero el actual Poder Ejecutivo se ha negado
El gobernador Jaime Bonilla Valdez no ha permitido que la administración entrante encabezada por Marina del Pilar Ávila Olmeda, tenga acceso a la información relativa al funcionamiento y operación de las comisiones estatales de servicios públicos.
Lo anterior se confirmó por medio de un oficio presentado este jueves 7 de octubre en la Oficina de la Gubernatura de Baja California, dirigido al coordinador de gabinete Diego Partida Mercado, donde se indica que el pasado 6 de septiembre se hizo llegar un documento para iniciar el trabajo de transición de las comisiones estatales de servicios públicos de forma inmediata, esto con la intención de tener pleno conocimiento de su funcionamiento y del estado que guardan las paraestatales.
El texto de dos páginas firmado por el Enlace de Comisión del Gobierno Entrante, Marco Antonio Moreno Mexía, estableció que el gobierno que dirigirá la gobernadora electa, Marina del Pilar Ávila Olmeda, pretende además tener certeza jurídica para dar cumplimiento a lo ordenado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en torno a las controversias y acción de inconstitucionalidad presentadas por ayuntamientos y el propio Congreso del Estado, las cuales otorgaron una suspensión que impide la municipalización de los organismos operadores del recurso hídrico.
“No se ha recibido respuesta al referido oficio ni se han celebrado reuniones solicitadas, a pesar de la imperiosa necesidad invocada para comenzar el proceso de transición”, refiere el documento, donde además se advierte que no entregar la información constituye un delito identificado como Ejercicio Ilícito del servicio público y coalición de servidores públicos, establecido en el Código Penal del Estado.
Por medio de diversas redes sociales se presentó un documento donde el titular de SEPROA, Salomón Faz Apodaca, indicaba que no se proporcionaría información sobre las comisiones de agua en tanto no se resolvieran los juicios ante la SCJN.
El documento presentado por el equipo de Ávila Olmeda, confirma que existen restricciones que impiden al nuevo gobierno revisar la operación y cuentas de dichos organismos.
