Caciques, políticos y crimen organizado se ensañan con defensores ambientales y activistas de derechos humanos. Oaxaca, Chihuahua, Sonora, Morelos y Guerrero, entre las entidades donde se perpetran más ataques. Destacan homicidios en contra de defensores de los derechos de las comunidades lésbico-gay y transexuales. También los líderes y representantes de los pueblos indígenas sufren las consecuencias de reclamar lo que les corresponde. La oposición al extractivismo de las grandes corporaciones se convirtió en alto riesgo en México, señala investigador
Hombres y mujeres que abanderan causas y derechos de minorías, o en favor del medio ambiente, se convirtieron en víctimas de la violencia ejercida por caciques, intereses de empresas trasnacionales o del crimen organizado en México, sin que, en contraparte, se aclaren los hechos por parte de las autoridades o cesen las hostilidades que frecuentemente concluyen en asesinatos de las personas comúnmente conocidas como activistas.
Organismos de derechos humanos en México han alertado sobre un incremento en el número de agresiones y homicidios de defensores. El propio Gobierno Federal reconoce el fenómeno y por lo menos se tienen documentados 70 asesinatos de personas identificadas como luchadoras o miembros de organizaciones de la sociedad civil que caen en su intento de buscar la justicia para el problema que les aqueja.
Las víctimas de esta barbarie han sido aquellas que se han atrevido a exigir mayor seguridad para las mujeres y que reclaman el respeto y restitución de derechos de comunidades indígenas, lésbico-gay o transexual. También figuran defensores de territorios que buscan evitar el desplazamiento y saqueo de sus pueblos por parte de empresas nacionales o internacionales a través de la explotación industrial.
La mayoría de las personas ejecutadas a balazos, estranguladas o victimadas con objeto punzocortante estuvieron vinculadas con la defensa del medio ambiente, en una desigual lucha contra compañías mineras, cerveceras, refresqueras, que entre otros bienes, se apoderan del más vital de los recursos naturales: el agua. Además de la violencia, ocasionan el desplazamiento de comunidades enteras.
David Velasco Yáñez, profesor e investigador de universidades jesuitas, responde a la interrogante: “¿Por qué los matan? Simplemente porque se oponen al extractivismo de las grandes corporaciones y porque señalan al Estado y a las mismas empresas transnacionales, como principales perpetradoras de violaciones graves a los derechos humanos. Por eso los matan. Entonces, matar al mensajero es algo que lesiona no solamente a cada defensor y defensora de derechos humanos, ni solo a sus familias, sino a toda la sociedad.
“No es casual que la mayoría de los defensores y las defensoras que han sido asesinados, sean defensores ambientalistas. Es decir, hombres y mujeres que han denunciado las atrocidades que cometen las empresas mineras, los grandes proyectos eco-turísticos, o de construcción infraestructura, de represas, porque están afectando intereses muy importantes y de gran poder económico y político”, establece el Doctor en Educación.
ANIQUILAMIENTO INDÍGENA
Los pueblos indígenas que subsisten en México han tenido que lidiar con políticos y ambiciosos corporativos que buscan desapoderarles de sus territorios y de los recursos naturales a que tienen derecho, a través de su aniquilamiento. No son casualidad los asesinatos perpetrados en contra de líderes o defensores de diversas etnias, sobre todo en los dos años más recientes.
Como muestra se tiene la privación de la vida del presidente del Comité de Seguridad de la comunidad indígena de San Jerónimo Amanalco, Benito Peralta Arias, el 13 de marzo de 2020 en Texcoco, Estado de México. De igual forma, el homicidio de la defensora del territorio de Wirikuta, Paulina Gómez Palacios Escudero, el 22 de marzo de ese año en el poblado El Salvador, en Zacatecas.
Activistas indígenas y sus representantes del Movimiento Unificador de la Lucha Triqui (MULT) han sufrido las consecuencias de sus reclamos, sobre todo en el municipio de Putla de Villa, Oaxaca, donde el 9 de abril de 2020 fueron asesinados Esteban Martínez Pérez y Paulo Guzmán Solano. El 21 y 25 de noviembre de ese año, respectivamente, balas acabaron con la existencia de Gabino Ávila Hernández y Aurelio Hernández, de la misma organización. Y el 27 de diciembre, la víctima fue Justo Santos Quiroz.
En Tecate, Baja California, la muerte por mano ajena sorprendió a Óscar Eugenio Eyraud Adams y Daniel Sotelo, presuntos activistas indígenas de la etnia Kumiai que luchaban para obtener la concesión de agua. Misma suerte corrieron en Santiago Jamiltepec, Oaxaca, defensores del Río Verde y opositores de megaproyectos hidroeléctricos de la Comisión Federal de Electricidad. El 26 de marzo de 2021 mataron a Fidel Heras Cruz; el 15 de marzo, a Raymundo Robles Riaño, Noé Robles Cruz y Gerardo Mendoza Reyes. El 29 del mismo mes, la víctima fue Jaime Jiménez Ruiz.
Quizá ninguna etnia tan agraviada como la Yaqui, que en los últimos años ha sido sangrada profusamente, a tal grado que el 28 de septiembre, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, secretarios de Estado y otros funcionarios, participaran en la ceremonia de perdón de ese pueblo, que tan solo en 2021 ha perdido violentamente a Agustín “El Roque” Valdez, jefe de la Guardia Tradicional de la tribu, el 2 de mayo; al defensor del agua, Luis Urbano Domínguez Mendoza, el 8 de junio; y al líder defensor de derechos humanos, Tomás Rojo Valencia, encontrado sin vida el 17 de junio.
Otros crímenes fueron perpetrados en diversas fechas de estos dos últimos años en las personas de Antonio Montes Enríquez, dirigente indígena Rarámuri de la comunidad Bosques de San Elías Repechique, en Chihuahua; J. Santos Chávez, defensor del territorio y candidato a presidir el Comisariado Ejidal de la comunidad indígena de Ayotitlán, Jalisco; el indígena Tzotzil, Simón Pedro Pérez López, defensor de derechos humanos y ex presidente de Las Abejas de Acteal, Chiapas; Román Rubio López, defensor del pueblo Tarámaris, en Sinaloa de Leyva; y el miembro del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), Domingo Sántiz Jiménez, en Chenalhó, Chiapas.
COMUNIDAD LGTB+
Otro sector severamente atacado es el de las personas activistas de los derechos a la libertad sexual que visibilizan la discriminación y crímenes de odio. Algunas de sus principales defensoras han sido asesinadas en diversas entidades, como le ocurrió a Karla Valentina Camarena Castillo, mujer transexual y defensora de derechos transgénero, el 29 de marzo de 2020 en San Felipe, Guanajuato.
Esa anualidad fue especialmente violenta para estas activistas, pues el 19 de junio, en Huitzilac, Morelos, fue hallada sin vida en despoblado, tras diez días de haber desaparecido, la doctora María Elizabeth Montaño Fernández, defensora de la comunidad LGTB+, quien pugnaba por una mejor atención médica. El 30 de ese mes, en Centro, Tabasco, fue asesinada Gabriela Reyes, transexual y defensora de la comunidad lésbico-gay.
En agosto, el día 11 mataron al estudiante y activista Jonathan Santos; el 19, en Cuernavaca, Morelos, victimaron a Javier Eduardo Pérez Hidalgo, defensor de la comunidad LGTB+; el 27, en Tijuana, Baja California, apuñalaron a la activista transexual Jeanine Huerta López, a escasos días de que expuso la violencia que se vive en esta frontera contra las personas del colectivo LGBT+ en la región. Se le identificaba por defender la libertad sexual y a las personas con VIH.
En Chihuahua, hubo dos homicidios de este tipo en septiembre de 2020. Uno ocurrió el día 2, en Aquiles Serdán, cuando Mireya Rodríguez Lemus, activista transgénero y fundadora de Organización Unión y Fuerza Trans Chihuahuense, fue asesinada en una vivienda y le robaron su vehículo y teléfono móvil. Destacó como promotora del Fondo Mundial para la Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria. Tres días después, en Ciudad Juárez, fue victimada otra mujer transgénero defensora de derechos humanos, Leslie Rocha.
Durante 2021, hay por lo menos dos casos de activistas que cayeron en manos de asesinos, como fue el caso de Aline Sánchez, mujer transexual y defensora de los derechos de la comunidad LGTB+, el 19 de julio, en San Mateo Mexicaltzingo, Estado de México. Y el 5 de septiembre reciente, el homicidio de Devanny Cardiel, defensora de las comunidades trans y lésbico-gay en León, Guanajuato.
Sólo en el caso de Mireya, en Chihuahua, hay personas detenidas como sospechosas del crimen, aunque las autoridades sostienen que el móvil fue el robo, pese a que inicialmente se iniciaron las investigaciones bajo el protocolo de feminicidio.
DEFENSORES AMBIENTALES
Otros de los activistas que son objeto de agresiones al punto de ser asesinados, son aquellos defensores del medio ambiente, que enfrentan conflictos desde pelear por los recursos naturales, despojo del agua, despojo de tierra, desplazamiento poblacional, amenazas a la comunidad y violación a los derechos laborales a las personas que trabajan en las minas, hasta un caso gravísimo, que es la afectación a la salud.
En 2020, el 29 de enero y el 1 de febrero, fueron encontrados sin vida, asesinados, los defensores de la mariposa monarca, Homero Gómez González y Raúl Hernández Romero, en Ocampo, Michoacán. El 23 de marzo, en Jiutepec, Morelos, sujetos mataron a Isaac Medardo Herrera Avilés, defensor del medio ambiente. El 8 de abril, Actopan, Veracruz, se reportó el homicidio de Adán Vez Lira, activista ambiental. Y el 23 de ese mes, en Bocoyna, Chihuahua, ejecutaron a Juan Zamarripa Torres, quien luchaba en contra de los taladores de bosques.
En mayo de ese año, el día 7, en San Agustín Loxicha, Oaxaca, fue liquidado el estudiante y defensor ecológico Eugui Roy Martínez Pérez; el 12, en Cocula, Guerrero, la Policía encontró muerto a tiros a Óscar Ontiveros Martínez, activista del medio ambiente y opositor de la minera Media Luna. Para el 23 de agosto, homicidas sorprendieron al defensor de la tierra y dirigente del Frente Popular Revolucionario (FPR) en la región Sierra Sur de Oaxaca, Tomás Martínez Pinacho.
Ese año cerró violentamente el 28 de octubre, en Copalillo, Guerrero, con el crimen cometido en contra del activista ambiental e impulsor del proyecto ecoturístico de las aguas termales de Papalutla, Juan Aquino González; el 2 de noviembre, con el asesinato del defensor del territorio, Rodolfo Díaz Jiménez, en San Baltazar Loxicha, Oaxaca; y el homicidio del defensor de cerros, Francisco Benito, el 15 de diciembre en Chihuahua, Chihuahua.
Durante 2021, los asesinatos se han registrado en Las Choapas, Veracruz, el 17 de enero, contra el líder de autodefensas del Cerro del Nanchital, Teódulo Gorostieta; el 13 de febrero en Tlapacoyan, misma entidad federativa, contra la persona de Miguel Vázquez Martínez, activista ambiental y fundador de Alianza de Comunidades en Defensa de los Ríos Bobos-Nautla y Tecolutla; el 4 de abril, en San Miguel Totolapan, Guerrero, fue asesinado el campesino ecologista y comisario municipal de Las Conchitas, Carlos Marqués Oyorzábal; y el día 30, en Puerto Peñasco, Sonora, José de Jesús Robledo Cruz, defensor del territorio contra la minera Penmont.
El 21 de mayo, en Chilpancingo, Guerrero, mataron a balazos al defensor de los bosques y comisario ejidal de Jaleaca de Catalán, Marco Antonio Arcos; el día 29 acabaron con la vida del activista Francisco Javier Barajas Piña en Salvatierra, Guanajuato; el 2 de julio, en Salahua, Colima, asesinaron a David Díaz Valdez, defensor del medio ambiente y fundador de Morena en Manzanillo; y el 6 de septiembre, en Cuernavaca, Morelos, ser opositor a la reapertura del “basurero” Loma de Mejía le costó la vida a Rodrigo Morales Vázquez.
