Ganther Alejandro Villar Ceballos, Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, determinó, este miércoles 20 de octubre, que Rosario Robles Berlanga -ex titular de las secretarías de Desarrollo Social (SEDESOL) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto-, continúe con la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por el caso de la llamada “Estafa Maestra”, ante el “alto riesgo de fuga”.
Asimismo, la Fiscalía General de la República (FGR) tiene pendiente la ejecución de otra orden de aprehensión en contra de Robles Berlanga por delincuencia organizada y lavado de dinero, misma que fue emitida por un juez federal de Almoloya de Juárez, Estado de México.
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Durante la audiencia de Robles Berlanga, el juez de control determinó que no permitiría nuevos debates entre la fiscalía y la parte acusada, por lo que se definiría conforme a la determinación que tomó el Noveno Tribunal Colegiado Penal de la Ciudad de México, para que se revisaran las medidas cautelares.
“En este momento señala el Juez que, en términos de la ejecutoria de Amparo, no se permitirá nueva participación de las partes; sino que se resolverá con lo ya vertido por ellas”, indicó el juez de contro, cuya deteminación significó que Robles Berlanga no pudo aportar pruebas nuevas en su defensa.
El pasado 13 de agosto, la ex funcionaria federal cumplió dos años presa en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, en la Ciudad de México. Sin embargo, en punto de las 16:00 horas de este día, un vehículo del Sistema Penitenciario capitalino, que trasladaba a Robles Berlanga, llegó a las inmediaciones del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur.
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La audiencia -programada para las 17:00 horas- comenzó 15 minutos tarde, presidida por el juez de control Villar Ceballos, en cumplimiento a una sentencia dictada el pasado 7 de octubre por el Noveno Tribunal Colegiado Penal de la capital de la República, que concedió un amparo a Robles Berlanga, en el que ordena reponer el procedimiento mediante el cual le dictaron la prisión preventiva justificada.
El pasado 7 de octubre, por unanimidad, los magistrados del Noveno Tribunal Colegiado Penal de la Ciudad de México aprobaron el proyecto de sentencia de Juan Carlos Ramírez Benítez, que concedió el amparo a la ex funcionaria federal, para que se considere la posibilidad de modificar la prisión preventiva.
Los integrantes del Noveno Tribunal Colegiado Penal de la capital de la República confirmaron en forma definitiva el fallo dictado el pasado 12 de junio, por Augusto Octavio Mejía Ojeda, Juez Tercero de Distrito en Amparo, declarando como infundados e inoperantes los argumentos o agravios de la FGR y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que pidieron mantener la presente medida cautelar, con base en el supuesto riesgo de fuga.
Ello, argumentando la supuesta falta de arraigo, con base en la existencia de registros domiciliarios y de una licencia de conducir que la propia Robles Berlanga ha denunciado como falsa, así como por la aparente disponibilidad de recursos económicos y redes familiares que, según la FGR, facilitarían la evasión de la justicia.
Robles Berlanga presentó el amparo contra el fallo dictado el 30 de abril del 2020 por Villar Ceballos, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, quien rechazó concederle el cambio de medida cautelar y le ratificó la prisión preventiva justificada, porque estimó que prevalece el riesgo de fuga.
Esta fue la cuarta ocasión que la ex funcionaria federal intentó conseguir la libertad provisional y la prisión domiciliaria en tres ocasiones. El 22 de octubre del 2019, así como el 5 de febrero y el 30 de abril del 2020, distintos jueces rechazaron concederle dichos beneficios, concluyendo que prevalecían las mismas condiciones por las que se decretó la prisión preventiva.
El 13 de agosto del 2019, Robles Berlanga fue vinculada a proceso por el delito de ejercicio indebido del servicio público, que no amerita por norma la privación de la libertad del imputado durante el procedimiento judicial. Sin embargo, el entonces juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, le impuso la prisión preventiva justificada.
La imputación de la FGR contra la ex funcionaria federal es por su supuesta omisión como titular de la SEDATU y la SEDESOL durante el Gobierno de Peña Nieto, ante los desvíos de 5 mil 073 millones 358 mil 846 pesos que supuestamente llevaron a cabo sus subordinados, en la llamada “Estafa Maestra”.
ROSARIO ROBLES SE DECLARA INOCENTE DE HABER DESVIADO MÁS DE 5 MIL MDP EN LA “ESTAFA MAESTRA”
El pasado 26 de marzo, Robles Berlanga se declaró inocente, del delito de ejercicio indebido del servicio público, por el presunto daño la hacienda pública, estimado en 5 mil 073 millones 358 mil 846 pesos, en el caso de la llamada “Estafa Maestra”.
Al principio de la audiencia intermedia, la ex funcionaria federal informó a Ganther Alejandro Villar Ceballos, Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, que el pasado 8 de marzo retiró la propuesta de declararse culpable y pasar 6 años en prisión.
Por su parte, los representantes de la FGR formularon la acusación por el presunto delito de ejercicio indebido del servicio público, solicitando al juez federal la pena máxima de prisión (de 21 años) y que Robles Berlanga más de 5 mil millones de pesos por reparación del daño a la hacienda pública.
ROSARIO ROBLES SE DESISTE A DECLARARSE CULPABLE Y PASAR 6 AÑOS EN PRISIÓN
El pasado 8 de marzo, la ex funcionaria federal argumentó en un escrito enviado a Juan Ramos López, titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF), que “derivado de la forma sistemática en que autoridades diversas han obstaculizado cualquier posibilidad para alcanzar una terminación anticipada del proceso, como lo es un procedimiento abreviado dentro de la carpeta de investigación al rubro citado”, procederá ir a juicio.
Según dijo Robles Berlanga en el escrito enviado a la FGR, las autoridades ministeriales y del Poder Ejecutivo Federal han decidido someterla a un proceso penal en el que existe la intencionalidad de mantenerla en prisión bajo cualquier circunstancia, “negándole la posibilidad de lograr una negociación, a la que cualquier persona tiene derecho”.
AMLO ESTÁ MAL INFORMADO, RESPONDE ROBLES BERLANGA AL PRESIDENTE
El pasado 5 de marzo, Robles Berlanga afirmó que el presidente Andrés Manuel López Obrador está mal informado por suponer que ella está imputada de un delito de corrupción y señalar que debe resarcir el daño económico ocasionado por la llamada “Estafa Maestra” para alcanzar un beneficio legal.
A través de su cuenta de la red social Twitter -que maneja su hija Mariana Moguel Robles-, la ex funcionaria federal afirmó que el ilícito por el cual está procesada no contempla el pago de la reparación del daño, que asciende a 5 mil 073 millones 358 mil 846 pesos, en el caso de la llamada “Estafa Maestra”.
“Las declaraciones de hoy demuestran que el presidente está mal informado. No estoy acusada de un delito de corrupción, sino de omisión, lo que no supone reparación del daño. Lamentable que se interfiera en asuntos de un órgano autónomo [FGR]. La República sin equilibrio de poderes no lo es”, expresó Robles Berlanga.
Más temprano ese mismo día, López Obrador pidió a Robles Berlanga, resarza el daño la hacienda pública, estimado en 5 mil 073 millones 358 mil 846 pesos, en el caso de la llamada “Estafa Maestra”.
FGR LE NIEGA A ROBLES EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO
El pasado 26 de febrero, encabezados por Mónica Martell Olguín, fiscales de la FGR ratificaron ante Ganther Alejandro Villar Ceballos, Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, que no otorgarán a Robles Berlanga, el beneficio del procedimiento abreviado.
En el que debe declararse culpable para obtener una pena mínima, debido a que, supuestamente, la ex funcionara federal no quiere reparar un daño a la hacienda pública por un total de 5 mil 073 millones 358 mil 846 pesos, en el caso de la llamada “Estafa Maestra”.
La Auditoría Superior de la Federación -que en este caso tiene la calidad de ofendida-, secundó la postura de la FGR y manifestó que también estaba de acuerdo en llevar a cabo la audiencia intermedia contra la ex titular de SEDESOL y SEDATU), durante el Gobierno de Peña Nieto.
El pasado 17 de febrero, Juan Ramos López, titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF) informó al juez federal que la FGR no concedería a Robles Berlanga, ni el procedimiento abreviado, ni el criterio de oportunidad, beneficio este último que consiste en colaborar con información en las investigaciones del Ministerio Público a cambio de la cancelación de la acción penal.
