La Fiscalía General de la República (FGR) afirmó, este lunes 11 de octubre, que Emilio Ricardo Lozoya Austin, ex director general de Petróleos Mexicanos (PEMEX), continúa enfrentando sus procesos penales y que el plazo que tiene para aportar pruebas para su defensa vence el próximo 3 de noviembre.
La institución -cuyo titular es Alejandro Gertz Manero- indicó que los procesos contra el acusado, por los casos Agronitrogenados y Odebrecht, y de quienes recibieron los sobornos que él supuestamente entregó, “continuarán con la transparencia que se ha llevado en este caso y que fue dada a conocer públicamente” el pasado 6 de enero.
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“Emilio ‘L’ sigue siendo procesado y los tiempos que se le han dado para aportar las pruebas terminan en fecha 3 de noviembre, según el acuerdo del juez de control del reclusorio Norte, que lleva el caso”, detalló la FGR, que hizo una recapitulación del caso y señaló que desde 2017, el escándalo de corrupción internacional más grave que ha habido en América Latina, denominado Odebrecht, se había “congelado” en la entonces Procuraduría General de la República (PGR), sin que hubiera ningún avance.
La institución mencionó que fue hasta 2019, que la nueva FGR investigó el caso, que fue ratificado por PEMEX, al igual que el asunto de Agronitrogenados, en los que Lozoya Austin era uno de los principales responsables. Una vez que se obtuvo la judicialización de esa persona, una filtración alertó al acusado, dándole la oportunidad de que huyera del país.
La FGR recordó que, durante más de un año, investigó dicha fuga, junto con las áreas de Interpol, hasta que fue localizado en España, donde perdió todas las instancias de extradición frente a las acciones de la Fiscalía General de la República. En dichas circunstancias, el acusado solicitó el criterio de oportunidad “para denunciar a sus cómplices y encubridores en ambos casos”, y para buscar y aportar todas las pruebas necesarias para su judicialización.
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Presentando la denuncia correspondiente el 11 de agosto del 2020, y habiendo aportado diversas pruebas que se han ido desahogando, lo que permitió judicializar “a un primer grupo de legisladores” -el ex senador Jorge Luis Lavalle Maury, así como Ricardo Anaya Cortés- “que recibieron sobornos millonarios para votar en favor de las pretensiones de Odebrecht”.
Aproximadamente a las 20:00 horas del pasado sábado 9 de octubre, la periodista Lourdes Mendoza publicó en su cuenta de la red social Twitter, una serie de fotografías de Lozoya Austin, cenando con otro grupo de personas en un lujoso restaurante. La también columnista del diario El Financiero acusó que interpuso una demanda ante la FGR por daño moral contra el ex director general de PEMEX, la cual el funcionario federal no ha atendido aludiendo que cuenta con “arresto domiciliario”.
Dos jueces de control vincularon a proceso a Lozoya Austin por su presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita derivado de la compra de la planta chatarra de Agronitrogenados; y por el caso Odebrecht se le vinculó a proceso por el citado delito, así como por asociación delictuosa y cohecho.
El próximo 28 y 29 de octubre se cumplirán 15 meses de que el ex funcionario federal fue vinculado a proceso en ambas causas penales 261/2019 (Odebrecht) y la 211/2019 (Agronitrogenados). Sin embargo, el ex director general de PEMEX aún trata de conseguir un criterio de oportunidad que no solo lo beneficie a él, sino también a su esposa Marielle Helene Eckes, su hermana Gilda Susana, y a su madre, Gilda Margarita Austin y Solís, quien enfrenta la medida cautelar de prisión domiciliaria.
Respecto a la causa penal de la planta de fertilizantes, a Lozoya Austin se le imputó por supuestamente recibir un soborno de 3.5 millones de dólares por parte del presidente de Altos Hornos de México (AHMSA), Alonso Ancira Elizondo, por la compra de la planta que se ubica en el complejo Pajaritos, en Coatzacoalcos, Veracruz.
La Fiscalía General de la República (FGR) alegó que la compra provocó un daño a PEMEX por casi 8 mil millones de pesos, porque la planta era obsoleta, ya que tenía 14 años sin estar en funciones. No obstante, en ambos casos, Lozoya Austin se declaró inocente y dijo que renunció al juicio de extradición, tras ser detenido en España, para que se aclarara su situación y demostrar que no es culpable de los delitos que se le imputan.
Con fechas 28 y 29 de julio de 2020, Artemio Zúñiga Mendoza, juez de control en el Centro de Justicia Penal Federal, con sede en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte de la Ciudad de México vinculó a proceso a Lozoya Austin señalando como medidas cautelares la colocación de un brazalete electrónico, su firma periódica ante el Juzgado y la prohibición de salir del país, retirándole el pasaporte.
Tras ser vinculado a proceso, Lozoya Austin interpuso una denuncia en la FGR que alcanzó a ex presidentes de México y a cuatro ex secretarios de Estado, además de nueve legisladores, políticos y empresarios, que presuntamente recibieron sobornos y se beneficiaron con favores.
