ENSENADA.- La Comisión de Reforma de Estado y Jurisdiccional aprobó con seis votos a favor y uno en contra la procedencia de juicio político contra el alcalde Armando Ayala Robles y el secretario fedatario Rubén Best.
En sesión celebrada este lunes en Mexicali, se declaró procedente y fundada la solicitud de juicio político formulada por los regidores y exregidores Diego Lara Arregui, Carmen Salazar, Brenda Valenzuela, Raúl Vera, Marisol Sánchez, Carmen Jiménez y Adolfo Muñoz.
Con ello, inicia el proceso de juicio político -no se ha determinado si son o no responsables, solamente se consideran suficientes los elementos de prueba presentados- en contra de Ayala Robles y Best Aguilar por su probable responsabilidad en actos, omisiones y consecuencias al haberse aprobado la municipalización del agua.
En el mismo proyecto se declara improcedente e infundada la solicitud de juicio político contra la síndico Elizabeth Muñoz Huerta, así como los ediles y exediles Joaquín Moreno -con cargo en el XXIV Ayuntamiento-, Christian Dunn -reelecto-, Alejandra Camargo, Dora Leticia de la Rosa y Yancy Pérez.
El 4 de agosto, en sesión de extrema urgencia de Cabildo del XXIII Ayuntamiento de Ensenada se rechazó la creación del organismo municipal para administrar el agua en Ensenada.
Esa misma noche, minutos más tarde de la sesión, el alcalde volvió a convocar a sesión con solo ocho ediles -de los 15 integrantes- se propuso el mismo tema y fue votado a favor, negando acceso a la sesión a los siete regidores restantes.
El 25 de agosto, el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa decretó la suspensión de la creación del organismo operador del agua en el municipio; el 1 de septiembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación suspendió transferir organismos del agua a los municipios, hasta que se resuelva el caso de fondo, pues queda antecedente de inconstitucionalidad.
El 1 de septiembre, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador se posicionó en contra de la municipalización del agua, presentando una acción de inconstitucionalidad en contra del decreto 289 que municipaliza los servicios de agua en Baja California.
