El penúltimo negocio -porque el último será hasta que se vayan del gobierno, el 31 de octubre de 2021-, ya se les ocurrió a quienes trabajan en el Gobierno del Estado. Resulta que, al Secretario de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, y al comisionado del sistema penitenciario, el denunciado por moches, Jesús Núñez, se les ocurrió otro negocito: privatizar las cárceles. Luego que les funcionó –por el momento- aquello de concesionar los verificentros a una empresa norteamericana, el par de funcionarios señalados por cobrar comisión a empresarios para hacer contratos con el gobierno, tuvieron la ocurrencia de privatizar el servicio que se otorga en los penales, pese a que ya faltan unas semanas para que concluya la administración. El trío Bonilla, Amador y Núñez, ya se han acercado con diputados locales en busca de apoyo para hacer las reformas legales necesarias y aprobar el proyecto que contempla la actual administración para privatizar tales servicios. Bueno, hasta han tratado de acercarse con la Gobernadora electa, Marina del Pilar Ávila Olmeda, para plantearle el tema y los apoye en la negociación, pero esa puerta está cerrada; aun así, intentan por todas las vías levantar este proyecto cuyo único interés es el económico porque, pues al menos hasta que llegó la administración de Bonilla, los centros de reinserción operaban bien, con carencias, pero sin mayores sobresaltos. Pero en este bienio, esa situación cambió, al grado que los reos se manifestaron por la falta de alimentos. Ahora sí que hasta el último minuto de gobierno intentarán sacar negocio… de dónde se pueda.
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