La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) asestó un nuevo revés a las intenciones del gobernador Jaime Bonilla Valdez, de “municipalizar” los servicios de agua potable de Baja California, convirtiéndose en el segundo “freno” que imponen los magistrados al mandatario estatal.
En esta ocasión, la Suprema Corte otorgó la suspensión a los diputados de la XXIII Legislatura de Baja California, que interpusieron la acción de inconstitucionalidad con número 119/2021, en contra del decreto 287, aprobado por la mayoría del Poder Legislativo, el cual instauró una serie de modificaciones legales para entregar la operación parcial de los servicios y administración del vital líquido a los municipios.
Lo anterior puede constatarse en la lista de notificaciones hecha pública este 1 de septiembre, donde establecen los acuerdos emitidos el 30 de agosto por los ministros encargados de evaluar el caso.
El fragmento de la resolución de la Suprema establece lo siguiente:
“Se concede la suspensión solicitada por el diputado representante común de los diversos diputados integrantes de la Vigésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Baja California, promoventes de la acción de inconstitucionalidad 119/2021, para el efecto que se interrumpan los plazos y obligaciones previstas en los artículos transitorios del decreto impugnado, y consecuentemente, el Gobierno Estatal continúe prestando a los habitantes de los municipios del Estado, los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de sus aguas residuales en tanto se resuelva el fondo del asunto.
“Dicha medida cautelar surtirá efectos desde el momento en que se notifique la presente resolución sin necesidad de otorgar garantía alguna, sin perjuicio de que pueda modificarse o revocarse derivado de algún hecho superveniente. Cabe aclarar que lo así determinado, de ningún modo prejuzga sobre el fondo del asunto que será materia de análisis de la sentencia que en su momento dicte este Tribunal Constitucional”.
La acción de inconstitucionalidad promovida por 12 diputados que se posicionaron en contra de la reforma de Bonilla, obtuvo los alcances para suspender los plazos de los transitorios previstos en la Ley.
Por ello, el abogado Guillermo Rivera, consideró que -a reserva de lo que dicte la resolución específicamente- suspendería por completo los avances de todos los municipios, y no sólo los que aún no inician el procedimiento de recepción.
Esto quiere decir que la suspensión trastoca a los municipios de Rosarito, Tijuana y Ensenada, los cuales ya arrancaron el proceso de entrega de los organismos operadores del agua.
A esta acción de inconstitucionalidad, se le suman las suspensiones otorgadas por la Suprema a los municipios de Tecate, Mexicali y Rosarito, el pasado 20 de agosto, con el objetivo de “frenar” el avance de la “municipalización” del servicio de agua.
