Gregorio Salazar Hernández, juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, negó este miércoles 22 de septiembre, las órdenes de aprehensión que solicitó la Fiscalía General de la República (FGR) contra 31 académicos, científicos y ex funcionarios por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, derivado de los 244 millones de pesos (mdp) que durante seis años otorgó el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) al Foro Consultivo, Científico y Tecnológico (FCCyT).
El juez federal consideró que los hechos imputados no se corresponden o se adecúan a los delitos que se pretenden atribuir a los indiciados, es decir que no existe la tipicidad del delito. La FGR busca imputar a científicos los delitos de peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades, así como lavado de dinero y delincuencia organizada, porque los integrantes del FCCyT, supuestamente recibieron ilegalmente 50 mdp por parte del CONACYT durante la Administración del presidente Enrique Peña Nieto.
“La FGR [cuyo titular es Alejandro Gertz Manero] puede impugnar la resolución del día de hoy ante un tribunal colegiado. Los 31 académicos imputados por la FGR están en proceso de ser notificados de la sentencia”, difundió el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) en una tarjeta informativa, citada por diarios nacionales.
En la causa penal 299/2021, el 24 de agosto pasado -siete días después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación [SCJ] resolvió que el CONACYT si podía entregar recursos al foro- la FGR solicitó a Salazar Hernández, las órdenes de captura, pero el juez federal las negó, por “considerar que la fiscalía no presentó elementos suficientes para llamarlos a juicio a través de una orden de captura”.
Luego, el 21 de septiembre, la Fiscalía General de la República pidió por segunda vez las órdenes de aprehensión contra 31 científicos, por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, por los 244 millones de pesos que durante seis años otorgó el CONACYT al Foro Consultivo, Científico y Tecnológico.
Por estos hechos, la FGR inició la carpeta de investigación FEM/FEMDO/UEIORPIFAM-CDMX/0 000222/2021, en la que coincidió con la denunciante, María Elena Álvarez-Buylla, directora general del CONCAYT, en que fue ilegal que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, entonces encabezado por Enrique Cabrero Mendoza, transfiriera recursos a una asociación civil como el FCCyT.
Sin embargo, el diario Reforma señaló que aunque la FGR imputó el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, el dinero en cuestión tenía dos fuentes legales, el Fondo Institucional (FOINS) y el Programa Presupuestario de Apoyos para Actividades Científicas, Tecnológicas y de Innovación (Programa F002).
AMLO CONFIRMA IMPUTACIÓN CONTRA LOS CIENTIFICOS
Este mismo miércoles 22 de septiembre, durante su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó sobre el tema que “el que nada debe, nada teme”, y que tenía entendido que sí existía una investigación en curso por supuestos malos manejos en el CONACYT.
“Tengo entendido que sí, porque se presume que hubo malos manejos de recursos en el CONACYT. Pero esto lo va a resolver el juez y el que nada debe, nada teme. Es que tenemos que combatir la corrupción, desde luego más arriba, de arriba hacia abajo, parejo. No tolerar la corrupción. Eso fue lo que tronchó la causa de la Revolución Mexicana, la corrupción, eso dio al traste con todo”, señaló el mandatario nacional.
“Nosotros tenemos que acabar con la corrupción. Nada de, cómo se llama lo que se investigó del sexenio pasado, la ‘Estafa Maestra’, universidades protegiéndose en la autonomía, manejaban muchísimo dinero. Rectores caciques de universidades públicas, enriquecidos, aplaudidos, premiados hasta por la monarquía española. Ya no, no debe de haber impunidad para nadie”, señaló el político tabasqueño.
LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ FEDERAL
En su primera sentencia, Salazar Hernández estimó que “los hechos imputados por (la FGR) no podían analizarse a la luz del derecho penal, porque en esencia, se estableció que los recursos económicos que recibió el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, Asociación Civil, por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, por conducto de quienes durante 2013 y hasta parte de 2019, tenían cargos directivos en éste, con facultades para administrar recursos, se realizó al amparo del contenido de los artículos 38 de la Ley de Ciencia y Tecnología, vigente en la época de los hechos”.
Además, el juez federal señaló que “las actividades y los hechos atribuidos a los imputados no fueron cometidos durante la vigencia del actual Estatuto Orgánico del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología -que ya no contempla la existencia de la citada asociación civil-, y que su realización es previa a la reforma efectuada a la Ley de Ciencia y Tecnología”.
Así, al encontrar, en su momento, “asidero legal la aportación de recursos económicos por parte del Consejo al Foro [Consultivo, Científico y Tecnológico], en su reconocido carácter de asociación civil, entonces los hechos no podían analizarse a la luz del derecho penal”, abundó el juez de control, en una tarjeta informativa.
Por último, Salazar Hernández indicó que en las demás acusaciones penales -uso ilícito de atribuciones, peculado operaciones con recursos de procedencia ilícita y de delincuencia organizada- el Poder Judicial Federal tampoco avaló los señalamientos de la FGR, por lo que se negaron las ordenes de aprehensión solicitadas, en todos sus términos.
LOS IMPUTADOS POR LA FGR
La lista de imputados contra quienes se pidió la orden de aprehensión la encabezan el ex director general del CONACYT, Enrique Cabrero Mendoza; así como los ex coordinadores del FCCyT, Julia Tagüeña Parga y José de Jesús Franco López; y el ex Oficial Mayor del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Víctor Gerardo Carreón Rodríguez.
También Adriana Ramona Guerra Gómez, David García Junco Machado, Jesús Arturo Borja Tamayo, Rafael Ortega Reyes, María Dolores Sánchez Soler, Miguel Adolfo Guajardo Mendoza, Luis Gabriel Torreblanca Rivera, José Rodríguez Roque Díaz, Luis Mier y Terán Casanueva, y, Elías Micha Zaga.
Además, Inocencio Higuera Clapara, Julio César Ponce Rodríguez, Lorena Archundia Navarro, Rafael Pando Cerón, Teresa de León Zamora, Jorge Antonio Villegas Rodríguez, Salvador Emilio Lluch Cota, Miguel Gómez Bravo Topete, y, Rosa Eugenia Sandoval Bustos.
Asimismo, María Mónica Ramírez Bernal, Pablo Rojo Calzada, Regina María Alarcón Contreras, Mauricio Francisco Coronado García, Marcial Bonilla Marín, Gabriela Dutrénit Bielous, Patricia Zúñiga Cendejas o Patricia Zúñiga Bello, y, Francisco Salvador Mora Gallegos.
El pasado 8 de septiembre, Cabrero Mendoza fue nombrado por unanimidad miembro de la Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). A lo largo de su carrera fue director general del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y consultor para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Banco Mundial (BM).
Por otra parte, la doctora Julia Tagüeña Parga, fue coordinadora General del Foro Consultivo Científico y Tecnológico a partir de 2019. Anteriormente se había desempeñado como directora General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, del Centro de Investigación en Energía de la UNAM y directora adjunta de Desarrollo Científico del CONACYT.
Tagüeña Parga está nominada al premio Kalinga de Divulgación Científica, que otorga la Organización de Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura (UNESCO). Es doctora en Ciencias por la Universidad de Oxford y física por la UNAM, además, por su labor científica es investigadora nivel III del SNI.
