Al 1 de septiembre de 2021, dos millones 720 mil trabajadores que antes estaban contratados por outsourcing en el país ya fueron contratados por su patrón de forma directa, informó la Secretaría del Trabajo y Previsión Social federal.
Los salarios base que se están registrando tienen incrementos de entre 5 y 12 por ciento respecto al que tenían en el Seguro Social, por lo que el Infonavit previó que aumentarán las aportaciones patronales en beneficio de los derechohabientes, quienes podrán acceder a un crédito más alto para comprar una casa, mejorarla o construirla.
Antes de la reforma a la subcontratación -también conocida como “outsourcing”- algunas empresas con trabajadores bajo este esquema no ofrecían prestaciones básicas y registraban ante el Seguro Social un salario menor al real.
Al registrar el salario real, el ahorro para el retiro y el pago en los periodos de incapacidad serán más altos. “Además gracias a la reforma a la Ley de Infonavit, con solo tres bimestres de trabajo continuo, es decir, seis meses, podrán solicitar un crédito para su casa”, resaltó el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).
En abril pasado, el pleno del Senado de la República avaló el proyecto de reforma para prohibir la subcontratación laboral, entendida como el acto en que una persona física o moral proporciona o pone a disposición trabajadores propios en beneficio de otra, salvo en el caso de servicios especializados que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la empresa beneficiaria.
Estableció que solo se permite la subcontratación de servicios especializados u obras especializadas siempre que las empresas contratistas estén registradas en el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados y Obras Especializadas (REPSE); en el cual 65 mil empresas habían concluido su inscripción a nivel nacional.
La eliminación de la subcontratación está vigente desde el 1 de septiembre para el sector privado, y entrará en vigor en 2022 para el sector público. Las empresas que utilicen de forma ilegal el outsourcing serán acreedoras a multas que van desde los 173 mil pesos a los cuatro millones 481 mil pesos.
Además, la reforma establece que simular servicios especializados o la subcontratación laboral será equiparada como defraudación fiscal, delito por el que se podría fincar prisión preventiva.
