“Si quieres derrotar a la corrupción debes estar listo para enviar
a la cárcel a tus amigos y familiares”.
-Lee Kuan Yew, cofundador y primer secretario general del Partido
de Acción Popular (PAP), Singapur.
A 59 días que la gobernadora electa, Marina del Pilar Ávila Olmeda, asuma la administración estatal, y a cuatro semanas de que los nuevos alcaldes de Mexicali, Tijuana, Tecate, y los reelectos de Ensenada y Rosarito, tomen o retomen posesión, la decisión de quiénes ocuparán las posiciones como titulares en las áreas de seguridad pública, se vuelve crítica y de notable relevancia.
Particularmente ante el hecho de que sus antecesores no cumplieron con el compromiso de reducir la incidencia, específicamente la homicida, como no lo hicieron el gobernador Jaime Bonilla; la alcaldesa de Tecate, Zulema Adams; el alcalde reelecto de Ensenada, Armando Ayala; y en Mexicali la propia Marina Ávila y su suplente, Lupita Mora
Bonilla recibió Baja California en 2019, con un promedio de 240 homicidios al mes, y el 2021 está terminando con 269 muertes violentas mensuales. Ya suman cinco mil 533 las ejecuciones en 22 meses.
Mexicali recibió en 2019 con 12.3 homicidios al mes y este año promedia 24 muertes violentas cada 30 días; Ensenada pasó de 20 ejecuciones a 33 víctimas mensuales en 23 meses; mientras Tecate recibió con 8 y entregará con 26 muertos por mes.
En los mismos dos años, Tijuana bajó de 192 a 173 muertes mensuales, y Rosarito de 14 a 11, pero ni así salieron del top 10 de ciudades violentas en el país. De hecho, Baja California está en el primer lugar de víctimas por cada 100 mil habitantes, y el segundo en número totales, solo por debajo de Guanajuato.
El hecho de que Tijuana haya tenido tres secretarios de seguridad en los primeros 17 meses; Tecate, cuatro directores de seguridad en el mismo período; Mexicali haya nombrado dos directores en los primeros 10 meses; y Ensenada haya cambiado de titular tres veces en los primeros 12 meses, ya habla de inestabilidad e inseguridad.
Misma que se agrava cuando Francisco Arellano, el secretario de seguridad de Rosarito, y el único que ha permanecido el bienio, resulta que encabeza una policía investigada por servir a los cárteles de la droga.
Los alcaldes, alcaldesas y la gobernadora electos, no la tienen fácil. Si de verdad quieren algo de paz para sus ciudadanos, están obligados a ir más allá de la elección de un compadre amigo o comadre amiga, como titular de seguridad, porque más que una persona de confianza y complaciente, la incidencia, los altos niveles de impunidad y el temor ciudadano, urgen por servidores eficientes, funcionarios que den resultados no excusas.
La aprobación de la secretaria de la Defensa Nacional y de los exámenes de confianza es importante, pero ha quedado claro que incluso el que se designe a una persona con formación militar, no ha sido suficiente.
Entonces, los titulares de los Poderes Ejecutivos deben tener claro que la responsabilidad primaria es de ellos y necesitan ir un paso adelante, porque si hacen las cosas igual que las personas que los antecedieron, sería irracional esperar resultados mejores o diferentes.
La necesidad apremiante es, en los municipios y el estado de Baja California, por secretarios, por directores de seguridad, incluso fiscales -el fiscal general Guillermo Ruiz ha dicho que someterá su puesto a la voluntad de la nueva gobernadora- que sean innovadores, con pensamiento crítico, mano dura para dirigir las corporaciones. Mucho valor y tolerancia a la presión para enfrentar la corrupción interna y al crimen organizado.
Si quieren un abogado con experiencia, es imprescindible que esta persona no tenga intereses externos, léase un despacho con clientes a quienes proteger o favorecer, o empresa a la cual beneficiar.
Es indispensable que sea creativo(a) y propositivo(a), que no se excuse en las limitaciones presupuestales y financieras, y que a la vez conozca el sistema para que sea capaz de gestionar recursos, sin beneficiar a las tramitadoras que abusan con sus comisiones.
Que más allá de una carta de no antecedentes penales, tenga una ética de trabajo e integridad probadas y públicas.
Con un conocimiento real de la problemática bajacaliforniana, analítico(a) y rápido(a) en la toma de decisiones, capaz de colaborar y liderar los esfuerzos colectivos contra la inseguridad, que ponga atención a los detalles y se haga responsable por la obtención o la falta de resultados.
Con sentido del deber, motivados en el combate a la impunidad y la lucha la justicia, más allá de intereses individuales o partidistas. Tenaz, capaz de desafiar el statu quo en su búsqueda por mejorar la calidad de vida de la sociedad a la que sirve, con la que es solidario y con la que se identifica.
La gobernadora y los alcaldes son los encargados de buscar a las personas idóneas, y si se conforman con menos, serán también responsables de los desastrosos resultados.
