El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Tijuana hizo un llamado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Administración General de Aduanas para que antes de iniciar el programa de regularización de autos “chocolate” la autoridad emita una disposición o regla fiscal de comercio exterior.
La cual determine embargar todo vehículo que después de la regularización sea internado ilegalmente al país, otorgando un plazo perentorio de hasta 30 días, para que el interesado pueda desvirtuar los hechos, en caso contrario el auto pase a posesión del fisco federal, fincando las responsabilidades y sanciones correspondientes a los infractores, señaló el presidente del organismo Francisco Rubio Rangel.
En un comunicado, difundido este 15 de agosto de 2021, el líder empresarial dijo que para la industria automotriz y el comercio organizado de autos usados de Tijuana es relevante que las autoridades socialicen qué unidades, año modelo de las mismas, y requerimientos deberán cubrirse para la regularización de los autos usados de procedencia extranjera que ya se encuentran de forma ilegal en México.
“Nos preocupa que esta iniciativa encierre mucha incertidumbre, pues al interior del gobierno de la república se habla que se está trabajando en un plan de regularización de “autos chocolates”, pero ni siquiera en líneas generales se puntualiza cuál será el fundamento legal, ni las condiciones bajo las cuales ésta se pretende llevar a cabo”, expresó.
El pasado 27 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el programa de regularización iniciará en Baja California y abarcará toda la frontera norte del país.
El presidente del CCE de Tijuana dijo que se estima que en Baja California existen alrededor de 600 mil unidades irregulares; cifra que “irá creciendo mientras no se ponga un tope”. No obstante, en el Registro de Identificación Vehicular del Estado se habla que se han registrado solo 40 mil unidades irregulares, lo cual es “un punto rojo” ante la expectativa de esta regularización, consideró.
Rubio Rangel señaló que los diferentes organismos empresariales que integran el CCE de Tijuana coinciden en que es necesario terminar con estos constantes programas de regularización, toda vez que la autoridad debe priorizar el impacto económico de dicha decisión y, privilegiar el principio de legalidad, el factor seguridad pública y sobre todo que este programa realmente esté enfocado a familias de medianos y bajos ingresos.
El líder empresarial también se pronunció a favor de que se escuche el punto de vista de todos los involucrados en el sector y se llegue a consensos.
