Según el secretario de Economía, Mario Escobedo, el gobierno de BC y Federación definirán requisitos para regularizar 500 mil autos irregulares, entre los que se incluirá la verificación ambiental, además de un costo de 5 mil pesos más mil pesos del censo del Invec que muchos propietarios ya pagaron. Sector automotriz busca una audiencia con el Presidente para reconvenir su decisión, y advierten, aumentará el contrabando de vehículos
“¡REGISTRA YA TU VEHÍCULO! Próximamente el Gobierno Federal contempla un decreto para regularizar unidades irregulares, por eso te esperamos para que tu vehículo quede censado y registrado en #Invec #autoschocolate Entra ya www.invec.gob.mx”, reza una publicación de Facebook de la cuenta oficial del Instituto de Identidad Vehicular y Combate a la Contaminación de Baja California (Invec), creado por la administración de Jaime Bonilla Valdez.
Hasta el jueves 1 de julio, el Invec había captado más de 38 millones de pesos por registrar 38 mil 800 autos de procedencia extranjera -de los años 1990 a 2014-, que se encuentran de manera irregular en Baja California, a razón de mil pesos por trámite.
Ello, pese a que al avalarse la iniciativa enviada por el gobernador, en el Congreso de BC se advirtió que dicho Instituto y censo violentaban la Constitución y leyes federales, en detrimento del bolsillo de los propietarios de los autos chocolate, bajo el argumento del combate a la inseguridad y la contaminación.
El propio consejero jurídico del Poder Ejecutivo federal, Julio Scherer Ibarra, interpuso el 24 de junio de 2020 una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para invalidar 17 de los 30 artículos que conforman la Ley que creó el Invec y el censo vehicular, que en un inicio contemplaba otorgar un engomado que sería colocado en el vehículo, pero al final solo quedó en un recibo de pago emitido por Recaudación de Rentas por los mil pesos del trámite.
Luego de once meses, no hay fecha para que el pleno de la SCJN discuta la controversia constitucional, pero según el secretario de Economía Sustentable y Turismo, Mario Escobedo Carignan, el censo de autos irregulares es diferente y “no tiene nada qué ver” con el programa de regularización anunciado por el Presidente de México, Andrés López Obrador, el domingo 27 de junio, como parte de su séptima gira por Baja California.
No obstante, según el funcionario local, la información del Invec podrá utilizarse para contactar a los dueños de los autos chocolate para el programa de regularización, ya que la administración estatal sigue promoviendo el censo del Instituto y aquellas personas que registraron su vehículo ilegal, ante el miedo de que fuera decomisado, deberán sufragar dos pagos en menos de un año por hasta 6 mil pesos, con todo y la promesa de López Obrador de que “no se va a pagar mucho” por el costo de la regularización, ya que aquellos que disponen de estos vehículos, son personas “humildes”, a quienes “no les alcanza” para comprar uno nuevo.
VERIFICARÁN AUTOS IRREGULARES
Hoy viernes 2 de julio, Mario Escobedo Carignan se reunirá en la Capital del país con Eduardo Bonilla Magaña, director del Registro Público Vehicular, entre otros funcionarios de diversas dependencias federales, para retomar los trabajos y llevar a cabo el programa de regularización de vehículos de procedencia extranjera que se encuentran de forma irregular en BC.
La apuesta es que a “la brevedad posible” -en el mes en curso o agosto- se emita un decreto presidencial que permita la regularización de 500 mil vehículos que ya se encuentran en la entidad, en lo que será un programa piloto.
“Los vehículos que entren al programa van a tener placas fronterizas y podrán circular en la franja fronteriza, pero no internarse al interior del país”, aclaró Escobedo, al no estar nacionalizados.
A decir del funcionario, eso deja fuera a aquellos que quisieran especular apegándose a un programa para introducir vehículos que serían vendidos al interior del país.
Se espera que en próximos días, el gobierno estatal y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) definan los requisitos para acceder al programa de regularización. Aunque todavía no se sabe qué modelos o años serán sujetos, Escobedo Carignan previó que quedarán fuera unidades que no hayan sido fabricadas en Norteamérica, así como autos de lujo y deportivos.
La propuesta del gobierno estatal es otorgar un plazo para que los autos chocolate sujetos al programa se sometan a una verificación, una vez que dentro de quince días sea presentado el Programa de Verificación Ambiental, de modo que “no sea una condicionante emitir un certificado de emisiones dentro de la Norma para poderlos importar, pero sí darles un plazo para que estos vehículos pudieran cumplir con la Norma y ser verificados”, para que efectivamente sean importados.
En cuanto a la aseveración de López Obrador respecto a que la regularización “no va a costar mucho” y se va a “pagar muy poco”, el secretario estatal dijo que la propuesta de la administración de Bonilla Valdez es que el trámite cueste entre 10 y 15% del valor de la importación -entre 4 mil y 5 mil pesos-, lo cual es superior a la cantidad señalada (3 mil 600 pesos) por el funcionario en agosto de 2020.
“La propuesta que hizo el Gobierno del Estado fue un precio fijo para evitar cuestiones de corruptela, de estar dando dinero para subvaluar vehículos y comprar facturas y esas cosas, tenemos que es una forma mucho más transparente de hacerlo. En aquel entonces dependía del SAT federal, hoy dependerá, si así lo acordamos, con las autoridades a nivel central del gobierno de Baja California”, expuso a ZETA Mario Escobedo Carignan.
El domingo 28 de junio, el Presidente López Obrador anunció que próximamente habrá una regularización, y el dinero recaudado -que podría ascender a 3 mil millones de pesos- se etiquetará para obras de salud, educación, agua y vivienda en BC, pero aún se desconoce a qué proyectos en específico se destinarían.
“EXAGERACIÓN” HABLAR DE 500 MIL VEHICULOS CHOCOLATE
El anuncio presidencial fue considerado una “desafortunada decisión” por Guillermo Rosales Zárate, director adjunto de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), quien lamenta que se regularice el contrabando automotriz, ya que abonará a la problemática.
Observó que la medida presidencial tiene un componente político-electoral de cara a los comicios de 2024, y que el cálculo de las autoridades estatales de que en BC hay 500 mil vehículos en condición irregular es una “exageración”, pues si bien se desconoce con precisión la “cifra negra” de contrabando, la AMDA contempla cerca de 200 mil unidades de ese tipo.
“Puede ser probable llegar a ese número que anticipa el gobernador Bonilla en función no de las que ya se encuentran actualmente, sino de la entrada masiva que veremos en los próximos días de vehículos chatarra procedentes de Estados Unidos con destino a Baja California”, advirtió Rosales Zárate.
Situación que generará una saturación en el mercado de vehículos y una devaluación de entre 20 y 25% de los automóviles, en perjuicio del patrimonio de quienes hacen un esfuerzo por adquirir unidades nacionales. “Se hará más difícil que la gente que está interesada en vender su vehículo pueda hacerlo o tenga que venderlo a un precio menor”, aseveró.
De igual forma, será más difícil la recuperación del sector, que tuvo una caída del 21% en sus ventas y de casi 7% en su plantilla laboral en 2020, debido a la pandemia por el virus SARS CoV-2, y estimó, será hasta finales de 2023 cuando se vuelvan a alcanzar los niveles de ventas similares a los que se tenían previo a la pandemia.
Amén de recordar que el sector automotriz da empleo directo a un millón de personas en México, para el director adjunto de la AMDA es inaceptable que bajo el “argumento o pretexto” de favorecer a los más pobres, el país se inunde de “basura automotriz”, con lo que empeorará la movilidad y contaminación ambiental, sobre todo en las zonas fronterizas, debido a que se planea imponer requisitos más fáciles para introducir esos vehículos, a costa de los controles que aseguran que los vehículos que se importan legalmente sean unidades que no cuenten con una condición de pérdida total, no sean robados y cumplan con los límites de emisiones contaminantes.
La importación de vehículos usados es factible conforme al decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 2020, el cual modificó y prorrogó aquel que regula la importación definitiva de vehículos usados. Documento que en uno de sus considerandos, hace eco de la jurisprudencia emitida por la SCJN en cuanto a que el Estado mexicano no puede permitir que se generen condiciones de desigualdad entre quienes hacen correctamente sus contribuciones y quienes no, por lo cual “a todas luces resulta muy contradictorio este anuncio, y por todo ello es que consideramos que existe el espacio suficiente para que el Presidente reconsidere y no se lleve a cabo la regularización”, anotó Guillermo Rosales Zárate.
La AMDA solicitó una audiencia con el Presidente López Obrador, a la par de que busca a los secretarios de Economía y Hacienda, Tatiana Clouthier y Arturo Herrera, para esgrimir sus argumentos en contra de la regularización de autos irregulares, con base en la experiencia que han dejado 19 procesos de regularización entre los años 1979 y 2011.
La idea es “hacerle ver al Presidente el daño que se estaría causando”, a fin de que reconsidere la medida. No obstante, el empresario reconoce que la solicitud no ha sido confirmada o aceptada.
En cuanto al aumento de autos chocolate que conllevaría la regularización avalada por AMLO, el secretario de Economía Sustentable y Turismo, Mario Escobedo Carignan, rechazó que vaya a darse, toda vez que uno de los compromisos del gobierno estatal es que se cumplirá el Anexo 8 con el que el Estado será vigilante de que en BC solamente circulen vehículos con estancia legal y estén registrados en el padrón de México o de Baja California.
“La idea es atacar el tema. La idea no es que sea una poda, donde en los siguientes meses o par de años -no sé cuánto vaya a durar el programa- importemos 300 mil, 400 mil vehículos y que en dos años volvamos a tener otra vez 500 mil, 800 mil vehículos (chocolate), sino se va a apretar -y hay algunas propuestas por parte del SAT a través de la General de Aduanas- para controlar el ingreso de estos vehículos a México”, argumentó el funcionario estatal.
No obstante, admitió que el Anexo 8 -firmado entre Estado y Federación desde 2016- ha sido “letra muerta”, ya que ninguna administración ha llevado a cabo campañas contra la circulación de vehículos cuya estancia no sea legal en el país.
