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El Cabildo de Tijuana no tiene la menor intención en convocar a una sesión para abordar el préstamo que el gobierno de Jaime Bonilla Valdez solicita a la ciudad por 380 millones de pesos, recurso que sería retirado de las participaciones federales para ser entregado a la administración estatal. El malicioso plan que urdieron en la administración bonillista fue que el Estado depositaría las participaciones federales, y estas serían retiradas por el Ayuntamiento para, inmediatamente, ser transferida al Estado, pero en calidad de financiamiento. En unas semanas, el gobierno de Bonilla “pagaría” lo prestado, pero no con dinero, sino con cinco obras. Y el plan del gobernador no funcionó en el Cabildo tijuanense, pues la mayoría de los regidores y la alcaldesa Karla Ruiz Macfarland no están de acuerdo en desviar el recurso del Municipio al Estado, pues aparte supondría el delito de daño patrimonial, el cual no están dispuestos a cometer para ser perseguidos por la siguiente administración e incluso inhabilitados. Así que, después de consultar a varios abogados, quienes advirtieron a los ediles que incurrirían en desvío de recursos y daño patrimonial, estos decidieron que no convocarán a sesión para ese tema.